La Marcha de la Gorra convocó en su octavo año a todo el arco político, excepto al PRO.

Al atardecer, la Marcha de la Gorra convocó a miles de jóvenes que recorrieron las calles de la capital de Córdoba para denunciar el gatillo fácil y reclamar el fin de la vigencia del Código de Faltas que “criminaliza, hostiga y persigue”, al habilitar figuras ambiguas a la hora de aplicarse como el “merodeo” o el castigo de “reuniones públicas tumultuarias”. Junto a chicas y chicos de los barrios, marcharon madres de víctimas de violencia institucional como Lautaro Torres, Facundo Rivera Alegre y Fernando Pellico y referentes de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, agrupaciones estudiantiles y de “todos los partidos políticos, menos el PRO”, señalaron los organizadores a este diario. La marcha, que ayer fue por su octava edición cordobesa, reclamó “el control ciudadano de las fuerzas de seguridad”, porque “el sostenimiento del Código garantiza un sistema de impunidad del que es cómplice el poder”, dijo a este diario Alvaro Marcos Cañete, uno de los organizadores.

La marcha coincidió con el 25º Aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niñas y Jóvenes, y fue, además, la última antes de la posible modificación del Código de Faltas cuestionado, tras el trabajo de la Comisión Especial para el Estudio, Análisis, Modernización y Reforma del Código, de la Legislatura provincial. “Sabemos que en diciembre se va a modificar el Código. La Comisión de la Legislatura encargada de eso se formó en marzo y en el año se reunió dos veces. De eso salió un texto nuevo de código que no va a derogar el articulado que más criticamos: no va a derogar las figuras de merodeo, de prostitución escandalosa. Eso sigue estando. El cambio es que, supuestamente, ahora se va a castigar con trabajo comunitario”, explicó Cañete.

La resistencia a modificar el Código, que en los hechos funciona como los edictos policiales derogados en 1996 en la ciudad de Buenos Aires, señaló Cañete, se explica porque “el funcionamiento del Estado provincial está basado en las fuerzas de seguridad y, si hubiera una fuerza de seguridad trabajando con un código de convivencia democrático y participativo, daría cuenta de las falencias”. “En la provincia, alrededor del 30 por ciento del presupuesto de Salud, Educación, Justicia, se fue recortando para destinarlo a las fuerzas de seguridad. Eso hace que la presencia del Estado sea solamente a través de la policía”.

Las críticas ciudadanas contra la policía provincial son frecuentes y se reiteran al calor de los casos de violencia institucional. Por eso, la semana pasada, el secretario de Seguridad provincial, Matías Pueyrredón, inauguró un mecanismo de “buzón de control ciudadano”, por el cual cualquier persona o entidad con personería jurídica puede evaluar “la situación de policías en condiciones de ser promovidos” con solo depositar una evaluación, que puede ser anónima, en un buzón abierto durante 30 días. Luego, esa información será evaluada por la Junta Calificadora de la policía, que elevará su veredicto al Poder Ejecutivo.

“Este buzón es una lavada de cara, porque sigue dejando el control dentro de la misma policía. El gobierno tiene complicidad con toda la cúpula policial. La misma policía va a evaluar a la policía, y van a saber si el barrio está diciendo algo, qué y quizá quiénes lo dicen. Pero en Córdoba tenemos un jefe de policía imputado por un caso de gatillo fácil. Y hay otros diez casos de gatillo fácil por los que las organizaciones sociales responsabilizamos al jefe de policía porque dio la orden. Pero el gobernador salió a bancarlo”, explicó Cañete.