Tres de los querellantes que denunciaron penalmente al portal Taringa! por violación de la Ley de Propiedad Intelectual de-sistieron de la presentación que habían radicado en 2009, cuando acusaron a los responsables de la web de intercambios entre usuarios porque allí se publicaban enlaces de descarga a sus obras. Los denunciantes Edgardo Donna, Mosset Iturraste y Francisco Ferrer, tratadistas y autores de obras jurídicas reconocidas, llegaron a un acuerdo extrajudicial con los responsables del sitio web, Alberto Nakayama y los hermanos Hernán y Matías Botbol. “Lo más importante del acuerdo es que, en cierta medida, ese grupo de personas estaba buscando un canal, una forma, un medio para que cuando un contenido no autorizado está circulando por Internet, ellos tuvieran una forma de denunciarlo. El acuerdo es que nosotros les brindamos la posibilidad de denunciar y sacar de circulación ese material muy rápido”, explicó Hernán Botbol en diálogo con Página/12. La causa judicial, de todos modos, continúa, porque los demás querellantes (seis editoriales) no desistieron. El juicio, que fue elevado a instancia oral hace meses, podría realizar su primera audiencia pública a mediados de 2014, según estimó Botbol, quien insistió en que él y sus socios quieren continuar con el proceso para explicar sus argumentos en sede judicial.

El cambio de idea de los tres querellantes operó luego de cuatro años de presentada la demanda. Entre entonces y ahora, evaluó Botbol, se transformó la perspectiva de quienes veían en Internet un medio amenazante al que era preciso combatir. Durante ese tiempo, los responsables del sitio buscaron conciliar y acercar posiciones, e incluso buscaron modificar el perfil de Taringa!, que era “percibido como un sitio de descargas ilegales y nada más”, señaló Botbol. La decisión de desistir de la acusación “es el tipo de cosas que ayuda a demostrar que el camino es el diálogo, pero que también, por otro lado, lo que estamos diciendo prácticamente a los gritos es que necesitamos que el Estado nos ayude a quienes participamos en la industria de Internet, y que se empiecen a debatir las reglas de juego. No tenemos un marco legal actualizado”, agregó.

La denuncia había sido presentada en 2009, cuando un grupo de autores y editoriales demandaron penalmente a los responsables de Taringa! porque usuarios de la web compartían enlaces de descarga de sus obras en el sitio. El contenido denunciado fue dado de baja, y desde entonces, a la par de que la causa continuaba su camino judicial (en octubre de 2011 fueron procesados los responsables de Taringa!; en septiembre de 2012 se realizó la elevación a juicio oral), las negociaciones entre la plataforma y distintos sectores de la industria cultural se volvieron más fluidas. Aunque tres querellantes desistieron, seis –en todos los casos editoriales– continúan con sus acciones: La Ley, Rubinzal y Asociados, Ediciones de la Flor SRL, Ediciones La Rocca SRL, Editorial Universidad SRL y Gradi SA (la editorial de Red Users).

Hernán Botbol señaló que “en estos cuatro años la sociedad en general empezó a tener más conocimiento de cómo funciona Internet. Y además, en la Argentina en particular no hay reglamentación específica sobre responsabilidades de los sitios web, los intermediarios, el proceder. Acá todas las empresas de Internet nos estamos basando en la ley de Estados Unidos, que se usa como parámetro casi universal, y es el camino. Pero necesitamos una ley local”. La tramitación de la causa hasta el momento tuvo, además, impacto en el sitio. Botbol señaló que “si bien hace unos años se consideraba a Taringa! como sitio de piratería, o que promovía descargas no autorizadas de contenidos, la verdad es que hoy menos del 3 por ciento del tráfico del sitio está relacionado con descargas”.

Botbol recordó que Taringa! es sólo una de las empresas de Internet que ha tenido “problemas legales” en los últimos años en la Argentina. “A YouTube se le había hecho una denuncia penal hace un tiempo, y hace poco un juez dijo que compartir una película en la web no era un delito penal. Los buscadores acá también sufren los mismos problemas, porque no hay legislación local sobre la responsabilidad de los intermediarios”, insistió. “Supongamos que alguien publica en Taringa! que sufrió una estafa por parte de un comercio. Y pone el nombre, cuenta su experiencia, hace uso de su derecho a la libertad de expresión. Y que esa empresa nos hace una denuncia y tenemos que bajar un contenido. No hay ninguna ley que diga si está bien o no que lo dejemos o lo bajemos. Obviamente vamos a favorecer la libertad de expresión, pero no tenemos ley para orientarnos. Y tampoco tenemos garantía de que no se nos pueda iniciar una demanda a nosotros por no bajar el contenido. Todo se deja librado a la capacidad de defensa que tiene la empresa. Presentar esa demanda a una multinacional con diez abogados no es lo mismo que a un blogger o a una empresa pequeña.”