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Hugo Cáceres y Marcelo Puyó, dos ex sargentos de la Bonaerense acusados de haber integrado un “escuadrón de la muerte” abocado al asesinato de chicos en situación de pobreza, podrían ser condenados a 25 y 20 años por el crimen de un adolescente. La pena fue solicitada por la fiscal del juicio y los abogados de la familia de José Ríos, de 16 años, muerto en un supuesto tiroteo cuando habría querido robarles a los imputados.
El 11 de mayo de 2000, Cáceres y Puyó efectuaban en un auto blanco “tareas de vigilancia” para su agencia de seguridad, eufemismo que refiere al grupo parapolicial nutrido de 30 personas que, simulando enfrentamientos armados, se dedicaba a “limpiar” de ladrones jóvenes la localidad de Don Torcuato. En una de estas calles, les habrían salido al cruce con fines de robo Nuni Ríos y Gerardo “el Peladito” Núñez, de 14.
Los hombres de la Bonaerense “hicieron lo que quisieron y quisieron lo que hicieron”, indicaron los abogados de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que representan a la familia de Ríos.
El adolescente recibió tres disparos: dos en el tórax, que entraron de costado, y otro en la cabeza, que le atravesó la sien, de oreja a oreja. El abogado Martín Alderete afirmó que, al recibir los dos primeros tiros, Ríos “estaba parado o agazapado”, hipótesis que parte de los rastros de sangre que quedaron en el lugar de su muerte. El tercero “fue un tiro de gracia”, disparado cuando el chico yacía en el piso.
La fiscal Ema Prada también imputó a Cáceres los delitos de tenencia de arma de guerra y amenazas contra la familia de la víctima y pidió que se investigara a los miembros de la “agencia de seguridad” por presunta “negociación incompatible con la función pública”, ya que los policías habrían extorsionado a los vecinos para venderles su seguridad. Esto quedó demostrado con un allanamiento hecho a la casa de Cáceres, donde se secuestraron fotografías de 40 menores vinculados a delitos y un libro con el punteo del dinero que se cobraba a comerciantes de la zona.
Las anotaciones de Cáceres, hechas con aplicación en cuadernos escolares, detallaban las tareas, rangos y servicios prestados por al menos 30 personas –muchos de ellos policías– que “trabajaban para la comisaría paralela de Cáceres, a quien llamaban ‘jefe’ a pesar de que varios lo superaban en rango”, señaló el abogado Gabriel Lerner, también de la Correpi.
Según la fiscal Prada, Ríos apuntó a los vigiladores con un pistolón que no funcionaba. En su alegato, afirmó que los policías comenzaron a disparar y los adolescentes escaparon. Mientras Núñez se metió en un descampado, Ríos entró a un taller ubicado en General Pacheco 2180. Hasta allí lo persiguieron los ex sargentos, que estaban uniformados pero de franco.
“Lo cercaron y no podía salir, y uno de los dos, no se sabe cuál, disparó contra el joven y lo mató. Luego, se modificó el lugar de los hechos para hacerlo pasar como un enfrentamiento”, contó Prada.
Llegado su momento, la defensa de Cáceres y Puyó pidió la libertad, al argumentar que actuaron en legítima defensa, a pesar de que está probado que el arma de Ríos se encontraba obsoleta.
El tribunal oral criminal 1 de San Isidro se pronunciará el próximo lunes a las 10. Ayer, mientras dentro del edificio se desarrollaban los alegatos, decenas de personas se manifestaban afuera en contra del gatillo fácil. En este sentido, el vicepresidente del tribunal, Ernesto García Maañón –que lleva el juicio junto a Juan Carlos Tarsia y Carlos Gustavo Olazar–, aclaró a los presentes que el tribunal es “independiente” y que fallará sin presiones “conforme a derecho”.