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El hijo de José Ignacio López, ex vocero del presidente Raúl Alfonsín, será indagado hoy por el homicidio de Jimena Hernández, la chica que apareció sin vida hace 15 años dentro de la pileta del Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, de Caballito. La versión de la participación del hijo de un funcionario radical en el crimen sobrevoló el expediente desde un principio, pero nunca fue incluido en la causa hasta ahora. Según el ex vocero, esa versión fue lanzada “por sectores carapintadas como parte de una campaña de acción psicológica para desestabilizar al gobierno de Alfonsín y encontraron campo fértil en la madre de la chica”. En diálogo con Página/12, José Ignacio López aseguró que su hijo “nunca tuvo ninguna relación con ese colegio, ni siquiera pasó alguna vez frente a su puerta, ni era seminarista ni profesor de gimnasia como se dijo”.
La causa estuvo a punto de prescribir el 12 de julio de 2000 –al cumplirse 12 años de la muerte–, sin que hubiera ningún procesado. Seis personas estuvieron imputadas, pero todas fueron sobreseídas: Oscar Bianchi –sindicado inicialmente como autor material–, los guardavidas Hernán Fusco, Gerardo Paradela, Mario Alvarez y Miriam Squaglia y el ex director del colegio, Jorge Sobrino. Finalmente, los padres de la nena, Norma Monfardini y Jorge Hernández, consiguieron que la causa siguiera abierta. Según la madre, la chica formó parte de un rito satánico; según el padre, la asesinaron porque había visto droga en el colegio. Las pericias concluyeron que murió por “asfixia por sofocación”.
La citación de Pablo López, licenciado en Sistemas, de 37 años, surgió a partir de la declaración de un testigo de identidad reservada ante el juez Mauricio Zamudio, que adujo que éste se fue de la Capital Federal apenas unos días después del homicidio y estuvo escondido en el Obispado de Añatuya, en Santiago del Estero. “Es una infamia”, respondió ayer López padre. Incluso, aclaró que su hijo le inició una querella por “calumnias e injurias” a la madre de Jimena, pero el juez Fernando Pigni “después de realizarle pericias psiquiátricas, en abril de 2002, determinó que la mujer no estaba en condiciones de afrontar un juicio de esas características”.