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“Disparen sobre el motorman”, debería ser el título de la audiencia de ayer en el juicio oral por la tragedia del tren del ex ferrocarril Sarmiento que se estrelló contra el paragolpes de la terminal de Once, provocando 51 muertes y más de 700 personas heridas. Tres ex directivos de TBA que figuran entre los 29 imputados rechazaron los cargos y le apuntaron al maquinista Marcos Córdoba. El presidente de TBA en el momento de la tragedia, Carlo Ferrari, dijo ante los jueces: “No me consta ni tengo conocimiento de que se haya incurrido en ninguno de esos malos usos”, en respuesta a los cargos que se le hacen por el “uso indebido para beneficio propio” de los bienes y el material rodante de la empresa. El ex titular de TBA criticó al juez federal Claudio Bonadio, quien hizo la instrucción de la causa, porque “nunca tuvo en cuenta” las explicaciones que dio en las cuatro ocasiones en las que fue indagado.

Ferrari fue ayer el último de los acusados que prestaron declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal Nº 2. Se limitó a realizar una breve exposición y se negó a responder preguntas. Antes, el abogado Sergio Tempone, ex gerente de Operaciones y Siniestros de TBA, también le echó la responsabilidad a Córdoba: “Algo le pasó al conductor, algo que por ahí ni él mismo pudo saber. El accidente se produjo porque no se aplicaron los frenos de la formación y todos los médicos han hecho menciones e hipótesis de lo que pudo haberle pasado; sería prudente ahondar en eso”.

Tempone negó haber participado “ni directa ni indirectamente del accidente ni de ningún tema relacionado con la administración de fondos de la compañía”. Al mismo tiempo, rechazó “enfáticamente” haber realizado un uso personal de los recursos porque “carecía de facultades” para hacerlo.

“No he hecho nada reprochable ni he dejado de hacer nada que debía haber hecho en relación con el accidente”, concluyó.

Tanto Tempone como el ex director Administrativo y de Finanzas de TBA Daniel Rubio fueron dos de los directivos que estuvieron detenidos por orden del juez Bonadio, quien los acusó de “obstruir” la investigación, supuestamente por haber ocultado documentación, aunque con posterioridad se les otorgó la excarcelación. Rubio también aceptó hablar ayer, pero al igual que todos los imputados hasta ahora, no respondió preguntas.

Rubio rechazó los cargos: “De ninguna manera realicé utilizaciones propias de fondos de la empresa. Los fondos del Estado fueron transferidos con normas y resoluciones perfectamente suscriptas a cargo del contrato de concesión y fueron transferidos a las personas jurídicas, no a mi persona”. Sostuvo que le resulta difícil “entender y comprender cómo desde mi función de contador y desde las tareas administrativas se me impute un accidente de tren”.

El tribunal llamó también a los procesados Antonio Suárez, Carlos Pont Vergez y Francisco Pafuni, quienes se negaron a declarar. Los jueces ordenaron leer las declaraciones prestadas por ellos en la instrucción de la causa, en las cuales habían insistido en afirmar que fue correcto el funcionamiento de los trenes y que el accidente se debió a una “falla humana” del motorman.

De ahora en más, por decisión de los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez, el juicio será televisado en directo a través del Centro de Información Judicial (CIJ). La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta hoy a las 10 y seguirá con las indagatorias.