“Un Estado presente no es un Estado violento”, es el título de un documento del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que critica con dureza los recientes anuncios formulados, en materia de políticas de seguridad, por el gobernador bonaerense Daniel Scioli. El informe incluye una “cronología sobre el fracaso de la mano dura” (ver aparte), que detalla cómo desde el 2000, con Carlos Ruckauf como mandatario, se inició un proceso negativo que tuvo una etapa de cambio con la reforma policial impulsada por el ex ministro de Seguridad León Arslanian, pero que volvió a torcer el rumbo con la llegada al poder de Scioli, en 2007. Sobre el “nuevo plan de seguridad” anunciado hace una semana, el CELS afirma que “las fórmulas son repetidas, y su probado fracaso se oculta con ‘más de lo mismo’”: aumento de penas, más limitación de las excarcelaciones y “ampliación de las facultades y los recursos policiales que incluye la reincorporación de personal retirado” que dejó el servicio activo en el marco de sucesivas “purgas” producidas a partir de investigaciones por casos de violencia institucional, corrupción o ineficacia.

El CELS sostiene que las medidas anunciadas por Scioli “ponen otra vez en evidencia que la Policía Bonaerense ejerce en los hechos el gobierno de las políticas de seguridad provinciales”, a pesar del caudal de denuncias que acumula esa fuerza de seguridad y que la caracterizan “como una de las más problemáticas del país”. Sin embargo, el plan “no contempla ni una sola medida dirigida a depurar sus filas, a fortalecer controles o a profesionalizar a sus efectivos”. Por el contrario, el plan “ratifica la centralidad y otorga más poder a una fuerza policial que impuso su resistencia a los intentos de reforma y cuyas lógicas y prácticas institucionales deben ser transformadas”.

Además de rechazar el “modo punitivo” en el ejercicio de las políticas de seguridad bonaerenses, el CELS propicia “un modelo centrado en reducir los niveles de violencia y de delitos, con indicadores comprobables”. Para avanzar en ese camino, “un aspecto central es la intervención sobre redes criminales que atraviesan a las propias instituciones del Estado”. Desde la perspectiva del CELS, “el éxito de una política de seguridad debe estar ligado a fortalecer la capacidad de las instituciones del Estado de reducir el daño que estas organizaciones causan a la sociedad, para lo cual es indispensable sanear y reconfigurar esas mismas instituciones”.

El documento puntualiza luego que la reforma policial “no es un proceso institucional ajeno a los modos en que se ejerce la seguridad en el día a día, sino que se trata, justamente, de transformar los modos de trabajo y las prácticas a través de modificar incentivos, incorporar controles, profesionalizar la carrera policial y democratizar los marcos normativos”. El informe, al que tuvo acceso Página/12, fue presentado en una reunión de prensa en la cual se analizó el rol de los medios y la necesidad de que el periodismo aborde con visión crítica las políticas de “mano dura” que han demostrado su ineficacia y que difunda con rigor científico las estadísticas sobre homicidios y niveles de criminalidad.

El documento fue presentado por el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, acompañado por Paula Litvachky, responsable del área de Justicia y Seguridad, y por integrantes del equipo de Política de Seguridad y Violencia Institucional, coordinado por Luciana Pol. Recordaron que el “nuevo plan” es el quinto que presenta el actual gobernador Scioli desde que asumió en 2007, y que se lo ha promocionado “como si nunca hubieran aplicado” las mismas recetas, construyendo el diagnóstico “con palabras cada vez más amenazantes”, cuando se trata de políticas “que jamás han probado su eficacia, ni superado la más mínima evaluación de resultado”.

El documento centraliza sus críticas en el gobierno provincial, pero las extiende a otras fuerzas políticas que, con vistas a las elecciones presidenciales de 2015, hicieron de la “inseguridad” el eje de su campaña, apelando a las mismas recetas de “mano dura”. En ese sentido, se señala que diferentes debates impulsaron las fórmulas archiconocidas, justificándolo todo en “la amenaza del narcotráfico como causa de todos los males, a la que proponen atacar con las herramientas de la guerra”.

En ese marco, se desencadenó “el debate irracional sobre un proyecto de reforma del Código Penal”, presentado por diferentes líderes políticos como “una supuesta vía para garantizar la impunidad a delincuentes”, lo que llevó en forma explícita o implícita a “la justificación de los ataques violentos contra ciudadanos involucrados en situaciones de supuesta o efectiva flagrancia como prédica de la ausencia del Estado”.

Así se llegó al “nuevo plan” de seguridad, con viejas recetas: proyectos de aumento de penas; restricción en excarcelaciones o salidas anticipadas; más facultades policiales para la detección callejera de armas; hacer responsables a los menores y al narcotráfico, traducido en un aumento de la presión punitiva sobre jóvenes, consumidores y pequeños vendedores de droga; aumento del presupuesto en recursos policiales; más cámaras de vigilancia y confianza en la seguridad privada; creación de fiscalías sin directivas específicas de política criminal.

Para seguir justificando el enfoque punitivo se apeló a la “legítima preocupación social en relación con los delitos violentos, pero también con la reiteración de hechos menos graves que afectan la vida cotidiana”. En ese sentido, se dieron a conocer “algunas cifras que parecen indicar un aumento de hechos graves de violencia”. Como ejemplo, se cita “una variación ascendente entre el 2012 y 2013 de los homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires” por medio de datos “difíciles de comparar con años anteriores y con otras jurisdicciones”.

Del mismo modo se dice, en los medios y a través de líderes políticos, que “nadie va preso” en la Argentina, cuando “en los últimos tres meses la población carcelaria creció en casi mil personas, lo que suma a la sobrepoblación (más del 65 por ciento) en las unidades penitenciarias bonaerenses. Concluye el CELS que “no se trata de insistir con trasladar el problema de las zonas más ricas y estratégicas a las zonas más pobres y periféricas”, sino de “disminuir las capacidades de las economías criminales” que afectan “la seguridad de los ciudadanos” y que influyen “en la manera como se construye y funciona el Estado”.