El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego condenó a penas de entre tres y siete años de prisión efectiva a los seis acusados de integrar una banda dedicada a la trata de personas en la ciudad de Ushuaia. La organización captaba a sus víctimas, jóvenes de diferentes partes del mundo y del país, a través de anuncios que salían publicados en el diario Clarín en los que se buscaban “señoritas” que luego eran trasladadas para ser explotadas en un cabaret de la capital provincial.

Se trató del primer juicio realizado en Tierra del Fuego por este tipo de delito, aunque de todos los condenados sólo uno quedó privado de la libertad. Otros cuatro recibieron prisión efectiva, pero fueron liberados tras apelar. Sobre el sexto recayó una pena en suspenso.

La condena principal, a siete años de cárcel, recayó sobre Víctor Antonio Morales, propietario de Black And White, un conocido local nocturno de la capital fueguina que servía de base para la captación de mujeres en condiciones de vulnerabilidad social y su posterior explotación sexual.

Además, recibieron cinco años de prisión Cristina Patricia Ramírez, alias Camila, ex pareja de Morales; Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia y María Cristina Ledezma, mientras que también se le aplicó una pena de 3 años de prisión en suspenso a Mauro Luciano Morales Ledezma, uno de los hijos del jefe de la banda.

Todos los imputados fueron hallados “coautores penalmente responsables” del delito de “trata de personas agravado”, por la participación de más de tres personas y por la existencia de más de tres víctimas, salvo Mauro Morales, al que consideraron “partícipe secundario” del mismo ilícito.

El fiscal general del distrito, Adrián García Lois, aseguró que el monto de las condenas coincidió con el solicitado por el Ministerio Público durante la etapa de alegatos. “Para nosotros es un paso fundamental que marca el derrotero de futuros juicios similares. Es un hito para la Justicia en la provincia y una certeza sobre cómo se interpretan las leyes por los jueces del distrito”, señaló el funcionario judicial.

García Lois señaló que las condenas demuestran que el tribunal consideró que los acusados se aprovechaban de la situación de “extrema vulnerabilidad de las mujeres” para captarlas.

El abogado defensor de los imputados, Raúl Paderne, dijo que se trató de “un fallo equivocado e injusto” porque su cliente “sólo llevó a cabo una actividad legal en el momento de los hechos.