La Suprema Corte bonaerense ordenó reabrir la causa en la que se investiga la llamada Masacre de Wilde, en la que cuatro personas fueron acribilladas por la Policía Bonaerense, en enero de 1994. El máximo tribunal de la provincia revocó así los sobreseimientos dictados a favor de dos de los imputados y frenó el cierre de la causa, al entender que se trató de “una grave violación de los derechos humanos”, que debe ser investigada.

El fallo, que se dio a conocer ayer, tiene las firmas de los jueces Héctor Negri, Daniel Fernando Soria, Juan Carlos Hitters e Hilda Kogan. De esta manera, la Corte dejó sin efecto los sobreseimientos del ex suboficial Pablo Dudek y el ex oficial Julio Gatto, ambos señalados como los coautores del asesinato del librero Edgardo Cicutín, una de las cuatro víctimas.

El 10 de enero de 1994, a las tres de la tarde, doce efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús salieron en busca de un Peugeot 505 y un Dodge 1500 amarillo, en donde, decían, viajaba un grupo de delincuentes. Los agentes, vestidos de civil y a bordo de cinco autos particulares, interceptaron, en primera instancia, al Peugeot y dispararon más de 200 tiros contra sus ocupantes: el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Héctor Bielsa y Gustavo Mendoza. Los tres fallecieron en el acto. El Dodge escapó, pero la policía fue en su busca y se encontró con un auto de similares características, en donde viajaban los vendedores de libros Edgardo Cicutín y Claudio Díaz. Cicutín recibió siete disparos, mientras que Díaz se salvó de milagro. La policía explicó después que se trató de un error: buscaban a los ocupantes de otro Dodge, en donde viajaban tres hombres que fueron detenidos minutos después.

Los policías acusados por las muertes de Corbo, Bielsa y Mendoza –los tres que viajaban en el Peugeot– fueron el comisario César Córdoba; el subcomisario Roberto Mantel; los oficiales Hugo Reyes, Marcelo Valenga, Raúl Lohidoy, Eduardo Gómez; Julio Gatto, y los suboficiales Marciano González, Osvaldo Lorenzón, Carlos Saladino y Pablo Dudek. Por el homicidio de Cicutín fueron acusados sólo los efectivos Dudek y Gatto, a quienes ahora la Corte les revocó el sobreseimiento definitivo. El suboficial Marcos Rodríguez, por su parte, otro de los señalados por la Justicia, se escapó, al día siguiente de la masacre, caminando, desde la seccional donde estaba detenido y hasta hoy nada se sabe de él. Su foto y su nombre no aparecieron en el listado de los “delincuentes más buscados” de la provincia, por los que se ofrecía recompensa, difundido por el Ministerio de Seguridad y Justicia bonaerense.

En un primer momento, la policía dijo que se trató de “un enfrentamiento armado”, aunque las pericias balísticas realizadas por la Gendarmería revelaron que las víctimas no llevaban pistolas y que dos de los fusilados fueron rematados fuera de los vehículos. Además, los efectivos argumentaron que seguían a Mendoza y Bielsa porque eran integrantes de una organización dedicada al robo de entidades bancarias.

El 6 de febrero de 1994, los once policías fueron detenidos y procesados por la jueza en lo Penal de Lomas de Zamora, Silvina González. A su vez, la magistrada dictó el procesamiento para el prófugo Rodríguez. La magistrada estableció que no existió enfrentamiento y que sólo los efectivos abrieron fuego.

Pero más tarde la causa cambió de juzgado y fueron liberados y sobreseídos los implicados, en una resolución firmada por el juez de Instrucción Emilio Villamayor. El 23 de noviembre de 1994, la Sala I de la Cámara Penal de Lomas de Zamora ratificó esa decisión. En junio de 1995, finalmente, Villamayor, a instancias del tribunal superior, ordenó archivar la causa.

Ante el sobreseimiento definitivo de Gatto y Dudek, los familiares de Cicutín apelaron con recursos extraordinarios de “inaplicabilidad de ley” y de inconstitucionalidad. “Se trata de un cuádruple homicidio agravado, un caso de ejecución extralegal múltiple, constitutivo de grave violación de los derechos humanos. También un delito de lesa humanidad, y luego de privación de justicia ejercida por funcionarios y organismos oficiales mediante la implementación de un mecanismo de desnaturalización del proceso de investigación y ocultamiento de pruebas, irregularidades sobre las cuales después se dispuso el cierre definitivo de la investigación por vía de sobreseimiento”, sostuvieron los familiares de Cicutín en su apelación.

Ahora, el máximo tribunal bonaerense hizo lugar al planteo para evitar que se concrete el cierre de la causa y el sobreseimiento definitivo de dos de los implicados en el homicidio de Cicutín.

Para la Corte bonaerense, “se impone extremar la diligencia judicial en procura de la identificación y sanción de sus responsables”.

De acuerdo con los criterios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a la obligación estatal de investigar, la Corte provincial ordenó que “se lleven a cabo las comprobaciones necesarias para procurar la identificación y sanción de los responsables del hecho”.