Comenzó el juicio oral al ex jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino por presunta corrupción en la provisión de equipamiento y servicios del hospital policial Churruca. La denuncia fue presentada en 2003 por el entonces ministro de Justicia Gustavo Beliz y desencadenó que el gobierno de Néstor Kirchner destituyera al ex titular de la Federal, quien se hallaba en París postulándose para un cargo en Interpol. La Justicia le dictó falta de mérito en 2006, pero un año después procesó a Giacomino en el marco de este expediente, que demoró ocho años en llegar a la etapa de juicio y prevé extender las audiencias hasta después de la feria judicial de invierno. El fiscal que lleva la causa es Horacio Azzolín.

En una primera etapa de declaración de testigos, el Tribunal Oral Federal Nº 4 de la CABA, integrado por los jueces Néstor Costabel, Patricia Mallo y Enrique Pose, comenzó a juzgar al ex titular de la Federal Roberto Giacomino, denunciado en 2003 por la presunta contratación directa de empresas vinculadas con familiares y allegados para servicios y provisiones del hospital policial y la obra social de la fuerza.

También comparecerán en el juicio Raúl Pigretti, Alfredo Ursaia, Daniel Rodríguez, Vicente Capizzi, Eduardo Bevivino, Diego Armayor, Marcelo Capizzi, Ana María Capizzi y Américo Di Blasio, policías y empresarios acusados por “la realización de diversas maniobras dirigidas a obtener un beneficio indebido de la administración pública mediante múltiples conductas engañosas y fraudulentas”. La figura contempla penas de hasta seis años de cárcel. El caso fue promovido por una denuncia del ex ministro de Justicia Gustavo Beliz, quien por teléfono echó a Giacomino jefe de la Federal durante el interinato presidencial de Eduardo Duhalde– cuando éste se candidateaba en París para ser jefe de Interpol.

Por entonces, Giacomino contraatacó y adujo que lo echaron porque “sabía cosas” oscuras que nunca reveló, cargando contra Beliz, el ex ministro de Justicia de la Nación Juan José Alvarez y el ex jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, de quienes dijo que habían aprobado una contratación directa por la que él fue removido de su cargo. Beliz calificó de “extorsión mafiosa” la afirmación de Giacomino por no aportar pruebas.

En octubre de 2003, la Policía Federal relevó a 35 comisarios e inspectores tras la caída del ex jefe de la fuerza. El Ministerio de Justicia investigó tres expedientes paralelos para la contratación de equipos de computación para el Complejo Médico Policial Churruca-Visca con empresas supues tamente ligadas a familiares de Giacomino. La revisión de las cuentas de compras del Churruca dejó a la vista números que no cerraban. Por ejemplo, la obra de 120 metros cuadrados cubiertos realizada en el sector de pediatría del hospital, en el 7º piso, que se construyó a un costo exorbitante.

Para el área fueron comprados seis monitores cardíacos que resultaron inutilizables y, además, eran usados. Asimismo, se investigaban sobreprecios de insumos por casi un 600 por ciento. En 2003 se llegó a pagar 1,19 peso por un par botas para cirugía y dos meses después se compraron los mismos elementos a 0,20. Además resultaba por demás llamativo que bajaran los aportes jubilatorios de los policías.

Por todo esto, el gobierno de entonces se presentó como querellante en la causa, llevada a cabo por el juez Juan José Galeano y por el fiscal federal Miguel Osorio. La documentación sobre la contratación directa fue aportada por la Oficina Anticorrupción (OA) y presentada por Manuel Garrido, quien era director de Investigaciones del organismo, acusando a Giacomino por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” agravado por “la circunstancia de parentesco” con los dueños de la empresa contratada y por “la modalidad impuesta al trámite”, que se invocó en carácter de “urgente”, aunque el sistema informático del hospital Churruca siguió funcionando un año más sin ningún tipo de problemas.

Asistido por sus abogados, el ex jefe de la Federal rechazó por entonces las imputaciones en su contra. El 3 de noviembre de 2006, la Justicia le dictó la falta de mérito al considerar “insuficientes” las pruebas en su contra. Un año después terminó procesado por fraude al Estado.