Si el techo del taller del Hospital Borda demolido el viernes último tenía asbesto –una sustancia cancerígena–, ¿qué recaudos se tomaron para no se difuminara en el aire en ocasión de la demolición? La pregunta forma parte de una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en la que su titular, Alicia Pierini, le reclama al gobierno la lista del personal policial que intervino en el operativo y le pide al ministro de Seguridad que “se abstenga en lo sucesivo de ordenar operativos con presencia policial”, en el Borda o en lugares donde los pacientes tengan libre acceso.

De acuerdo con la resolución de la Defensoría, que tiene fecha del 30 de abril pero se difundió ayer, la Policía Metropolitana hizo “un uso irracional y desproporcionado de la fuerza en la represión en el predio del Borda”. En el escrito, Pierini llegó a la conclusión de que “nada puede justificar semejante accionar policial, que configura un caso de evidente gravedad institucional”.

La presencia de asbesto en las chapas de fibrocemento que cubrían el galpón donde funcionaba el Taller Protegido Nº 19 fue uno de los motivos esgrimidos por la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, para justificar el operativo, cuando el polvillo de la demolición y el olor de los gases todavía daban vueltas por el aire del Borda. La funcionaria no dio cuenta de los recaudos que se tomaron para la remoción de las chapas, pero quienes presenciaron el operativo no vieron ningún procedimiento distinto del uso de una topadora, que en menos de dos horas terminó con el edificio.

El asbesto, también llamado amianto, es una sustancia peligrosa prohibida por sus efectos nocivos en la salud. Se utilizó para la fabricación de chapas de fibrocemento y tanques de agua, pero fue prohibido a partir de 2003, por una resolución del Ministerio de Salud. Sus efectos más conocidos son la asbestosis y cáncer de pulmón.

Numerosos edificios están construidos con asbesto, entre ellos, la sede de la Agencia Gubernamental de Control porteña, en Perón al 2900 (ver Página/12 del 10/11/2010), y no por eso fueron demolidos. El INTI recomienda la remoción total del material y su reemplazo, que debe ser efectuado por “una empresa especializada y autorizada por el organismo competente”, la que debe presentar previamente “un plan de retirada” que considere, entre otros puntos, “medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de asbesto”. También deben adoptarse recaudos para su transporte y disposición final.

Otro antecedente en la ciudad es el de los techos de las 614 viviendas del barrio Illia, ubicado en Riestra y Bonorino. Allí, la remoción de chapas fue frenada por orden judicial hasta que se adoptaron las técnicas de seguridad recomendadas.

En cuanto a la represión policial, Pierini advierte en su resolución que el operativo fue dispuesto de madrugada, sin adoptar medidas de resguardo en favor de los pacientes. El propio director del hospital, puntualiza, “informó (a personal de la Defensoría) que ni siquiera se le había informado de la existencia del operativo, que tomó conocimiento del mismo cuando los efectivos se encontraban dentro del predio y que no fue registrado su ingreso, por lo que cree que fue efectuado violentando el candado dispuesto en el portón de acceso”.

“Resulta inaceptable que agresiones provocadas por un grupo reducido de personas provoque semejante reacción policial, con un uso indiscriminado, irracional y desproporcionado de la fuerza”, subraya el informe. En efecto, advirtió que la represión alcanzó a pacientes, uno de los cuales registró 21 lesiones producidas por el impacto de balines de goma.

En el mismo sentido, compara la actuación en el Borda con la registrada en Parque Centenario: en ambas, la policía “no actuó frente a un delito, sino ante una protesta social”. Al respecto, señala que en reiteradas oportunidades ha ofrecido sus equipos de Mediación y de Abordaje de la Conflictividad Compleja para que la fuerza policial cuente con herramientas acordes con la normativa y el espíritu democrático. “Nada de ello ha sido tenido en cuenta, y en lugar del diálogo se han preferido las balas de goma”, expresó Pierini.

También advierte que el despliegue policial “se ha apartado de los principios de actuación previstos en la ley para la actuación de la fuerza pudiendo, incluso, algunas de las conductas configurar delitos de acción pública”.

En virtud de esas conclusiones, Pierini le pide al ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, que “inicie sin dilación un procedimiento destinado a esclarecer los hechos y evaluar el desempeño de los efectivos” de la Metropolitana y solicita que “remita a la Defensoría la nómina del personal interviniente en el operativo policial” del viernes 26, a fin de proporcionar los datos a la Justicia penal.