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“La denuncia se basa en nuestra sospecha de que representantes de distintos laboratorios importantes del país ejercen presión sobre el Gobierno para justificar aumentos indebidos en los precios de los medicamentos.” Las palabras pertenecen al senador bonaerense Eduardo Sigal, quien, junto a la senadora Susana Moledo y los diputados Cristina Suárez y Horacio Piamonte, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Complejas por la cual se requiere a la Justicia penal bonaerense que investigue “si efectivamente existe un accionar oligopólico por parte de grandes laboratorios que el Estado no controla”.
“Lo que nosotros vemos es una pulseada entre los grandes grupos económicos que representan algunos de los laboratorios y un gobierno débil, que termina cediendo ante las presiones y el lobby que aquellos ejercen”, comentó Sigal a Página/12. En la denuncia, titulada “Delito de fraude al comercio e industria de medicamentos”, los legisladores hacen hincapié respecto de dos cuestiones “urgentes”: por un lado, los continuos aumentos de precios “que excluyen a cada vez más gente del acceso a los medicamentos básicos, contradiciendo así a nuestra Constitución nacional y provincial”, y por otro, el desabastecimiento de productos “utilizado para presionar al Gobierno y conseguir un aumento de precios”, según explicó Sigal. “El ejemplo más descarnado de esto último –prosiguió Sigal– fue el desabastecimiento de insulina, que obligó al gobierno nacional a sufrir fuertes presiones sociales y a recurrir a la solidaridad internacional.”
En el texto presentado ante el juez Carlos Argüero, los legisladores informan además sobre determinados casos particulares en los que remedios de distinto origen registran aumentos injustificables de precios o diferencias abismales con el costo del genérico. “El ansiolítico Valium, en su presentación de 10 miligramos inyectable en ampollas de 5 mililitros, tiene un precio de venta de 17,33 pesos y la diferencia de porcentaje entre el valor comercial y el precio del medicamento genérico (diazepam) que vale 2,50 pesos es de 593 por ciento. Además, en este caso el insumo no se obtiene a precio dólar. Entonces, ¿por qué vale un 30 por ciento más en lo que va del año?”, se preguntan los denunciantes en el informe.
“El problema de que los médicos no receten genéricos sino marcas de remedios está muy claro para nosotros: los laboratorios no sólo hacen lobby en los pasillos parlamentarios sino también en los consultorios, logrando que, o no se puedan recetar genéricos o los médicos directamente ni piensen en hacerlo”, sostuvo Sigal, y agregó que “si no fuera así, al menos serían recetados los medicamentos más baratos que aseguren cierta calidad, pero todos sabemos que eso no pasa”. “Lo principal para nosotros es que la Justicia obligue a los laboratorios a volver a los precios anteriores a la devaluación y al Estado a controlar en forma más eficaz la formación de oligopolios y a hacer cumplir las leyes que prohíben el desabastecimiento de medicamentos y garantizan el derecho a la salud de todas las personas”, concluyeron los legisladores.