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Eric Toussaint es politólogo, profesor universitario, activista y presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, y un hombre con fuertes opiniones sobre las finanzas internacionales. En diálogo con Página/12, definió a los fondos buitre como una versión extrema del capital financiero y sus acciones como un peligro para la estabilidad de la región. Miembro de la comisión presidencial de Auditoría Integral del Crédito Público de Ecuador, Toussaint visitará Argentina este octubre.

–Explíqueme su idea de que los fondos buitre son la versión extrema del capitalismo financiero.

–Los fondos buitre son la vanguardia, y atrás de ellos está el batallón que se llama Goldman Sachs, JP Morgan, Citibank, Santander, etc. Pero también considero que detrás de todo esto existe una intención solapada de Estados Unidos de intervenir en la región. La deuda externa es un poderoso instrumento para subordinar a América latina, para obligar a la región a retomar el camino de las políticas neoliberales. Es lo que están haciendo en Europa que es el laboratorio de políticas neoliberales en la actualidad.

–¿Entonces, considera que la sentencia del juez Griesa es una ofensiva no sólo contra Argentina, sino contra toda la región?

–Considero que el juez Griesa quiere hacer retroceder a América latina hacia el siglo XIX, o al siglo XX cuando Estados Unidos le dictaba sus condiciones a los deudores sin respetar la soberanía de los países deudores, y favoreciendo cínicamente a los acreedores. Es claro que los fondos buitre compran títulos para luego enjuiciar a los países. Por eso, creo que es un retroceso, y creo que es en contra de toda la región. El Fondo NML ya había enjuiciado a Perú hace casi 20 años, y con la complicidad de Fujimori obtuvieron una compensación importante. Ese comportamiento de los fondos buitre no es algo nuevo, es conocido. Lo novedoso aquí es la arrogancia del juez Griesa y la reacción de Argentina. En el caso de Perú, Fujimori aceptó pagar la compensación y en recompensa el fondo ayudó a Fujimori a huir del país en un avión que le pertenecía.

–Usted trabajó en la comisión presidencial de auditoría de la deuda de Ecuador creada por Rafael Correa en 2007. ¿Qué aporta este caso a la región?

–El presidente Rafael Correa es una fuente de inspiración, porque desde el Ejecutivo emitió un decreto para constituir una comisión de auditoría. Designó miembros con una amplia competencia provenientes de la sociedad civil, de movimientos sociales, etc. La decisión de constituir una comisión de auditoría desde el ejecutivo para auditar 30 años de deuda, desde el 1976 hasta el 2006, es una iniciativa muy interesante. No hubo hasta ahora otra iniciativa de este tipo, salvo una iniciativa de Getulio Vargas, presidente de Brasil en 1933, pero no participaban los movimientos sociales. De todas formas, para la época, eso fue un logro, ya que basados en esa auditoría se logró imponer una quita del 70 por ciento de la deuda. Volviendo a Ecuador, la comisión trabajó 14 meses para identificar la parte ilegal y/o ilegítima de la deuda. La misión era una auditoría integral: no sólo del punto de vista contable o jurídico, sino también tomando en cuenta, por ejemplo, el impacto social, humano, ambiental del proyecto financiado con la deuda. Me refiero a grandes infraestructuras, por ejemplo, investigamos los efectos de grandes represas hidroeléctricas. Analizamos, entonces, el impacto de estas grandes infraestructuras en la población. Yo creo que una auditoría es fundamental para Argentina, ya que la deuda contraída desde 1976 es ilegítima, y eso debe ser probado. Son décadas contrayendo deuda ilegítima: la deuda que contrajo la junta militar, la deuda que contrajo Carlos Menem con su programa de privatización, el Megacanje de Cavallo, etc. Entonces considero que es imperante entrar en un proceso de auditoría.

–¿Qué efectos tendrá la resolución para el establecimiento de un marco jurídico multilateral para regular la reestructuración de la deuda pública, votada en la ONU?

–Hay algo fundamental y positivo en esta votación y es que se transfirió a la Asamblea General de Naciones Unidas el debate sobre el tema. El hecho de que la Asamblea General de Naciones Unidas sea el lugar donde se discute esto es muy importante, y da cuenta de una preocupación global. Pero insisto, yo considero que la solución se encuentra en las decisiones soberanas unilaterales de los países involucrados. Los efectos concretos, francamente ninguno. Pueden haber efectos políticos en la escena política internacional, bueno, eso es muy interesante. Creo que es fundamental en el mundo actual donde no se respeta realmente el derecho internacional y se imponen los actores más poderosos. Por ejemplo, Israel no respeta el derecho internacional con su accionar contra el pueblo palestino. Estados Unidos, en general, no respeta la carta magna de la ONU, no respeta la competencia del tribunal de La Haya. Entonces, en este mundo, el mundo real y no el que quisiéramos, prevalece la voluntad de los más poderosos, a pesar de que la mayoría se oriente en otra dirección. Entonces, insisto en mi posición: sólo actos soberanos unilaterales fundados en el derecho internacional pueden dar una solución real al problema de la deuda. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que, como no hay instancias jurídicas internacionales para intervenir efectivamente, sólo los países endeudados pueden hacer prevalecer sus leyes por sobre las leyes que controlan los acreedores.

–¿Qué lectura hace de las abstenciones, cuando se votó en la ONU para legislar el pago de deuda externa? En especial, de países europeos y muchos que están en situaciones límite como Grecia o España.

–Cuando fue votado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año ’66, o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Estados Unidos y varios países europeos votaron en contra. Por lo tanto, no es una actitud sorprendente o nueva. Los avances en Naciones Unidas, desde hace 30 o 40 años, se hacen contra la voluntad de Estados Unidos y de países europeos, o mejor dicho, a pesar de la abstención de los países europeos. Entonces, es solamente la repetición de una larga serie de votos en los cuales los países del sur, que son mayoría, logran avances que luego no son implementados. Porque en realidad las grandes potencias se abstuvieron o votaron en contra y hacen todo lo necesario para impedir la implementación de estos votos. Quiero decir que impiden la implementación de tratados internacionales. Europa es el epicentro de la ofensiva neoliberal en los últimos años. Una ofensiva del capital contra el trabajo, de los acreedores contra los deudores. Grecia, por ejemplo, se convirtió en algo parecido a los países latinoamericanos de los años ochenta, está totalmente determinado y sometido a los dictámenes del FMI.

–¿Cuáles son las estrategias que debería implementar la región para evitar nuevos embates financieros?

–El Banco del Sur es fundamental como herramienta para reafirmar la soberanía nacional. Néstor Kirchner firmó el acto fundacional del Banco del Sur, en 2007, casi el último día de su mandato. Pero aún no hubo avances. Hace siete años, y todavía el Banco del Sur no entró en actividad. Creo que el Banco del Sur tendría una base suficiente para otorgar créditos a los países miembros, y en este sentido se reduciría muchísimo la dependencia respecto de los mercados financieros y de organismos como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano, etc. Bolivia, Venezuela y Ecuador, tomaron la decisión de abandonar el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial en materia de litigio sobre inversiones. Los tres países escribieron al tribunal una carta confirmando la renuncia al tribunal, que en general se inclina por los intereses de las multinacionales y no a favor de los países. Brasil, nunca entró en este tribunal, es decir que hay cuatro países de América del Sur que no son parte del tribunal del Banco Mundial: Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil. En cuanto a estrategias, lo que me interesa destacar analizando la sentencia Griesa, es que Argentina, desde la dictadura militar de 1976, renunció a ejercer su soberanía en contradicción con la Constitución argentina, y con la doctrina Calvo y la doctrina Drago que eran juristas argentinos de final del siglo XIX inicio del XX. Es un problema fundamental si un país deudor renuncia a ejercer su soberanía. Por eso, considero que las doctrinas Drago y Calvo, que indican que en caso de litigio con extranjeros la Justicia local debe prevalecer, deben volver a implementarse. Finalmente, el decreto firmado por el presidente Rafael Correa en 2007 es un ejemplo a seguir. En fin, considero que los actos soberanos unilaterales basados en el derecho internacional son los que llevan a los países a obtener el respeto de los intereses de su pueblo.