En el último día de alegatos del juicio por Marita Verón, nuevamente un abogado defensor pidió la absolución de una de las imputadas. Esta vez fue el abogado Carlos Posse quien pidió que su defendida, Mariana Bustos, resulte absuelta, porque “se la juzga por algo que nunca ocurrió”. Pero además, tanto él como otros defensores reclamaron amargamente al tribunal por considerar que el interés que la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, demostró por el caso implica presión sobre el Poder Judicial. Por su parte, el tribunal comunicó que para conocer su veredicto sobre el caso pasará una semana más de lo previsto. El martes de la semana próxima, los trece imputados tendrán la oportunidad de decir sus últimas palabras ante los jueces. Los primeros días de diciembre, en fecha aún por precisar, se conocerá el fallo.

Con el alegato del abogado Carlos Posse, se completó la ronda en la cual casi todas las defensas coincidieron en pedidos y estrategias: en doce de los trece casos, la demanda de absolución vino de la mano de cuestionamientos a los testimonios y a los testigos, especialmente cuando se trató de mujeres rescatadas de redes de trata. La única excepción fue el pedido de absolución que la defensora oficial Marta Toledo realizó en favor del ex policía Domingo Pascual Andrada. Toledo argumentó que su detención y los elementos probatorios derivados de ese procedimiento fueron cuestionables y que ningún testimonio había acreditado cabalmente que Andrada filtrara información sobre allanamientos y operativos a los dueños de prostíbulos riojanos.

En su alegato de ayer, el abogado Carlos Posse aseveró que Mariana Bustos, que dijo no conocer a Marita Verón y señaló que su marido, José “Chenga” Gómez, dejó de explotar prostíbulos a fines de los ’90, está imputada “porque es esposa de José Gómez y madre de sus hijos”. A la imputada Bustos, argumentó el abogado Posse, “se la juzga por algo que nunca ocurrió”. Refería, así, a la participación de su defendida en el ocultamiento de Marita Verón en prostíbulos de Tucumán y La Rioja. Sin embargo, semanas atrás, al realizar su alegato, la fiscalía había considerado suficientemente acreditado que Bustos fue “partícipe secundaria” en el secuestro y ocultamiento de Marita, y su posterior explotación sexual, y por ello pidió para ella una pena de 12 años de prisión.

El defensor Posse también retomó otra línea argumental esgrimida previamente tanto por la querella como por las defensas: señaló que el fallo por venir será histórico en Argentina. “Este fallo va a sentar precedente, pero no sólo por estos trece imputados, sino por la legitimidad del Poder Judicial de Tucumán”, advirtió el abogado, que en realidad apuntó a sembrar sospechas y dudas sobre la independencia de los jueces de la Sala II de la Cámara en lo Penal luego de que, la semana pasada, la ministra de Seguridad Nilda Garré demostrara interés por la sentencia. En opinión de Posse, el proceso está “manipulado”. “Habrá un antes y un después de este juicio. Lo que estará en juego es la independencia del Poder Judicial”.

Poco antes, al momento de réplicas y contrarréplicas, también el defensor de los hermanos María Jesús y Víctor Rivero –considerados autores intelectual y material, respectivamente, por la fiscalía, que pidió para ellos 25 años de prisión–, Cergio Morfil, había planteado su inquietud por la visita que la ministra Garré hizo la semana pasada a la Fundación María de los Angeles, donde se encontró con Susana Trimarco. Ese día, Garré declaró que esperaba una “sentencia ejemplar” por parte del tribunal. Para Morfil, a los imputados “les genera intranquilidad que la ministra venga a decir eso”. “No quiero un fallo favorable si las pruebas no lo son, quiero un fallo justo e independiente. No les pido a los jueces que sean buenitos, sino que si hay una condena, sea en base a las pruebas”, dijo. Semanas atrás, durante los alegatos, había basado su estrategia defensiva en cuestionar los pedidos de la querella y la fiscalía porque, consideró, no se sustentaban en pruebas materiales sino en testimonios.