SOCIEDAD › RAMIFICACIONES POLÍTICAS DE LA RED QUE TRAFICABA MUJERES DOMINICANAS
Tráfico pesado
Se calcula que unas 5000 mujeres dominicanas fueron traídas al país por una red que terminaba prostituyéndolas. Página/12 accedió a grabaciones de testimonios que están en poder de la Justicia, donde se vincula a miembros del cuerpo diplomático a esa red. La mujer que organizaba el trabajo era asidua visitante de la embajada.
Por Mariana Carbajal
Página/12 accedió a testimonios de mujeres que involucran a la cónsul de República Dominicana en Buenos Aires, Amanda Cabral, y a dos consejeros de la embajada en una presunta red de tráfico de mujeres de ese país hacia la Argentina. Las declaraciones pertenecen a víctimas de la organización que testimoniaron en la fiscalía Nº 32. Grabaciones con sus denuncias ya están en manos de la sede de Santo Domingo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). También existen documentos que muestran un vínculo entre la sede diplomática con Máxima Pérez Matos, la dominicana señalada como una de los brazos de la organización delictiva y titular de la Asociación Mutal de Dominicanos Radicados en la Argentina (Amdra). Ante las ramificaciones políticas y diplomáticas que tendría la red, la Procuración General de la Nación estudia realizar una presentación en la ONU para que impulse una investigación en República Dominicana. Llamativamente, el gobierno caribeño no muestra demasiada predisposición para estudiar la maniobra originada en su territorio: “Habiéndose ese hecho cometido en Argentina, son las autoridades de ese país las que tienen que tomar cartas en el asunto”, opinó el procurador general dominicano, Virgilio Bello Rosa.
“Estamos juntando información para hacer una presentación ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre Migración para que intervenga en el país de origen de este tráfico”, adelantó a Página/12 Eugenio Freixas, titular de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, de la Procuración, que desde diciembre está brindando protección y asistencia jurídica a seis dominicanas que declararon con identidad reservada en la fiscalía Nº 32, donde se investiga a Máxima Pérez Matos por “amenazas de muerte” y “facilitación de la prostitución”. De las declaraciones de varias de ellas y de las grabaciones que están en poder de la OIM con otros testimonios, se desprenden las siguientes vinculaciones entre la sede diplomática dominicana en Buenos Aires y Pérez Matos, quien aquí se presentaba como presidenta de la seccional argentina del Partido Revolucionario Dominicano (PDR), actualmente en el gobierno:
- “Máxima Pérez Matos vivía metida en la embajada y en el consulado” de República Dominicana que funcionan conjuntamente en el séptimo piso de un edificio de la avenida Santa Fe 830, dijeron. Las mujeres que declararon en la Justicia llegaron al país estafadas por una red de tráfico que les prometió trabajo en casas de familia que nunca consiguieron. Para venir, les cobraban entre 1500 y 4000 dólares. Desde Ezeiza, las llevaban a dos pensiones que regenteaba Pérez Matos, una en la avenida Juan de Garay 3895, y otra sobre Carlos Calvo, en el barrio de Boedo. Como el trabajo esperado nunca aparecía y las recién llegadas se iban quedando sin un peso –les cobraba 250 dólares el primer mes por comida y cama y después 100 dólares mensuales–, Pérez Matos les ofrecía ganarse la vida como prostitutas, ya sea en la calle o en burdeles del sur de la provincia de Buenos Aires. Por mandarlas, Pérez Matos habría cobrado una comisión.
- Algunas damnificadas afirmaron que la prostitución se ejercía en las mismas pensiones y que recibían servicios integrantes del cuerpo diplomático.
- “La cónsul, Amanda ‘Chinchina’ Cabral, visitaba asiduamente la pensión de Juan de Garay”, dijo una de las víctimas.
- Muchas mujeres que llegaban a la pensión “eran mandadas allí por la cónsul”, sostuvo otra.
- En ese mismo domicilio funcionó la sede de la mutual Amdra. Posteriormente la entidad fue trasladada a un departamento propiedad de la “señora Flavia, secretaria de la cónsul, ubicado en Sarmiento 4075 8º piso D, y cuyo teléfono estaba a nombre de Pérez Matos”, sostiene un testimonio. Funcionó unos cuatro meses allí y después se mudó sucesivamente a otras dos direcciones. “El número de teléfono del último domicilio registrado de la mutual está a nombre de uno de los consejeros de la embajada, Nelson Manuel Zambrano”.
- La mutual recibía ayuda monetaria de la embajada. Esto mismo lo reconoció Pérez Matos durante un reportaje reciente en un programa de investigación de la periodista dominicana Nuria Piera que se emitió por televisión en Santo Domingo.
- En agosto último, cuando el presidente dominicano Hipólito Mejía visitó Buenos Aires, la mutual publicó una revista –que se distribuyó en los actos protocolares y posteriormente en la embajada– en la que aparecen artículos escritos por Pérez Matos y dos consejeros de la sede diplomática, Féliz E. Marte Fernández y Zambrano. La revista incluye un cuadrito en el que se aclara que su publicación “no hubiera sido posible sin el apoyo del embajador dominicano Cirilo Castellanos y de la cónsul Amanda Cabral”.
- El consejero Zambrano “ayudaba en la mutual”. “En la semana –declaró una de las dominicanas estafadas– iba tres o cuatro veces, acompañado por Alberto González, quien trabajaba en el Aeropuerto Internacional de las Américas”, en Santo Domingo.
- “Zambrano quedó encargado de la mutual en una oportunidad en que Pérez Matos tuvo que viajar” a una provincia.
- Máxima Pérez Matos las enviaba a hacer los documentos de radicación a la misma abogada que recomendaba la cónsul en la sede diplomática, cuyo apellido es Brujis.
Llamativamente, cuando una semana atrás Página/12 entrevistó al embajador Castellanos y le preguntó si conocía a Pérez Matos, dijo que sólo “de vista” y que no le constaba que fuera titular de la Mutual ni presidenta de la Sección Argentina del partido gobernante. Ante la misma pregunta, la cónsul negó tener una relación frecuente con ella y aseguró que se había enterado “en los últimos días” que esa mujer regenteaba una pensión en el barrio de Boedo (ver aparte).
- La cónsul Cabral y el consejero Marte son padrinos de un sobrino de Máxima Pérez Matos, hijo de su hermana Digna, quien aparentemente estaba en la pensión de la calle Carlos Calvo. Según varios testimonios, la cónsul tuvo hasta hace poco tiempo en su escritorio una foto en la que aparecía con su ahijado y Máxima.
- Una mujer declaró que se presentó al consulado para pedir que la ayudaran a regresar a su país e informó sobre las condiciones de vida deplorables y los abusos que se cometían en la pensión de Máxima con las mujeres, adonde ella estaba viviendo. Le dijeron que con ese problema se habían presentado muchas mujeres y que no tenían fondos para ayudarla. Cuando llegó a la pensión, Máxima estaba enterada de que había estado en el consulado, la insultó y la amenazó con tirarla a la calle.
- Máxima Pérez Matos hablaba por teléfono con Peggy Cabral, hermana de la cónsul, y candidata del PRD a la jefatura de gobierno de Santo Domingo en las elecciones que se realizaron el jueves en la isla caribeña.
Según estimó la misma embajada, en los última década habrían sido traficadas hacia la Argentina más de 5000 mujeres. Venían atraídas por la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar. La explosión inmigratoria ocurrió alrededor de 1998. A pesar de la devaluación de diciembre, durante el verano siguieron llegando nuevos contingentes con mujeres engañadas. En el tráfico no habría actuado una sola organización, sino varias que usufructuaron con la ilusión de las dominicanas de una vida mejor lejos de la pobreza caribeña. Hoy, la mayoría está varada en la Argentina deseosa de regresar a su país, pero sin dinero para pagar el pasaje, cuyo costo ronda los 800 dólares. Algunas versiones indican que habría dominicanas desaparecidas y otras encerradas en burdeles.
Un complot contra dominicanas
A partir de febrero, cuando las denuncias del tráfico comenzaron a aparecer en la prensa dominicana, Pérez Mato regresó a Santo Domingo y en declaraciones a diarios caribeños negó las imputaciones en su contra e insistió en que las denuncias eran parte de un complot para perjudicarlaspolíticamente. Curiosamente, el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Revolucionario Dominicano, del cual Pérez Matos se decía representante en Argentina, negó que aquí haya una seccional del PDR. “Que presente su carta de designación. En Argentina no hay seccional del PRD y si hubiese sido la presidenta ya hubiese sido botada”, señaló Fausto Liz. Sus afirmaciones llaman la atención, sobre todo teniendo en cuenta que en la revista que editó la mutual Amdra cuando el presidente Mejía estuvo en Buenos Aires, los consejeros de la embajada Zambrano y Marte Fernández se explayan ampliamente en sendos artículos sobre los objetivos de la seccional.
En las últimas semanas, por las presuntas vinculaciones diplomáticas y políticas, el tema se convirtió en un escándalo nacional en Dominicana. La oficina de Santo Domingo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) le entregó a la Cancillería de ese país un informe con detalles de las maniobras delictivas y el gobierno le encargó una investigación a la misma embajada en Buenos Aires. “El tema es grave, muy grave y es una de las prioridades de la organización aquí”, destacó Juan Artola, titular de la misión de la OIM al ser consultado por Página/12 sobre el fenómeno del tráfico de mujeres hacia la Argentina. Paradójicamente, en el país caribeño existe un vacío legal para castigar el delito, advirtió Artola. Por eso desde octubre, la OIM tiene en marcha un programa que apunta, por un lado, a impulsar la sanción de legislación que penalice el tráfico de personas y, por otro, para informar a las comunidades más pobres sobre las maniobras y prevenirlas, y en caso de que elijan viajar, estén preparadas para no ser engañadas.
De todas formas, el gobierno dominicano no ha mostrado demasiada predisposición para investigar el tema. El martes, el procurador general de ese país, Virgilio Bello Rosa, descartó que el organismo vaya a iniciar una pesquisa y opinó: “Habiéndose ese hecho cometido en la República Argentina son las autoridades argentinas las que tiene que tomar cartas en el asunto”.
En Buenos Aires hay dos causas judiciales que investigan la existencia de redes de trata de blancas, una en la fiscalía Nº 32, abierta en diciembre, y otra en la Nº 33 a cargo del fiscal José María Campagnoli, iniciada en 1997. En la más antigua, cuyo expediente suma más de 56 cuerpos de 200 fojas cada uno, están imputados el dominicano Manuel Carrega Lugo, dos de los proxenetas más importantes de Buenos Aires y varios policías. Carrega Lugo está procesado por “promover el ingreso de dominicanas para ejercer la prostitución” y desde hace un mes tiene pedido de captura internacional.