Veinte familias que desde hace más de dos décadas viven en un inquilinato del barrio porteño de Congreso fueron desalojadas ayer por la Policía Metropolitana, en cumplimiento de una medida judicial que desde la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires no dudaron en calificar como “sumamente irregular” y “un escándalo jurídico”.

Según el titular de esta organización, Jorge Barone, “el desalojo se hizo de manera sorpresiva, sin notificar a la defensa y actuando como si los inquilinos fueran ladrones y no hubiera un problema social de base”. El dirigente apuntó además que el expediente judicial está en secreto de sumario, lo que “se utiliza para producir más pruebas y no permite a la defensa acceder a la causa y por lo tanto impide la defensa”, y precisó que entre los desalojados hay más de 30 niños.

El inmueble en cuestión está ubicado en Hipólito Yrigoyen 1316, donde hasta hace algunos años funcionó el Hotel Ambassador –“que fue clausurado hace años”, agregó Barone– y cuyos huéspedes se convirtieron con el tiempo en inquilinos sin contratos de por medio, según explicaron desde la Coordinadora de Inquilinos de la Ciudad.

“La Justicia actúa como si fuera una usurpación, pero esta gente hace veinte años que vive ahí, pagaban mensualmente el alquiler a pesar de que este último tiempo ni recibos les daban”, dijo.

Barone informó que la orden de desalojo fue dictada por el Juzgado Penal y Contravencional N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa por “usurpación. Esto es violatorio de todos los procedimientos existentes: no notificaron, no permitieron ver la causa con la excusa del secreto de sumario ni interponer ningún recurso y están desalojando, violando todo derecho de defensa. Hace algún tiempo surgió un conflicto con el dueño y les inició una causa por usurpación, pero hasta hace diez días la causa estaba en marcha, no había orden de desalojo y la gente estaba trabajando en su defensa”, aseguró.