El coronel Lucas Marcelo Castro fue el jefe de la compañía A del Regimiento 7 del Ejército durante la dictadura. Está procesado por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en ese distrito. Sin embargo, nada le impide ser socio de dos agencias de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. La normativa porteña, a diferencia de otras provincias, no establece que quienes fueron procesados por su participación en la represión ilegal estén excluidos de las empresas de seguridad. La legisladora de Nuevo Encuentro, Gabriela Cerruti, presentó un proyecto de ley para cambiar esta normativa y adecuarla a la de otros distritos donde los represores no pueden ofrecer servicios de seguridad.

El coronel Castro –capitán, por ese entonces– está procesado y detenido en la causa en la que se investiga lo ocurrido en el centro clandestino de detención de la Bonaerense conocido como “1 y 60”, en la zona de los bosques de La Plata. Formó parte del RIM 7, que fue la cabecera de la represión en el área de La Plata. Esto no le impide ser parte de dos empresas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires: figura como director técnico del Grupo Crystal SRL, que está inscripto como “servicios de investigación y seguridad” desde 2012, y también aparece como socio de la Cooperativa de Trabajo Solucionar, según figura en los registros públicos que se pueden consultar en la página web del gobierno porteño. El dato fue rastreado por la Unión por los Derechos Humanos, uno de los organismos de derechos humanos de La Plata.

La provincia de Buenos Aires, Mendoza y otros distritos tienen una legislación restrictiva sobre quienes pueden participar de las agencias de seguridad. En algunos casos, no sólo están excluidos quienes estuvieron involucrados en delitos de lesa humanidad sino directamente en delitos dolosos. En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, la normativa actual no impide que quienes fueron represores y estén procesados sean hoy socios de agencias de seguridad privada.

Esto les da un lugar a quienes actuaron en la represión ilegal que no tienen en otras provincias. Cerruti presentó ayer un proyecto con el objetivo de cambiar esta situación. Establece que no podrán ser propietarios o directores de agencias de seguridad quienes estén “condenados, indultados o procesados por delitos que configuren violación a los derechos humanos”. Actualmente, sólo están excluidos los condenados y los indultados, pero no los procesados como el coronel Castro.

En los considerandos del proyecto de ley, Cerruti señala que se busca así “evitar que se produzcan situaciones” como la de Castro, “que violentan el espíritu de la prohibición establecida por ley” 1913, que es la que rige a las agencias de seguridad privada. “Resulta irrazonable que los responsables de las más grandes violaciones de derechos humanos puedan prestar ese servicio por no haber sido todavía condenados”, afirma el proyecto presentado por Cerruti.

La legisladora de Nuevo Encuentro advierte que, según datos del CELS, unas 2450 personas estuvieron involucradas en el terrorismo de Estado, pero sólo un 26 por ciento de ellos tiene sentencia (ya sea una condena o una absolución). Otro 74 por ciento forma parte de los juicios que se siguen en los distintos tribunales del país.

“Nos parece que los estándares fijados por este gobierno en materia de derechos humanos hacen que tengamos que ser cuidadosos. No tenemos que hacernos cargo de las demoras que se produjeron por las leyes de impunidad. Esta gente no debería estar en las fuerzas de seguridad, en las Fuerzas Armadas, ni en las agencias de seguridad privada”, advirtió Cerruti a este diario. “Por ejemplo, sería bueno que en esta convocatoria que está haciendo el gobernador Scioli a policías retirados haya un buen tamiz de quienes fueron separados por estas razones o por gatillo fácil, entre otras causas”, afirmó.