El dueño del taller clandestino del barrio porteño de Floresta en el que murieron dos chicos por el incendio ocurrido el 27 de abril del año pasado, el empresario Lee Sup Yong, fue procesado bajo la acusación de haber cometido el delito de “trata de personas con fines de explotación laboral agravado”. El fallo judicial incorpora los testimonios que dieron los trabajadores en la investigación y desenmascara un modelo de explotación laboral que tiene muy pocos procesamientos y prácticamente ninguna condena. A partir del procesamiento, el empresario textil permanecerá a la espera de un posible juicio oral.

“La valentía de los Mur Menchaca hizo posible que hoy sea un día histórico para la lucha contra la trata de personas con fines de explotación laboral”, dijo Nahuel Berguier, que junto a Gabriela Carpineti defendió a la familia de obreros textiles.

Esteban Mur, el padre de Rolando y Rodrigo, se presentó como querellante mientras que la madre, Corina Menchaca Martínez, y los tíos de los chicos dieron testimonios para que la causa prosperara.

“Está demostrado en la causa que los obreros textiles de ese taller trabajaban más de 12 horas diarias, en condiciones extremas de hacinamiento, de higiene precaria, y de olores fétidos proveniente del domicilio del dueño, percibiendo una remuneración de entre tres mil y cuatro mil pesos por su trabajo”, precisó Berguier en la sede de la Unión de Trabajadores de la Educación UTECtera, entidad que acompañó a la familia en el reclamo de justicia.

Según explicó a Página/12 Eduardo López, secretario general de UTE-Ctera, la Procuración General de la Nación hizo un trabajo “que marca el límite entre las infracciones a las leyes de trabajo y el delito de trata de personas”. Además, el representante gremial expresó que “estamos ante un caso inédito, ya que antes el empresario se enfrentaba, como mucho, al Ministerio de Trabajo y ahora debe enfrentar la responsabilidad de la explotación laboral al tiempo que enfrenta una causa penal”, destacó López, quien manifestó su “orgullo de que los abogados sean maestros de UTE que demuestran una vez más el compromiso que tenemos con nuestros niños y adolescentes”.

La decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional 6 de la Capital Federal, recayó sobre el empresario Lee Sup Yong, de origen coreano, quien regenteaba el taller textil de Páez y Condarco, donde fallecieron los niños Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, de 10 y 5 años respectivamente.

El padre de los chicos manifestó que “este procesamiento es un gran logro. Estoy agradecido a todos los que nos ayudaron a conseguir un poco de justicia para mis hijos fallecidos”.

En el fallo, el juez consideró que el acusado “abusó del estado de vulnerabilidad socioeconómica” en que se encontraban los trabajadores del taller y los “explotó laboralmente hasta el 27 de abril de 2015, ocasión en la cual se incendió el local clandestino” que estaba en condiciones “insultantes para la dignidad de cualquier persona”.

Además, López contó a este diario que la familia de los chicos, Esteban Mur y su tío, ahora trabajan en una Cooperativa Textil en condiciones dignas porque fueron acogidos por la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajadores Textiles (CNCT) que consiguió integrarlos en una empresa recuperada en el barrio de Villa Urquiza.

“Este caso sirve para demostrar no sólo la responsabilidad de los dueños de los talleres, sino que la explotación no es la única forma de trabajo que existe. Se pudo instalar en la realidad que no es normal trabajar en esas condiciones”, señaló el representante gremial.

La abogada de la familia, Carpineti, explicó a este diario que el proceso fue “bastante ágil” y contó con la “participación de la Protex y las víctimas. A pocos días de un año logramos un fallo de importantes características sobre el cual no abunda la jurisprudencia, queremos que este caso avance a juicio oral y sentar jurisprudencia para este tipo de delitos” puntualizó Carpineti.

Por otro lado, la representante de los Mur resaltó que si bien es un “alivio que haya avanzado la causa judicial todavía resta avanzar en toda la cadena de comercialización ver a quiénes llegaban esos talleres y sumar funcionarios del gobierno de la ciudad”.

José Cruz Campagnoli, legislador porteño por el Bloque Nuevo Encuentro-FpV, recordó que pese al avance de la causa, “no hay que olvidarse que el trabajo ilegal en la Ciudad creció con la complicidad del gobierno porteño”. Según Campagnoli, “la tragedia sacó a la luz la existencia de una red de talleres ilegales que emplean a trabajadores bajo condiciones de absoluta explotación. Se estima que entre 250 y 300 mil las personas son explotadas en estos talleres”.

“Muchos de estos talleres son propiedad de dueños de grandes marcas. Las firmas Awada y Cheeky, propiedad de la familia de Juliana Awada, esposa del presidente Mauricio Macri, tuvieron denuncias que las vinculaban con la explotación laboral”, recordó el legislador de Nuevo Encuentro.

Informe: María Fernanda Rezzano.