SOCIEDAD › POLEMICA EN TORNO DE LAS SANCIONES A QUIENES VIOLEN LA LEY SECA
Todo el poder en las manos del juez
La ley que prohíbe la venta de alcohol entre las 23 y las 8 no prevé sanciones. Sus impulsores aseguran que los jueces podrán multar. Y los detractores dicen que la ley “no sirve”.
La sanción de la denominada “ley seca” generó una intensa polémica en la ciudad. Mientras sus autores aseguran que la normativa establece sanciones efectivas a quienes vendan bebidas alcohólicas en la vía pública, sus detractores critican que al no establecer “un régimen legal claro” se deja todo en manos de los jueces contravencionales que, a partir de ahora, tendrán amplias facultades para imponer multas de cualquier tipo, o bien hacer “la vista gorda”. La Unión de Kiosqueros de la Argentina (UKRA) afirmó que la iniciativa “perjudicará los intereses económicos del sector”. Los legisladores que votaron en contra consideraron esta ley como “un avance sobre las libertades individuales” que no atiende a “las verdaderas cuestiones de fondo”.
Para establecer un sistema de sanciones efectivas, el proyecto necesitaba reunir 31 votos. Pero los impulsores de la denominada “ley seca” apenas pudieron sumar 22 voluntades entre los legisladores. El proyecto original contemplaba multas de entre 500 a los 2000 pesos. Establecía la posibilidad de clausurar negocios y formular arrestos si el comerciante reincidía en la falta. Asimismo, la autoridad de aplicación correspondería a la Policía Federal. Sin embargo, tal cual como se aprobó la ley serán los inspectores municipales los encargados de fiscalizar que los kioscos y las estaciones de servicio no vendan bebidas alcohólicas entre las 23 y las 8. Si se produce una falta, serán los jueces contravencionales los encargados de establecer las sanciones y dispondrán para ello de un criterio bastante amplio, ya que la Legislatura no fijó ningún marco regulatorio específico. En tanto, los restaurantes, las pizzerías y los comercios que envían comida a domicilio estarán al margen de esta restricción.
Uno de los autores del proyecto, el diputado porteño Fernando Caeiro, aseguró a Página/12 que la ley “tendrá un cumplimiento efectivo y que las autoridades contarán, a partir de ahora, con una herramienta adecuada para impedir que se venda alcohol en las calles de Buenos Aires”. “Creemos incluso que esta ley local es mejor que la 24.748, la norma nacional, que prohíbe la venta y el consumo durante las 24 horas, y que por obvias razones resulta inaplicable. Aquí, la intención es castigar a quienes venden, no a los que consumen”, destacó Caeiro.
En ese sentido, el legislador estimó además que la iniciativa debería ser acompañada por “una política nacional” destinada a desalentar la ingesta de bebidas alcohólicas. “Deberían aumentarse los impuestos a la producción y al consumo. No es posible que una botella de leche sea más cara que una de cerveza. Al limitar el consumo de alcohol estamos contribuyendo también a las acciones que en materia de seguridad se pretenden instrumentar desde el gobierno nacional”, consideró.
Por su parte, la diputada Vilma Ripoll criticó la sanción de esta veda y señaló que “a partir de ahora puede aplicarse cualquier tipo de multa, entre 10 o 10 mil pesos, total, no hay ningún límite. ¿Qué hacemos con los jóvenes que son empujados hacia la adicción por motivos sociales o porque no hay trabajo? Se busca el camino más fácil: ponemos un horario y listo, nos olvidamos de la cuestión de fondo. Existe además un claro avance sobre las libertades individuales que no se debatió los suficiente”.
La votación en favor de la “ley seca” fue de 22 a 10. Los legisladores que se opusieron a la sanción sostuvieron en su mayoría que se atacaba “la libertad individual”. La norma entrará en vigencia dentro de 10 o 15 días, cuando el gobierno de la ciudad la promulgue.
La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) fustigó mediante un comunicado a la nueva ley al señalar que “se castiga a los pequeños comerciantes y, en definitiva, se genera mayor desocupación”. El presidente de la entidad, Eduardo Meriaglia, consideró que la normativa no establece “un parámetro legal claro. Acá puede pasar cualquier cosa. Parece que los kiosqueros somos los culpables del alcoholismo y la inseguridad. Nuestra cámara tiene 74 años de vida y ningún legislador nos consultó al respecto. Somos quienes mejor conocemos la cuestión de cómo evitar la venta de alcohol en la calle”, remarcó Meriaglia.