[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Martha Rosenberg *

Nuevamente los sectores más recalcitrantes de la Iglesia Católica argentina se erigen en árbitros de la vida de toda la población. Pretenden imponer por vía de la jueza federal Cristina Garzón de Lazcano, adicta a la corporación eclesiástica, lo que la sociedad ha rechazado ya por la vía legislativa, al votar la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que el Ministerio de Salud intenta implementar en cumplimiento de sus funciones de protección de la salud pública.
En este intento de privar del beneficio de la tecnología científica a la población en edad reproductiva y en especial a las mujeres, es probable que la torpeza política de los fundamentalistas sea el factor más eficaz de su fracaso. Su desprecio por las necesidades y la opinión de aquellos que dicen amparar aparece con impactante claridad. Embisten contra un derecho adquirido que la recientemente aprobada Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable no hace más que extender a quienes por su vulnerabilidad no pueden ejercerlo: mujeres pobres, adolescentes, excluidas y excluidos de la educación.
La jueza y el sacerdote Fernando Altamira, titular de la Fundación 25 de Marzo, parecen ignorar que son las y los fieles de la iglesia quienes utilizan los métodos anticonceptivos para evitar embarazos de los que no pueden o no quieren hacerse cargo. El cura se enorgullece patéticamente de estar a la vanguardia de la lucha contra el aborto en un país donde, según el profesor Roberto Nicholson, se practica un millón de abortos por año, por falta de programas adecuados de planificación familiar y educación sexual.
El fundamentalismo de estos actores se traduce en una ceguera total para los intereses y las aspiraciones de las personas a quienes pretenden guiar. Cuando se arrogan una representatividad de la que carecen, intentan desesperadamente arrojar arena a los ojos de toda la sociedad, que les demuestra que la práctica de la anticoncepción es hoy un ingrediente indispensable de la cotidianeidad de millones de mujeres –católicas o no– que no piden permiso a la iglesia para regular su fecundidad. Son titulares del derecho a decidir si quieren tener hijos y cuándo, derecho que nuestra legislación les reconoce y el Estado laico debe garantizar.
* Coordinadora del Foro por los Derechos Reproductivos en Argentina.