La localidad cordobesa de San Esteban, a siete kilómetros de Capilla del Monte, está convulsionada por la muerte, en una comisaría, de Jorge Reyna, un joven de 17 años que había sido detenido en la madrugada del sábado, imputado por un supuesto robo. El chico, según la policía, apareció muerto en su celda porque “se ahorcó con una campera” deportiva que llevaba consigo. La madre del joven, Olga Tallapietra, denunció que el cuerpo de su hijo “tenía moretones en la cara y en los brazos, y también tenía lastimados los labios, la oreja y el ojo izquierdo”. Por ese motivo, la mujer dijo que tiene la convicción de que Jorge “no se ahorcó”, sino que “fue asesinado por la policía”. La abogada Liliana Fontán, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que asiste a la familia, dijo que esperan los resultados de la autopsia para determinar en forma fehaciente lo que sucedió. La Justicia, en principio, caratuló la causa como “muerte de etiología dudosa” y fueron separados de sus funciones, sin acusación alguna por ahora, los tres policías que estaban de guardia el sábado, día en el que se produjo el fallecimiento de Reyna.

En la noche del domingo, una manifestación de la que participaron cerca de 200 personas, arrojó piedras contra la sede policial de Capilla del Monte, ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital provincial, donde murió el chico. Luego provocaron destrozos en la municipalidad local, en la sucursal del Banco de Córdoba y a lo largo de la Diagonal Buenos Aires, una calle que tiene la característica de tener techo desde el año 1964, cuando se la utilizó para albergar una muestra de fotografía.

El intendente local, el radical Gustavo Sez, trató de dialogar con los manifestantes, pero fue increpado por varias personas que lo acusaron de “ser cómplice” de la muerte de Reyna. Tuvo que retirarse del lugar escoltado por agentes de la policía que, poco después, hicieron disparos al aire para dispersar a las personas que se estaban manifestando.

Sobre las razones de la detención de Reyna, fuentes policiales señalaron que había cometido un robo, pero mientras unos dicen que la víctima fue un turista, otros aseguran que se trató de “un asalto a un supermercado”. La abogada Fontán dijo que en la causa se presentaron, como testigos, cuatro jóvenes que aseguraron que la policía “los obligaba a robar para ellos y los amenazaba” en forma permanente. Otras personas que estaban detenidas en la misma seccional aseguraron que a Reyna “lo bajaron tirándole el pelo, que lo entraron a las patadas” y que lo llevaron a una celda que está cerca del patio de la sede policial y que queda sobre la medianera que da a un geriátrico vecino. La familia recibió información al respecto, pero ahora “se busca a los testigos, porque hay mucho miedo”, dijo Fontán. Las primeras actuaciones, durante el fin de semana, estuvieron a cargo del fiscal subrogante Martín Bertone, que ayer le pasó el expediente a la fiscal titular, María Alejandra Hillman. La fiscal tomó ayer varias resoluciones, explicaron fuentes judiciales a Página/12: “Pidió el legajo de Reyna en un instituto de menores en el que estuvo hasta mayo de este año; abrió una causa por daños por los destrozos ocurridos durante la manifestación del domingo; resolvió investigar a todo el personal policial, desde el jefe hasta el último agente, y no sólo a los que estaban de guardia, a la vez que recibió al menos tres denuncias contra el personal policial, por la intervención en supuestos ilícitos”.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron el porqué de la violencia de la manifestación del domingo: “En toda la zona hay mucha bronca por las denuncias que se están investigando por la participación de policías provinciales en el tráfico de drogas. La preocupación se debe a que Capilla del Monte está sobre la ruta 38, a la que muchos llaman ‘la ruta de la cocaína’”.

En la noche del domingo, el fiscal subrogante Martín Bertone se reunió con una hermana de Jorge Reyna, con el concejal Omar Grillo, del Partido Solidario, y con la abogada Fontán. “Se comprometió a garantizar que se haga la autopsia”, señaló Fontán. La causa fue tomada ahora por la fiscal titular María Alejandra Hillman, de larga experiencia en la función.

“A la madre le dijeron que Jorge se ahorcó con un buzo, pero la madre cree que lo mataron”, insistió Fontán. Según la familia, los policías le habían recomendado a la madre que velara el cuerpo “a cajón cerrado”, pero ella “logró que los responsables de la funeraria (propiedad de la familia del intendente local) abrieran el féretro y ella asegura que al chico lo habían golpeado”, explicó la abogada de la APDH. El chico estuvo hasta mayo en un instituto de menores y la Justicia había nombrado como familia sustituta a los abuelos de Jorge.

Aunque vivía con ellos, mantenía contacto con su madre, quien aseguró que su hijo le había comentado que “los policías lo amenazaban para obligarlo a robar para ellos, pero él se negaba a hacerlo, por eso lo perseguían”. La abogada de la APDH sostuvo que son lógicas las sospechas de la madre respecto de la actuación policial.

“Es sospechoso que los propios policías que estaban de guardia hayan sido los que bajaron el cuerpo que, según ellos, estaba colgado de un buzo; lo lógico era que esperaran a que llegara la Policía Judicial, sin modificar la escena del hecho”, explicó Fontán. “Además de los golpes que tenía en el rostro y en el cuerpo, no hay marcas de ahorcamiento en el cuello”, sostuvo Olga Tallapietra, la madre de Jorge. Además de las contradicciones sobre si robó a un turista o a un supermercado, “la policía dice que lo detuvieron a las 6.30 del sábado, pero mi hijo estuvo a las 10 en la casa de sus abuelos”.

Según la abogada de la APDH, “los informes sobre el chico, que tenía que presentarse ante los jueces de menores en forma periódica, decían que andaba bien, que estaba trabajando y que todo era normal”. En ese punto, la madre de Jorge Reyna insistió en que su hijo “era amenazado por la policía, que lo quería obligar a robar para ellos o a distribuir droga”. Tallapietra sostuvo que el miércoles pasado “Jorge me contó que lo paraban, que lo amenazaban, que querían obligarlo a ‘chorear’ para la policía; a un sobrino mío le hacían lo mismo”.

En los portales de Internet del Valle de Punilla, donde está Capilla del Monte, se habla de existencia de una especie de “oscuridad mafiosa para amparar el negocio del narcotráfico en manos de la policía”. Por eso, los vecinos reclaman que se descabece a toda la cúpula policial de la comisaría involucrada en la muerte de Jorge Reyna. Pasaron a disponibilidad a tres agentes, pero sigue la cúpula, encabezada por el comisario Juan Castro. Los vecinos piden su renuncia.