No más de diez minutos duró la audiencia de clausura del juicio por la Masacre de Trelew que se desarrolló ayer a la mañana en la ciudad de Rawson, en Chubut. Ese tiempo bastó para que algunos de los acusados clamaran escuetamente su inocencia y el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia fijara oficialmente el lunes próximo, a las 13, como el momento en que dará a conocer su veredicto sobre el fusilamiento de 19 jóvenes presos políticos en la Base Almirante Zar, en la madrugada del 22 de agosto de 1972.

La sala del cine teatro José Hernández de Rawson, donde se llevó a cabo el juicio histórico desde su comienzo en mayo, volvió a recibir ayer a parte del público que la abarrotó durante las primeras audiencias del proceso. Las expectativas puestas en el futuro que la Justicia deparará a los acusados, los marinos retirados Luis Sosa, Emilio Del Real, Rubén Paccagnini y Jorge Bautista, y el ex policía Carlos Marandino, atrajeron a familiares de las víctimas y militantes de derechos humanos hacia el mismo reclamo que sostuvieron durante 40 años: justicia por los fusilados de Trelew.

Allí, por ejemplo, Hilda Bonardi de Toschi y Alicia de Bonet, compañeras de los militantes políticos fusilados en la masacre Humberto Toschi y Rubén Bonet, escucharon en silencio obligado las últimas palabras de Marandino y Bautista, los únicos acusados que hicieron uso de ese derecho. Más tarde, las dos mujeres participarían de una charla en la universidad.

Nervioso, casi entre susurros, Marandino se declaró inocente: “Yo soy inocente, Dios los bendiga, yo soy inocente”, expresó en menos de medio minuto. Bautista fue bastante más prolijo y poco más extenso. Pidió la palabra y de una hoja leyó que de acuerdo con lo que había desarrollado su abogado, su inocencia “había quedado clara respecto del caso”. “Pido que se me declare inocente”, concluyó. “Esperábamos exposiciones algo más interesantes, que no se quedaran en la cuestión de la piedad o la misericordia, sino que desafíen al juicio como lo vinieron haciendo desde su comienzo: diciendo que se trata de una jugada política. Pero no, no hubo nada de eso”, analizó el abogado Germán Kexel, de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos nacional.

“Es un momento de grandes expectativas. Todos lo sentimos igual. Estamos contentos por tener a los acusados sentados en el banquillo, y si bien aún falta la palabra final, no tenemos dudas de que son responsables de delitos de lesa humanidad”, consideró Toschi. El lunes de la sentencia, de madrugada, llegarán a Chubut más hijos, hermanos, compañeros o compañeras y nietos de las víctimas, para sumarse al grupo de familiares presente ayer y escuchar juntos la clausura de la Justicia a cuarenta años de espera.

En sus alegatos, que concluyeron en la última semana de septiembre, la Fiscalía, compuesta por los fiscales Fernando Gelvez, Horacio Arranz y Dante Vega, y las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos y de los familiares –representada por los abogados Eduardo Hualpa y las letradas del CELS Carolina Varsky y Daiana Fusca– coincidieron en solicitar prisión perpetua para Paccagnini, Del Real, Sosa y Marandino y dos años de cárcel efectiva para Bautista. Además, los tres solicitaron al tribunal que disponga la deportación del militar retirado Roberto Bravo, que vive en Estados Unidos y cuya extradición la Justicia de ese país denegó en 2008.

Bravo y los represores que enfrentarán la sentencia el próximo lunes son sospechados de fusilar en la madrugada del 22 de agosto de 1972 a Carlos Astudillo, Alfredo Kohon y María Angélica Sabelli, militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Rubén Bonet, Eduardo Capello, Mario Delfino, Alberto del Rey, Clarisa Lea Place, José Mena, Miguel Angel Polti, Ana María Villareal de Santucho, Humberto Suárez, Humberto Toschi y Jorge Ulla, del ERP, y Mariano Pujadas y Susana Lesgart, de Montoneros. Alberto Camps, María Antonia Berger y Ricardo Haidar sobrevivieron para contar la masacre, pero luego fueron víctimas de la última dictadura. Hoy Camps está muerto y sus compañeros, desaparecidos.