A lo largo de once años, 43 personas que habían logrado sobrevivir a la tragedia de Cromañón perdieron la vida; 17 de ellos se suicidaron –el último fue Martín Cisneros, a principios de este año– y 26 murieron a causa de enfermedades oncológicas. “El Estado fue el que causó la tragedia y es el Estado el que debe hacerse cargo y aportar las soluciones para que esto no siga pasando”, aseguraron a Nicolás Pappolla, Martín Genauer y Celeste Oyola, referentes de la Coordinadora Memoria y Justicia por Cromañón, que hoy organiza un festival en la Plaza del Congreso para reclamar la sanción de una ley nacional de reparación para sobrevivientes y familiares.

La coordinadora nació, explican, con el objetivo de dejar de lado las diferencias que surgieron entre sobrevivientes y familiares en torno a las culpabilidades y responsabilidades de la tragedia y también para trabajar en mejorar la calidad de vida de las víctimas, algo que remarcan como una deuda. Por eso, un día antes de la tradicional marcha de cada 30 de diciembre, presentarán la propuesta de un proyecto de ley para que los distintos ministerios y organismos estatales coordinen políticas de reparación. “Aunque parezca trillado, nuestra consigna es Cromañón nos pasó a todos, y con esa idea planteamos la necesidad de que el Estado, en nombre de toda la sociedad, asuma la deuda que tiene con los sobrevivientes para que no les falte atención médica, tengan posibilidad de trabajar y puedan terminar de estudiar”, afirma Genauer.

“Peleamos por los derechos básicos de cualquier persona: salud, trabajo, educación, vivienda. Y queremos que se discuta democráticamente en el Congreso, que diputados y senadores se posicionen de una vez por todas sobre lo que pasó y sobre qué debe hacer el Estado frente a las víctimas”, señala Pappola. La iniciativa cuenta con el respaldo de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Durante el año pasado, de la mano de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, recorrieron varias provincias del interior del país y juntaron más de 60 mil firmas de apoyo.

El proyecto, en el que trabajan desde hace un año, prevé la realización de un censo definitivo de personas vinculadas a la tragedia. El precario padrón de sobrevivientes actual se basa en los beneficiarios del subsidio que otorga el Gobierno de la Ciudad a partir de un reclamo –traducido en una ley de la ciudad en 2013– de la propia coordinadora. El subsidio alcanza a 1800 sobrevivientes y familiares, pero la coordinadora estima que en todo el universo Cromañón hay más de 3500 personas. Muchas de ellas, explican, viven fuera de la capital, y en muchos casos desconocen la ayuda del Estado. Para el nuevo padrón, proponen un trabajo conjunto entre Anses y la Secretaría de Derechos Humanos. Agregan que a los beneficiarios hay que buscarlos. “Es increíble que no se haya armado un padrón todavía”, señala Pappola.

“A veces nos escriben por las redes sociales personas que estuvieron a punto de suicidarse o que nunca le contaron a su familia que estuvieron en la tragedia, y somos nosotros los que estamos ahí para tender una mano, cuando es el Estado el que debería buscarlos y ayudarlos”, revela Oyola. “Cada suicidio lo vivimos como un fracaso, queremos salir a quemar todo. Por eso, desde la coordinadora trabajamos para contribuir a que nos sintamos mejor. Pero la mayor parte del tiempo nos sentimos maltratados y vemos falta de voluntad política”, agregó.

En noviembre de 2013, la coordinadora obtuvo su primer triunfo cuando la Legislatura porteña aprobó la primera ley de reparación, que reemplazaba un viejo decreto de la gestión de Ibarra derogado en 2008 y por el que los sobrevivientes recibían una ayuda económica. Pero hubo problemas con la aplicación: hasta el suicidio de Martín Cisneros, en febrero de este año, los aspectos ligados a las políticas laborales o de salud de la ley no se reglamentaron. En protesta, la coordinadora encabezó la toma que realizaron los sobrevivientes a la jefatura de Gobierno, tras lo cual la entonces vicejefa de Gobierno María Eugenia Vidal la reglamentó.

A partir de un convenio firmado en agosto de este año entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Fernando Ulloa comenzó a brindar atención a sobrevivientes y en paralelo a elaboró un padrón propio, del que surgió que más del 45 por ciento de las víctimas viven en el conurbano y el interior del país. “Por eso queremos darle prioridad a la gente que no vive en capital. Si el Congreso acompaña, cada provincia deberá adherir y ahí se verán las voluntades políticas” sostiene Pappola.

“Nos sentimos vulnerados en estos once años en los que se trató de invisibilizar a los pibes que murieron”, cuenta Oyola. “Y estigmatización. La culpa de todo siempre es de los jóvenes, nos quieren hacer quedar como unos enfermos”, agrega Genauer. Para Papolla, “hay que resignificar la tragedia”, porque esa noche el auxilio mientras todo sucedía fue “una muestra de valentía y amor colectivo”. “Ante la pregunta de quién me sacó yo siempre respondo: todos. Y hoy la lucha tiene que ser por todos.”

Informe: Matías Ferrari