No es verdad que la sociedad argentina no está aún madura para darse un debate serio y comprometido sobre el aborto. Son la desinformación, la ignorancia alrededor de la temática y su silenciamiento los que contribuyen a perpetuar la clandestinidad de una práctica a la que las mujeres siguen acudiendo, poniendo en riesgo su vida y su salud. La penalización del aborto está impregnada de valores culturales y estereotipos que confinan a las mujeres a los roles de madres, reproductoras, encargadas del cuidado de otros, cuyas conductas en relación con su expresión sexual están influenciadas por valores impuestos por jerarquías religiosas y conservadoras. Quienes por convicciones morales, religiosas o filosóficas no acuerdan en interrumpir un embarazo tienen derecho a pensar y a practicar sus creencias. Sin embargo, los Estados no pueden imponer una sola idea y pensamiento a todas las personas a través de su sistema penal y, mucho menos, criminalizar a quienes disienten con esa noción. Despenalizar el aborto en toda circunstancia es un imperativo de derechos humanos. No existe justificación en el derecho internacional de los derechos humanos para amenazar con la cárcel a quien interrumpa un embarazo no deseado ni para obligar a una mujer o niña a seguir adelante con la gestación.

Corresponde al Estado dar señales concretas que se traduzcan en políticas públicas a favor de los derechos de mujeres y niñas, para que de una vez por todas en la Argentina queden atrás el estigma, el miedo y la desinformación que rodean al aborto. Los Estados deben garantizar el acceso amplio a los métodos anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, y a una mejor educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. No permitirle a una mujer tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo es una violación a su dignidad y es un trato asimilable a la tortura. Este nuevo Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe nos invita una vez más a reflexionar sobre el rol que el Congreso, las escuelas, los servicios de salud y la sociedad en su conjunto deben cumplir para hacer realidad los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas. Necesitamos un debate serio, informado, transparente, honesto, libre de prejuicios y estereotipos sobre el aborto en nuestro país.

* Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.