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La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena civil contra el Estado nacional por el secuestro y homicidio del empresario Osvaldo Sivak en 1985, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cometido por una banda integrada por oficiales de la Federal. Sivak fue secuestrado en dos ocasiones. En la causa penal por el primer secuestro, en 2012, uno de los integrantes de la banda, Ricardo Taddei, quien se había fugado a España y fue detenido en 2007, había solicitado la prescripción, pero la Cámara Federal confirmó su condena a diez años. En el juicio civil por el segundo secuestro y homicidio, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la indemnización a la familia, y el Estado apeló. Ahora, la Corte confirmó el fallo de la Cámara.

“Sivak fue secuestrado y asesinado por personas que, al momento de los hechos, dependían de la Policía Federal Argentina”, subraya el fallo dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal el año pasado, idea sobre la que hizo base la sentencia de la Corte, que confirmó lo dictado por los camaristas en su última reunión de acordada.

Osvaldo Sivak fue secuestrado por una banda integrada por los ex uniformados Ignacio Báez, Roberto Ignacio Buletti, Héctor Rubén Galeano, José Benigno Lorea, Carlos Alberto Lorenzatti y Félix Roque Miera, quienes integraban un grupo que ya había cometido secuestros similares durante la dictadura, en 1978 y 1982.

El cuerpo de Sivak fue hallado dos años más tarde en un descampado a unos 50 kilómetros al sur de Buenos Aires, asesinado al igual que los empresarios Eduardo Roberto Oxenford, en noviembre de 1978, y Benjamín Neuman, en febrero de 1982. “Los tres casos mencionados, pese a la distancia temporal entre ellos, fueron realizados por delincuentes de una misma banda –cuya conformación inicial no varió sino que se amplió en su número de miembros– que sustancialmente se valieron, para planificarlos y cometerlos, del conocimiento y la información adquirida y proporcionada por el ejercicio de la función específica como agentes de la Policía Federal, invocando, en ocasiones, potestades supuestamente inherentes o derivadas de esa condición”, sostuvo el fallo.

Es decir, que lograron cometer el secuestro por los conocimientos que les dio pertenecer a la Policía Federal, y no se trató de un secuestro, cometido por las mismas personas, a expensas de sus cargos. La pertenencia, en este caso, fue clave para determinar la facilidad con que lo realizaron.

Tres de los condenados “se habían desempeñado en la División Defraudaciones y Estafas de la Federal, encargada específicamente de la investigación de secuestros extorsivos y otros delitos complejos”. El Estado nacional llegó hasta la Corte argumentando que “el hecho de que los autores de los ilícitos que dieron origen a la presente causa fueran policías no implica per se que exista responsabilidad civil de la Policía Federal Argentina en el caso”.

La Corte respondió que “no hay alegación ni prueba circunstanciada alguna por parte de la Policía Federal que haya intentado demostrar, frente a los hechos consumados, que el ejercicio mínimo de su potestad de control y vigilancia sobre la conducta material de sus agentes haya resultado inerte frente a la conducta criminal por ellos desplegada, atentando contra el derecho a la vida de quienes previamente secuestraban con el objeto de extorsionar y pedir rescate a sus familiares”.

La ratificación del resarcimiento económico a favor de la viuda de Sivak, Marta Oyhanarte, y sus hijas Camila, Analía, Malena y María, fue firmada por los jueces Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay. Osvaldo Sivak tenía un hermano, Jorge, que se suicidó en 1990.