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Un relevamiento de la Asesoría General Tutelar (AGT) advierte que existe un grave déficit en los servicios públicos destinados a la infancia en las zonas donde el gobierno porteño prevé relocalizar a las 1824 familias que viven sobre el camino de sirga, a la vera del Riachuelo, en el marco del saneamiento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Largas listas de espera, falta de vacantes, jornadas reducidas y poco personal en los servicios educativos, sanitarios y sociales son algunas de las realidades de las comunas 8 y 9, donde ya fueron reubicadas unas 300 familias y restan mudar más de 1500.

“Garantizar el derecho a la vivienda es habilitar una ciudad con todos sus recursos”, destacó Damián Azrak, coordinador de una de las tres oficinas del Ministerio Público que se abrieron hace tres años en Mataderos, Soldati, La Boca y Barracas.

El relevamiento que realizaron esas oficinas descentralizadas de la AGT, organismo de la Justicia encargado de garantizar el acceso a la Justicia de los niños y adolescentes, revela “graves carencias en materia de acceso a los derechos de la infancia”. “Sólo en el distrito escolar 19, donde se encuentran cuatro de los cinco complejos habitacionales que recibirán a la población de la cuenca, hay un déficit de 920 vacantes en jardines de infantes, lo que representa el 24,5 por ciento del total de falta de vacantes de toda la ciudad, precisa el documento que se difundirá hoy, en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema.

Azrak explicó que la decisión del gobierno porteño de mudar a las primeras 300 familias a complejos habitacionales de la comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati) y de la comuna 9 (Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda) ya generó un fuerte impacto. “La falta de planificación del gobierno porteño para ejecutar el fallo de la Corte, que ordenó relocalizar a 1824 familias en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con que las zonas elegidas para esa reubicación son las que ya venían con un déficit estructural”, señaló.