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Una diputada de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para garantizar la prohibición de los prostíbulos y crear el Instituto Provincial de Lucha contra la Explotación Sexual Ajena y la Trata de Personas en suelo bonaerense. La iniciativa Prostíbulo cero, presentada por la legisladora Lucía Portos (FpV), fue elaborada en colaboración con la Fundación María de los Angeles, que preside Susana Trimarco. “No se trata de una ley que busca cerrar lugares y no dar respuesta a la problemática existente en el fondo y no se trata de una ley que pretende perseguir a las mujeres en situación de prostitución: se trata de una norma que contiene el diseño de una política pública integral de parte del Estado para encarar el flagelo de la explotación sexual, brindando a su vez contención” a las víctimas de explotación, señalan los fundamentos del texto.

El proyecto prevé, también, la derogación de la ley provincial 14.453, de 2012, sancionada previamente a la modificación de la ley nacional de lucha contra la trata pero nunca reglamentada, y que establecía “medidas de prevención, lucha y erradicación” de la trata, además de la creación de una “oficina provincial” dedicada también a la asistencia a las víctimas.

La diputada Portos señaló que el texto “contiene el diseño de una política pública integral de parte del Estado provincial”, al estipular la necesidad de coordinar acciones de lucha contra el proxenetismo con intervenciones de asistencia a las víctimas. El proyecto establece clausura de locales que faciliten el proxenetismo y la aplicación de multas económicas, especiales en caso de reincidencia, a los responsables. Además, propone que el instituto por crear sea “descentralizado” y tenga “financiamiento propio para la formación de personal capacitado que se presente en los allanamientos y clausura de locales de prostitución para proteger las pruebas”.

“Buscamos poner en consonancia la legislación provincial con lo planteado en la ley de lucha contra la trata sancionada en el Congreso nacional, para poder atender de manera coordinada la asistencia a las víctimas y promover políticas”, explicó Portos.

La iniciativa, que consta de 42 artículos, contempla un abordaje integral que, además, incorpora “como contenido curricular en los establecimientos públicos de gestión estatal y privados” de nivel inicial, primarias, secundarias y nivel superior “el estudio de todos los aspectos que hacen a la explotación de la prostitución ajena y la trata de personas y de los medios de prevención para no ser víctimas”.

Los fundamentos del proyecto señalan la necesidad de reforzar la ley 12.331, de 1936, que prohíbe el funcionamiento de prostíbulos y prevé multas, cierres y privación de libertad para los proxenetas. “A pesar de que nos encontramos en un país abolicionista, actualmente se otorga autorización para funcionar a establecimientos que, a pesar de no llevar el nombre de prostíbulos o casas de citas, realizan actividades de explotación sexual. Los podemos encontrar bajo diversas denominaciones: night clubes, wiskerías, saunas u otras denominaciones, tratándose de lugares donde se explota sexualmente a personas. Es decir que indirectamente se está tolerando la existencia de lugares donde se realiza el delito de proxenetismo”, especifica.

Por ello, el articulado estipula que en todo el territorio provincial se prohíbe “la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación, sea de manera ostensible o encubierta, en lugares de alterne y/o de explotación de la prostitución ajena”, se realicen en un mismo lugar o en espacios diferentes. La aclaración refiere a la nueva modalidad de “privados”, que encontraron en el funcionamiento desdoblado en dos lugares diferentes (en uno las mujeres esperan a los clientes, en otro se encuentran con ellos para entablar relaciones sexuales) el resquicio para continuar con los prostíbulos.

El texto elaborado por Portos y la Fundación señala, además, que es responsabilidad del Estado “brindar a toda persona que fue víctima de explotación sexual una alternativa de vida”. “El Estado provincial no puede seguir avalando institucionalmente un modelo social que garantiza el uso colectivo de las mujeres más desfavorecidas y excluidas del sistema, ni las prácticas masculinas de acceso por precio a su cuerpo”, detalla.