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Por Antonio Elio Brailovsky *.

¿Quién podrá defenderme?

La Legislatura porteña tiene previsto elegir al defensor del Pueblo y adjuntos. Un procedimiento que en otros países va acompañado de un intenso debate público, aquí se realiza sin una verdadera apelación a la participación. Muy pocos conocen a los candidatos y casi nadie sabe qué van a hacer si los eligen. Se desaprovecha la oportunidad para una amplia discusión que haga un balance de la institución, sus objetivos y resultados, y los aspectos que deben ser cambiados para hacer más eficiente su accionar.
Tal vez haya un error de origen al haber adoptado el modelo del suave ombudsman sueco, cuya herramienta principal es la persuasión: opina sobre determinados hechos y emite recomendaciones sobre qué hacer. Se supone que es una figura lo suficientemente prestigiosa como para que su opinión sea tenida en cuenta. Pero, si nuestros ciudadanos no conocen a los candidatos, ¿qué peso podrá tener la opinión de un desconocido?
Necesitamos un defensor mucho más enérgico. Pueden tomarse elementos del recio Tribuno de la Plebe de la Roma clásica, que no opinaba sino que acompañaba los reclamos frente a los poderosos.
Y, además, ¿cuáles deben ser las prioridades de su gestión? Necesitamos un defensor que controle que los contratistas no se lleven ganancias excesivas. Que vigile que los cargos públicos se cubran por concurso abierto. Que publique toda la información confidencial que las autoridades niegan a la población. Que pelee para recuperar los espacios públicos. Que impulse el retiro de las sustancias tóxicas prohibidas en sus países de origen. Que exija que la ciudad asuma su responsabilidad por el daño ambiental que provoca el tratamiento de su basura en la provincia de Buenos Aires. Que reclame por el daño a la salud provocado por la contaminación del Riachuelo y el Dock Sud. Que peticione la sanción de leyes que la Constitución ordena y que se encuentran demoradas (como la Ley de Comunas). Que verifique la racionalidad de las obras públicas.
¿Es bueno que la Legislatura elija a los defensores entre los actuales diputados? En Buenos Aires, quienes hacen las leyes han hecho una que les permite votarse mutuamente y eventualmente votarse a sí mismos para ocupar los cargos en la Defensoría. Esto ya ha sido impugnado por motivos éticos por numerosos ciudadanos, quienes recordaron que en Panamá los diputados ni siquiera pueden votar a sus familiares para defensores.

* Candidato a la Defensoría del Pueblo.


Por Roque Bellomo*.

Basta de fantasmas

La elección del defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires requiere de un procedimiento estricto y sujeto a la ley que regula el funcionamiento de tal organismo. Con la renuncia de su titular, Alicia Oliveira, la Legislatura estaba obligada a iniciar el mencionado proceso dentro de los diez días de presentada tal dimisión. Nada tuvo que ver la apertura del registro de postulantes con el devenir electoral del momento. Había que cumplir la ley y así se hizo.
Todos los cuestionamientos al proceso que fueron apareciendo no sólo carecen de fundamento legal –pues así lo dictaminó la Justicia a favor de lo actuado por el Parlamento porteño– sino que, por el contrario, parecían alentar la transgresión de las normas que hace cinco años rigen en la ciudad.
Los cuestionamientos a los que me refiero surgen de personajes que apelan a crear sospechas en la ciudadanía acerca del proceder de los representantes del pueblo.
Lo hacen ante la imposibilidad de discutir acerca de la idoneidad de los candidatos a ocupar el cargo o en lo que respecta a su propia experiencia en la promoción de los derechos humanos y protección de las garantías constitucionales.
Los legisladores de la ciudad tienen el deber de designar al defensor y sus adjuntos: se intenta por todos los medios desvirtuar una labor que hace a la esencia del sistema democrático y por tanto se cae en un argumento que, de ser analizado a conciencia, es antidemocrático y reaccionario.
Claro que, si se lo disfraza de una transparencia que no es tal, sirve a los intereses de quienes persiguen en algunos casos la puja por permanecer en sus cargos y en otros para acceder sin ninguna clase de compromiso social ni experiencia en la materia.
Es más fácil arremeter contra los partidos políticos que tienen representación parlamentaria que escudriñar en los antecedentes de quienes se consideran mejores por ser desconocidos.
Todas estas invocaciones a la falta de transparencia y censuras pretenden únicamente evitar el debate de fondo que transcurre alrededor de la real idoneidad de los candidatos. Debemos ser conscientes de que pueden ser electos aquellos que obtengan el consenso que sólo el Parlamento puede brindar. No por capricho sino por respeto al sistema democrático.

* Legislador porteño. Candidato a defensor del Pueblo.