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Los organismos de derechos humanos mendocinos en bloque solicitaron a la Corte Interamericana de DD.HH. ser tenidos como parte en el expediente CDHS/1713. ¿De qué trata el 1713 y por qué la presentación en bloque? Dos cuestiones surgen como determinantes: la primera, porque la 1713 trata la calamitosa situación de la Penitenciaría de Mendoza, considerada una de las peores cárceles latinoamericanas, con un 280 por ciento de saturación por encima de su capacidad y 11 internos muertos a tiros o puñaladas en los últimos ocho meses. La segunda, porque un grupo de reconocidos abogados se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio pasado, mientras el gobierno mendocino iniciaba una escalada pública acusándolos de ser “abogados de delincuentes”. El 4 de noviembre, el propio presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, envió una carta a la Cancillería instando al Estado argentino a atender las medidas dispuestas por la CIDH. Cinco días después, apuñalaron a otro interno.
Ubicada en el sector oeste de la ciudad de Mendoza, la penitenciaría fue catalogada por los expertos como una de las peores cárceles de Latinoamérica. Con capacidad para 700 internos, hasta la fecha tiene una población de 2183, entre varones y mujeres, adultos y menores, procesados y condenados. Las condiciones son infrahumanas: cada preso dispone de un semipiso de menos de un metro cuadrado para comer, dormir, caminar y defecar; la comida es un bien escaso y la sarna, un compañero fiel; el retrete es una bolsita de plástico que llenan delante de sus colegas. Las condiciones de la penitenciaría son el mejor argumento para intentar una fuga.
En enero de 2000, los abogados del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Alfredo Guevara, Alfredo Guevara Escayola, Diego Lavado, Pablo Salinas y Carlos Varela Alvarez presentaron los primeros hábeas corpus que derivaron en intimación judicial para que las autoridades ampliaran de inmediato los horarios de higiene y recreo (que se reducían a menos de cuatro horas diarias) y cesar el hacinamiento. La orden judicial no fue cumplida.
La sucesión de hábeas corpus continuó, motines y hacinados mediante, hasta el 23 de febrero pasado, cuando el ministro de Justicia mendocino, Roberto Grillo, firmó un acuerdo con los internos, comprometiéndose a mejorar la higiene, el hacinamiento, las visitas y demás. Aunque jamás cumplido, el acuerdo tiene su importancia porque en él el gobierno mendocino reconoce la precariedad de una situación que luego pretendió negar. El 16 de marzo pasado se desata una larga cadena de incidentes que termina, a la fecha, con 11 muertos y una lista interminable de heridos.
Ese día, en el pabellón 4, con 80 detenidos, se produjo una pelea. Dos presos terminaron con puntazos. Uno de ellos murió. El 22 de marzo, ocurrió otra muerte. Cinco días más tarde, se produjeron peleas en dos pabellones. Un interno fue trasladado al hospital. Entre el 8 y el 15 de mayo, se desató una huelga por el incumplimiento del acuerdo, durante la que 16 internos terminaron heridos.
El 20 de mayo, Amnesty dirigió una carta a Julio Cobos, el polémico gobernador provincial, manifestando su preocupación. Como ocurrió a lo largo de todo el proceso, los hechos fueron la respuesta de la administración Cobos.
El 28 de junio, dos internos murieron baleados cuando intentaban fugar. Otros dos murieron apuñalados entre el 30 de junio y el 6 de julio. El 21 de julio, la crítica situación llevó a los abogados del MEDH a realizar una presentación ante la Comisión Interamericana, solicitando medidas cautelares, pero seis días más tarde, otro interno, Roy Carreño Contrera, murió apuñalado. El 3 de agosto, la CIDH otorgó la medida y ordenó que se salvaguardara la integridad de los alojados, la separación de procesados y condenados y se garantizaran medidas de higiene y salud. El Estado también estaba obligado a informar cada 15 días la evolución de los hechos. La medida cautelar implica una especie de salvaguarda que no debería romperse. No debería, pero se rompió. Apenas 24 días después, Jorge Roldán Di Benedetto fue apuñalado y murió al día siguiente.
El 8 de septiembre, un intento de fuga terminó con disparos, mordidas de perros, apremios y falta de atención médica posterior. Un interno sostuvo que “estaba bien de salud y que hace tres días que ya no le pegan más, pero que después de la fuga le pegaron durante cinco días”. Muchos dicen que los dejaron desnudos durante horas y días; otros, que fueron heridos a escopetazos, incluso uno estando esposado. El 27 de ese mes murió otro preso. En octubre todo se aceleró. El 14, la Comisión Interamericana había elevado a la Corte un pedido de medidas provisionales que garantizaran la vida de los internos hasta que la comisión concluyera su tarea. Decidió, además, realizar una visita a la cárcel en diciembre. Es la segunda ocasión en que visitará el país. Hacen falta argumentos de mucho peso para movilizar a la CIDH a una visita. Para dar una idea del nivel de gravedad que consideró la CIDH, habrá que recordar que la visita anterior la realizó durante la dictadura.
Pero las muertes continuaron. El 4 de noviembre, el propio presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ramírez, envió a la Cancillería argentina una nota comunicando la “considerable gravedad” que implica la lista de muertes ocurridas mientras están vigentes las medidas cautelares de la comisión y las medidas provisionales pedidas a la Corte. No obstante, el 9 de noviembre otro preso, David Videla, fue gravemente herido de un puntazo.
No está claro si las muertes forman parte de un plan para deshacinar el penal, pero lo cierto es que las declaraciones de sus funcionarios parecen señalarlo: Grillo deslizó a los medios locales que “bajo el paraguas de una causa humanitaria hay intereses económicos”. Lejos de cualquier manual del Derecho, Juan Fugazzotto, del Partido Federal y aliado político de Cobos, acusó: “Los abogados que especulan con todo son trotskistas que rechazan el orden, porque el delito y los delincuentes son su negocio”.
Frente a estas acusaciones, que tienen más de caza de brujas que de opinión especializada, la APDH La Plata, la Pastoral Penitenciaria, diputados mendocinos, el PJ, el PS y el PC locales, 15 diputados nacionales y el Senado nacional en pleno se solidarizaron con los abogados perseguidos.