Horacio Piombo, uno de los dos camaristas de la sala I de Casación bonaerense que firmaron el fallo que redujo la condena al abusador de un niño, presentó ayer su renuncia ante la Suprema Corte bonaerense. Esta, a su vez, la enviará al gobernador Daniel Scioli. Si el titular del Ejecutivo decide aceptar la renuncia, el juicio político no tendrá sentido porque su motivo es destituirlo del cargo. El jueves pasado el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, se había anticipado anunciando a los cuatro vientos la renuncia de Piombo, pero éste había salido a desmentirlo afirmando que “veré cuándo sea el momento preciso”. Ayer fue ese momento preciso. En la carta de renuncia, de dos páginas, afirma que la presentó con fines jubilatorios, pero aclara que su decisión tuvo que ver con la polémica desatada tras el fallo que, señala, “ha sido aviesamente interpretado”.

“La opinión pública hoy se encuentra conmovida por un fallo, cuyo contenido pertenece al Dr. Benjamín Sal Llargués, al cual adherí por su corrección jurídica”, sostiene Piombo. “El texto de tal pronunciamiento ha sido aviesamente interpretado, atribuyéndole categorizaciones y expresiones discriminatorias que no contiene; pero sobre todo aislándolo de su complemento natural, que es el fallo de primera instancia, cuyas expresiones relativas a los hechos se toman, en la tarea del Tribunal de Casación, como circunstancias comprobadas a las que, por regla, cabe. Ante esta situación que roza el respeto que debe merecer la tarea judicial deviene necesario, con la mayor mesura admisible, adoptar la prudente actitud de alejamiento plasmada en este acto”, expresa.

Si Scioli acepta la renuncia, el juicio político deviene inútil porque el artículo 59 bis de la ley que regula el procedimiento para el juicio político de magistrados establece que la potestad de enjuiciamiento se extingue por la desvinculación del juez o funcionario acusado. En pocas palabras, la motivación del jury es desplazar al juez de su cargo y de sus fueros, pero si renuncia al cargo, el desplazamiento ya se ha anticipado.

El polémico fallo fue dictado en junio del año pasado. En él, los jueces Benjamín Sal Llargués y Horacio Piombo redujeron de seis a tres años la condena a Mario Tolosa, vicepresidente del club Florida, de Vicente López, a donde la víctima de 6 años concurría a la escuelita de fútbol. Tolosa había sido condenado en primera instancia por el Tribunal Oral 3 de San Martín.

El eje de la cuestión técnica, que fue la que decidió la disminución de la pena, fue la opinión sobre la consideración de “gravemente ultrajante” un agravante para el “abuso sexual”. El Tribunal Oral 3 había aplicado el agravante por considerar que el abuso cometido es más grave “por el daño psicológico sufrido por la víctima y ‘por ser la víctima del mismo sexo, lo que representa un deterioro en la formación de su personalidad’”, había explicado en una carta pública el otro camarista, Benjamín Sal Llargués. A la vez, sostuvo Sal Llargués, ese fallo de primera instancia daba por probado que “antes de ese abuso, la víctima, a pesar de su edad, ya presentaba tendencias de tipo homosexual”. Desde esa perspectiva, el fallo de primera instancia resultaba discriminatorio por lo que los camaristas dispusieron retirar el agravante.

Pero la fundamentación para retirar el agravante desató la polémica: “Me afecta al respecto una insondable duda que tiene por base esa familiaridad que el niño ya demostraba en lo que atañe a la disposición de su sexualidad. En todo caso y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podían (y debían) auxiliarlo en ese proceso.”

El fallo de Casación fue apelado y se encuentra a consideración de la Suprema Corte bonaerense, cuya resolución enfrenta esta formidable presión pública.

De ser aceptada la renuncia de Piombo por el Ejecutivo, no sólo caerá el pedido de juicio politico presentado por legisladores, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Federación Argentina Lesbianas, Bisexuales, Gay y Trans (Falgbt), sino que además transformará en inútil el jury ya iniciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en abril pasado en su contra por “mal desempeño”, a raíz de un fallo similar que redujo la condena de un pastor evangélico acusado de abusar de dos adolescentes en 2011.

Para hoy y por fuera del cargo como magistrado, está prevista una reunión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), para tratar el pedido de “destitución definitiva” de cargos académicos, reclamada por estudiantes de la Federación Universitaria de La Plata (FULP), que tomaron el decanato el 20 de mayo pasado, en reclamo de la separación de Piombo y Sal Llargués como docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Piombo, de todos modos, ya había renunciado a sus cursos en Derecho de la Unlp. La toma fue levantada cuando las autoridades académicas, al día siguiente, se comprometieron con la Fulp a iniciar un juicio académico a ambos. En aquella oportunidad, Darío Estévez, presidente de la Fulp, sostuvo que la Federación viene “denunciándolo desde 2011”.

Tras el fallo, Piombo fue expulsado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata además de renunciar a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP, mientras que Sal Llargués fue apartado de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca y del Consejo de la Magistratura bonaerense.