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Por H. C.

El mecánico no lo podía creer, pero estaban sus dos empleados como testigos para confirmarlo. Por si fuera poco, los dos policías le habían dejado un papel con sus nombres de puño y letra. “Si no pagás, te llevamos esposado –recordó que le recomendaron en su taller de Los Polvorines–. Te vamos a arruinar y te vamos a matar como a un perro.” El precio para evitar tanta incomodidad era de 30 mil pesos, que después de un tira y afloje bajó hasta 5 mil. Ese día, obtuvo 2 mil de un prestamista. Fue a pedirle prestado el resto a un comerciante amigo, pero éste le respondió que los mismos policías ya le habían pedido 10 mil. El mecánico terminó haciendo la denuncia ante la Fiscalía 8 de San Martín. Los dos policías fueron detenidos, acusados de extorsión. El lunes, los dos fueron reconocidos por tres testigos en rueda de presos. Uno es el suboficial principal Daniel Riera, de la subdelegación de la DDI de San Miguel. El otro es el jefe de Operaciones de la misma dirección. Se llama José Luis Gallardo. Le dicen “el Gallo” y, de ser cierto su historial, viene madrugando gente desde hace rato.
El 25 de febrero pasado, el mecánico, un colocador de equipos de GNC de Los Polvorines, se presentó ante la Fiscalía 8 de Investigaciones Complejas de San Martín, a cargo de Mónica Rodríguez. En su relato, el mecánico, cuyos datos quedaron bajo identidad reservada para protegerlo, dijo que ese día dos policías de uniforme se presentaron en su local. Para su sorpresa, los dos uniformados le pidieron 30 mil pesos para seguir funcionando.
“Si no pagás, te llevamos detenido y esposado. Te vamos a arruinar y te vamos a matar como a un perro”, describió el mecánico la amenaza. Y lo pudo corroborar con sus dos empleados, que se encontraban en ese momento en el taller y vieron y escucharon todo. El mecánico, después de palidecer como un papel, no atinó a negarse pero sí a tratar de hacer accesible el pago. Y de los 30 mil logró que bajaran su prepotencia a 5 mil.
El tallerista, que no es ningún caído del catre, quedó sorprendido porque no imaginaba que semejante pedido fuera hecho de uniforme y ante testigos. Pero quedó mucho más sorprendido cuando los dos policías, antes de retirarse, le dejaron sus dos nombres escritos en un papel: Daniel Riera y José Luis Gallardo. Ambos pertenecen a la subdelegación de la DDI de San Miguel, ubicada en Alem al 800, a dos cuadras del centro del partido.
Muy preocupado, el mecánico corrió hasta un prestamista, pero sólo logró que le facilitara 2 mil pesos, que fueron recibidos en mano por Riera, según denunció el mecánico. Dispuesto a obtener los 3 mil restantes, fue a ver a un comerciante amigo, también de Los Polvorines, un vendedor de autopartes. “¿Quién, Riera y Gallardo? –le preguntó el vendedor–. A mí el otro día me sacaron 10 mil.” Ya sin esperanzas y arruinado, el mecánico se presentó ante la fiscal Rodríguez para relatarle toda su experiencia. Aportó a sus dos empleados como testigos, y a su amigo comerciante, quien relató su propio caso y agregó que tenía su celular pinchado. Ahora investigan si, como supone el comerciante, los policías le habían pinchado el celular porque ese mismo día, por ese mismo número le avisaron que le habían otorgado un crédito por 10 mil pesos. Sin embargo, según aseguraron a Página/12 fuentes judiciales, “lo del celular es una suposición del denunciante que todavía no fue comprobada”.
Dos días después, la fiscal detuvo a los dos policías. Pero la cosa no terminó allí. Horas antes de que el denunciante y sus testigos reconocieran a los dos detenidos en rueda de presos, empezaron a recibir en sus celulares mensajes de curiosa semejanza: “Cuidado con lo que vas a decir, somos muchos más y estamos afuera, te vamos a secuestrar a tus hijos.” Lo que en términos de obviedades significa que la investigación se extiende más allá de Gallo y Riera.
El Gallo Gallardo ya tiene sus antecedentes. Al menos, ya fue investigado en al menos un par de ocasiones antes. Una de ellas, en la misma Fiscalía8 de San Martín, una mujer presentó una denuncia en su contra. La mujer era dueña del bar Yoli, en la esquina de la comisaría 6ª de El Palomar, donde cumplía servicios el Gallo (ver aparte). Su hijo, Alejandro Culiuli, era un chico que robaba para la policía después de haber estado detenido. Un día apareció muerto a balazos en San Martín, según la versión oficial, cuando intentó asaltar un camión. La madre denunció que sabía que su hijo le pagaba al Gallo 15 mil pesos que éste le exigía para seguir robando y sospechaba que una vez no habrá podido pagar y terminó muerto. Por falta de pruebas, el caso quedó en mera sospecha.
Ahora, todo parece más en evidencia. Por las dudas, el Gallo, detenido junto a su coequiper en la comisaría de Villa Lynch, convocó a un abogado superespecializado en sacar presos, según el propio abogado lo reconoció públicamente: se trata de Héctor Lufrano, ex secretario de Seguridad de Osvaldo Lorenzo (quien desplazó a Arslanian en el ‘99 y 45 días después fue desplazado por el caso Ramallo). En aquel momento, Lufrano perdió el puesto por haber reconocido que había sido abogado del Gordo Valor, entre otros. Según una versión no confirmada que llegó a este diario, el ex secretario le pidió al Gallo 15 mil pesos, y no le dio seguridades para resolverle el caso.