La Justicia federal condenó a 8 años a Mercedes “La Doña” Medina y su concubino Ernesto “El Negro” Robles por liderar una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual que funcionaba en Tucumán. En la causa –con la Fundación María de los Angeles como querellante–, otros dos acusados fueron condenados a 4 años por colaborar en la red delictiva y tres personas resultaron absueltas. El fallo ordenó, además, el decomiso de bienes equivalentes a un millón de pesos como reparación a las víctimas. “Estamos conformes porque esta sentencia sienta precedente por la medida económica y también porque es la primera vez que una ONG dedicada a denunciar los delitos de trata con fines de explotación sexual se constituye como parte querellante”, consideró Germán Díaz, abogado de la Fundación que lidera Susana Trimarco.

El Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 1 de Tucumán sentenció a 8 años de prisión a la pareja tucumana responsable de dos prostíbulos en los que se explotaba a mujeres víctimas de redes de trata. “Quedó claro durante el proceso que los imputados de esta causa formaban una organización destinada a explotar mujeres aprovechándose de la situación vulnerabilidad en la que se encontraban”, alegaron los abogados que representaron a la Fundación María de los Angeles Verón. Además, la Justicia condenó a 4 años a María Rosa Juárez y Aníbal Iván Frías, y absolvió a Susana Figueroa, Juan Rafael Sarmiento y Eduardo Alberto Loto. En tanto, el tribunal ordenó decomisar bienes equivalentes a un millón de pesos (un inmueble en el que funcionaba uno de los prostíbulos y un vehículo de uno de los condenados) para reparar a las víctimas.

Los abogados querellantes, por su parte, también exigieron al tribunal la clausura definitiva de los cabarets California, ubicado en Marco Avellaneda 666, y Night Club, situado en el pasaje Sargento Gómez 50, en la zona de El Bajo, ambos en la capital tucumana.

“Si bien vamos a apelar las absoluciones, estamos satisfechos porque hay cuatro condenados y porque la Justicia decidió atacar al núcleo económico, una parte muy importante de la organización”, señaló a Página/12 el abogado de la querella Díaz. Además, el letrado destacó la importancia de que la ONG a la que representa, creada en 2007 luego de la desaparición de Marita Verón, haya participado en el proceso judicial. “Creemos que la experiencia y el trabajo de la Fundación no han sido en vano, quienes trabajamos en esto sentimos que realmente ha sido un avance en generar conciencia sobre este delito”, consideró el abogado, que además resaltó “el valor del importante trabajo interinstitucional realizado en conjunto con organismos gubernamentales y no gubernamentales”. En ese sentido, explicó que como parte de la querella trabajaron, también, psicólogos, trabajadores sociales y profesionales de distintos rubros que resultaron fundamentales para contener a las víctimas durante el proceso judicial. “Enfrentar este tipo de delitos necesita la coordinación de distintos actores, por eso el trabajo en conjunto ha sido un logro importante. También lo fue que los jueces federales concedieran medidas de protección a las víctimas mientras avanzaba el juicio”, añadió Díaz.

Para la querella, hubo un crecimiento “tremendo de la organización destinada a la trata de personas durante los casi 20 años que funcionaron los prostíbulos”, por lo que durante los alegatos solicitó el “desapoderamiento de los imputados de los bienes ilícitos y los utilizados, que fueron secuestrados y embargados para su comisión y que sean entregados a las víctimas”.

Durante el proceso, en el que intervino el fiscal Pablo Camuña con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), los acusados de capturar mujeres en situación de vulnerabilidad para trasladarlas y explotarlas sexualmente se abstuvieron de declarar. Para la Justicia, resultaron esenciales los testimonios que brindaron las víctimas en Cámara Gesell, y que permitieron incorporar nuevos datos a la investigación.

En la sesión del juicio celebrada el 25 de noviembre último, se dio a conocer un audio en el que una de las mujeres explotadas por la organización declaró que trabajaban “casi 25 chicas en la Marco Avellaneda” y explicó que las ganancias eran administradas por “Mercedes porque ella estaba en la barra” y señaló que ella “daba las órdenes una sola vez, si no aceptabas, te metía en la pieza y te pegaba con el látigo”. Además, la mujer declaró que eran obligadas a tomar “droga y alcohol para aguantar toda la noche” y explicó que Medina tenía vínculos con prostíbulos de otras provincias, como Salta y Catamarca. “Una vez me mandaron a Catamarca a trabajar en un whiskería llamada Moroco”, precisó. La testigo también aseguró que Medina tenía relación cercana con los riojanos condenados por el caso por la desaparición de Marita Verón (Liliana Medina, quien falleció antes de la revisión de la sentencia absolutoria, y sus hijos José “Chenga” y Gonzalo Gómez).

La banda encabezada por Medina y su pareja Robles comenzó a ser investigada luego de la denuncia realizada por la Fundación María de los Angeles ante la Justicia Federal de Tucumán, en abril de 2013. El 13 de septiembre de ese año se realizaron allanamientos en ambos prostíbulos, en los que fueron hallados importantes sumas de dinero, preservativos y municiones de distintos calibres. El 8 de octubre, los siete imputados fueron procesados con prisión preventiva y, en diciembre de 2014, el fiscal federal Carlos Alfredo Brito, solicitó la elevación a juicio.