[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Por Julian Borger*
Desde Washington

El Departamento de Justicia de Estados Unidos le dijo a la Corte Suprema que la tenencia de armas está garantizada por la Constitución, dando un giro de 180 grados a la posición oficial del gobierno durante los últimos 60 años. Los expertos legales dicen que la declaración podría resultar en la destrucción de las leyes norteamericanas sobre armas. Es un triunfo del lobby a favor de las armas, y la noticia salió de unas notas al pie de dos informes que el Departamento de Justicia envió a la Corte Suprema, sin que ésta los hubiera solicitado, el lunes a la noche.
Fueron escritos por el fiscal general, Ted Olson, y tratan de la segunda enmienda de la Constitución que autoriza la existencia de “una milicia bajo reglamentación, que es necesaria para la seguridad de un Estado libre y para el mantenimiento del derecho del pueblo a poseer y portar armas”. Esto tenía mucho más sentido común a fines del siglo XVIII que hoy. Y desde la resolución de la Corte Suprema de 1939, la posición del gobierno norteamericano ha sido que la enmienda sólo autoriza el derecho a portar armas a aquéllos llamados a una milicia oficial. Además de esta resolución, no está escrito ningún derecho constitucional a poseer armas, por lo que el tema se dejaba abierto a la regulación del gobierno.
Olson escribió que la segunda enmienda protegía ampliamente el derecho de los individuos, incluyendo aquellos que no estaban haciendo el servicio militar, a portar sus propias armas de fuego, sujetos a restricciones razonables para evitar la posesión a personas incapaces o restringir tipos de armas de fuego que son particularmente adecuadas para uso criminal. La Corte Suprema no está obligada a fallar según el consejo escrito por Olson y los informes no le piden que tome ninguna acción, pero el Centro Brady para la prevención de la violencia con armas dijo que su impacto real sería que los abogados del gobierno aprovecharían esta guía oficial cuando trataran casos de armas.
“Es verdaderamente perverso que un fiscal general esté instruyendo a los abogados del Departamento de Justicia en todo el país para que no hagan valer el argumento más fuerte en favor de las leyes constitucionales sobre armas”, dijo su director legal, Dennis Henigan. Los expertos dicen que los informes alentarán a la Asociación Nacional del Rifle (ANR) a desafiar las leyes que restringen los derechos a poseer armas. Las leyes que requieren averiguación de antecedentes antes de comprar y la prohibición de ametralladoras serían vulnerables. “Si hay un derecho individual para el ciudadano promedio, esos tipos de regulaciones pueden estar en serio riesgo”, dijo Franklin Zimring, de la Universidad de California, al diario Los Angeles Times.
El secretario de Justicia norteamericano, John Ashcroft, un miembro vitalicio del ANR, prometió hace un año un cambio de política sobre la cuestión de las armas. En un marcado contraste con otros aspectos de las severas medidas sobre inmigrantes ilegales y sospechosos de terrorismo después del 11 de septiembre, Ashcroft se negó a permitir que el FBI chequeara sus propios registros para averiguar si algunos de los sospechosos había comprado armas, aunque tales registros fueron estipulados por la ley Brady en 1993 sobre el control de armas. Dijo que los registros violaban los derechos de los poseedores de armas y ordenó que se podían tener no más de 24 horas, para luego ser destruidos.
Nathew Mosanchuk, un experto legislador en el Centro Político de Violencia, un grupo de control de armas en Washington, dijo: “Aquí tienen a un fiscal general burlándose de décadas de precedentes legales para adoptar una opinión sobre un derecho individual, no reconocido, a poseer un arma. Esta opinión puede poner en riesgo muchas leyes sobre armas”. Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, que está cada vez más preocupado por el aumento del crimen con armas de fuego, anunció una amnistía a las armas y dice que su administración comprará armas a losresidentes a 100 dólares cada una, sin hacer preguntas. La política se aplicará los próximos 30 días (ver nota aparte).

* De The Guardian de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.