Desde Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti se desligó de un pleito para ponerle bozal legal al periodista Diego Lisandro. Ayer mandó a su vocera, María Bourdin, a aclarar que su hijo Pablo Lorenzetti no firmó “ninguna demanda de censura previa” contra el colega y que el estudio Lorenzetti y Asociados que patrocina la querella “no es de él”. Lisandro lo desmintió, dijo por una emisora de Santa Fe que el “estudio es del doctor Lorenzetti, que es presidente de la Corte y por ese hecho no puede patrocinar y lo hace a través de su hijo o de alguien de la familia, pero el estudio es de él”, agregó.

Ante la denuncia de la Asociación de Prensa de Santa Fe y del Sindicato de Prensa de Rosario que publicó este diario, Bourdin escribió en Twitter: “Se aclara que Pablo Lorenzetti (hijo de Ricardo Lorenzetti) no ha firmado ninguna demanda de censura previa contra un periodista. Ni se trata del estudio jurídico del presidente de la Corte, conforme se publicara en Página/12”. Más tarde, el propio Lorenzetti reprodujo los tuits en su cuenta oficial. Bourdin es directora de comunicación de la Corte Suprema y del Centro de Información Judicial (CIJ).

Sin embargo, Lisandro dijo que la demanda que pretende ponerle un bozal legal (impulsada por el vicepresidente de Atlético Rafaela, Gabriel Carlucci) tiene el patrocinio de Lorenzetti y Asociados. “Es el estudio del doctor Lorenzetti, presidente de la Corte y por ese hecho no puede patrocinar y lo hace a través del hijo o de alguien de la familia”, dijo por FM Sol, de Santa Fe.

Lisandro explicó que “es lo que se conoce como el bozal legal. La jueza Alvarez Tremea lo ha negado en dos oportunidades y ahora insisten por tercera vez. La jueza me invitó a hacer un descargo, pero la idea es censurarme en todo sentido y cobrarme 1000 pesos cada vez que nombre a Carlucci, o a otro directivo de Atlético. Y si no borro todos los artículos en los que lo menciono a él y a algunos de sus colegas a partir del momento en que la jueza le dé lugar al pedido van a ser 1000 pesos por día. Se pretende que en mi muro de Facebook o en Twitter si alguien opina también me cobren una pena 1000 pesos. Me quieren censurar a mí y a la gente que opina en las redes sociales”, explicó.