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El Senado tuvo una jornada agitada. Todo se disparó a partir de la discusión de cuatro proyectos que integran el Plan Estratégico de Seguridad. “Por suerte hay otros poderes del Estado que están trabajando para definir un nuevo proyecto de país”, dijo el riojano Jorge Yoma luego de haber hecho un llamado de atención a sus pares, ya que de las últimas normas aprobadas, la mayoría correspondía a reformas del Código Penal. “Estamos construyendo un Estado policíaco”, agregó el riojano. La réplica no demoró y vino desde la bancada radical. “Yo cada vez entiendo menos. Son oficialistas y opositores al mismo tiempo. Si estos proyectos no son de interés del Ejecutivo que vuelvan a comisión”, respondió el radical Mario Losada. La intervención del jefe de la bancada peronista, Miguel Pichetto, salvó la situación. “El Gobierno está preocupado por estos temas”, dijo Pichetto, haciendo un equilibrio entre la crítica radical y los dichos de Yoma. El rionegrino también puso la lupa en la manera en la que los medios de comunicación tratan los casos policiales.
Los proyectos aprobados legislan sobre la limitación a excarcelaciones o eximiciones de prisión; el aumento de penas en el caso de los vaciamientos de empresas, modificaciones al sistema de protección de testigos y un proyecto sobre el criterio de oportunidad que permite simplificar el procedimiento judicial en los casos de delitos privados. Simplificación que mediante una mediación puede convertirlos en casos de acción pública. Antes de esto, se aprobaron 18 pliegos de fiscales, defensores, jueces de primera y de segunda instancia. Finalmente, las cuatro iniciativas de seguridad tuvieron ayer su media sanción.
En un tono pausado, monocorde y dominado por citas textuales y términos jurídicos, el radical puntano Jorge Agúndez explicó las características de las cuatro iniciativas. Lo hizo sin despertar a sus pares. El ritmo somnoliento de la sesión se sacudió cuando habló el radical independiente Rodolfo Terragno. El porteño criticó la iniciativa de acción pública y los cambios al régimen de protección a testigos. “El dictamen habla de bagatelas”, arrancó Terragno al hablar del proyecto de la acción pública. “El proyecto dice que el Ministerio Público podrá negarse a investigar un delito, porque no otra cosa significa ‘criterio de oportunidad’”, dijo antes de concluir que: “Los pobres que se busquen abogado, los fiscales públicos están para las grandes cosas”.
Yoma terminó de encender la mecha de la sesión. “Generalmente en los juzgados figuran listas de arrepentidos, por lo menos en los casos de droga”, comenzó el riojano. Luego señaló que cuando se realizan los juicios orales y les toca intervenir a los denominados arrepentidos, el debate se encamina hacia cualquier lugar menos hacia el esclarecimiento del caso y sanción a los jefes de las bandas. Un memorioso recordó que en mayo del ’98, cuando el duhaldismo impulsó la figura del arrepentido luego del asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, el riojano había hablado 90 minutos en contra de la iniciativa.
Sin embargo, todo pareció desbarrancarse cuando Yoma llamó la atención de sus pares por la gran cantidad de normas penales sancionadas en los últimos tiempos. El radical mendocino Ernesto Sanz le pidió una interrupción y fue para defender a su correligionario Agúndez. “Esto no es un invento del doctor Agúndez. Yo también como legislador quisiera ocuparme de las cosas importantes.” Losada pidió entonces el reenvío de los proyectos a la comisión legislativa y Pichetto puso paños fríos al entuerto. “No comparto que el presidente de nuestro bloque se ponga el sayo que quiere ponernos el senador Sanz”, refutó Yoma. “En algún momento el Congreso va a tener que dar un debate sobre los medios. Yo no he visto ningún canal del mundo transmitir 24 horas de noticias policiales. En los diarios serios del mundo las noticias policiales ocupan una breve página. Aquí ocupan las primeras planas”, comentó Piche- tto al cerrar el debate.Yoma se retiró antes de la votación y reingresó discutiendo con la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner. Serios y sin poder ocultar el enojo, ambos continuaron su polémica desde las bancas. Ya se había votado la primera de las cuatro normas y se estaba por votar la segunda. Al final de la votación, la santacruceña también tuvo momento para cuestionar el tratamiento que una noticia había tenido en los informativos radiales. El diputado radical Horacio Pernasetti había denunciado que la santacruceña quería prorrogar la emergencia económica. En verdad se trataba de la prórroga a la legislación cuyo ordenamiento la Convención Constituyente delegó en el Ejecutivo en 1994, hasta que se conformara un digesto definitivo. “La ignorancia no está penada en el Código Penal”, sentenció Kirchner.