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“No existen puntos oscuros en mi actuación como Presidente constitucional”, aseveró Fernando de la Rúa desde la comodidad de una veintena de páginas presentadas en el expediente sobre la masacre de Plaza de Mayo. En ese texto, al que Página/12 tuvo acceso exclusivo, respondió por primera vez a algunas de las preguntas de los fiscales del caso sobre los asesinatos ocurridos durante la represión del 20 de diciembre. Sin embargo, sus contestaciones no tienen ningún valor legal porque no fueron vertidas durante un interrogatorio en indagatoria. “Me preocupé cuando alguien comentó que la televisión hablaba de dos personas fallecidas”, es la frase más cercana a los homicidios que De la Rúa se permitió redactar. Pero como su secretario de Seguridad Enrique Mathov, se lo desmintió llegó a la conclusión de que “la televisión no era necesariamente creíble”. Y a continuación abundó en afirmaciones y desmentidas que sumadas terminan debilitando la defensa que vienen haciendo los demás ex funcionarios imputados sobre la actuación del gabinete delarruista durante sus últimas horas en el gobierno de la República.
Aunque la jueza María Servini de Cubría decidió esperar la resolución de la Cámara Federal sobre las apelaciones del caso (ver aparte) antes de resolver si lo interroga o no por los cinco asesinatos de aquel día en que salió eyectado del poder, De la Rúa decidió hablar. “Los señores fiscales insisten en interrogarme”, se quejó en alusión a Patricio Evers y Luis Comparatore, quienes insistirán por cuarta vez ante Servini sobre la necesidad de llamar a indagatoria al ex presidente para que responda sobre la muerte de Carlos Almirón, Gustavo Benedetto, Marcelo Rivas, Alberto Márquez y Diego Lamagna. A través de sus abogados Zenón Ceballos y Miguel Almeyra, el ex presidente presentó el escrito en el que dedica 13 de las 20 carillas a volver a explicar por qué las detenciones practicadas durante el estado de sitio no fueron ilegales. “Se ataca la forma en que el Presidente ha ejercido potestades constitucionales que le son propias y excluidas por lo tanto del control judicial”, se defendió.
A juzgar por las contradicciones que surgen en relación a los argumentos de los demás ex funcionarios imputados, todo indica que carecen de una estrategia común. Lo primero que llamó la atención de los investigadores del caso es que De la Rúa niega el argumento esgrimido por Mathov para justificar la represión. En su primer descargo, la noche del 20 cuando tuvo que acudir al juzgado de Servini, el ex funcionario adujo que tenían “información de inteligencia” sobre la posible toma de la Rosada. “No se me dijo sobre esa intención o ese peligro”, señaló De la Rúa. Y transcribió la inquietud de los fiscales por saber con qué información contaba su Gobierno en relación a la “existencia de grupos organizados que tenían como intención ingresar a la Casa de Gobierno o al Congreso Nacional”, porque “ese, dicen, fue ‘el motivo alegado para comenzar el operativo policial de desalojo de la Plaza de Mayo’”. La cita pertenece al dictamen de Evers y Comparatore ¿El motivo alegado por quién? En realidad, la afirmación fue tomada por los fiscales del descargo de Mathov.
“Saber lo que pasó”
Bajo ese subtítulo, De la Rúa se contradice sucesivamente. “El ministro del Interior me informó que la noche del 19 algunos grupos quisieron entrar a la residencia presidencial de Olivos. Esto no excluye que los organismos de seguridad tuvieran datos o análisis de posibles acontecimientos”, relató. Pero remató diciendo que “al terminar esa tarde algunos colaboradores comentaron la situación de peligro que yo no conocí hasta ese momento. He venido a saber después que esos manifestantes querían superar las vallas y acceder a la Casa de Gobierno y al Congreso”. Cuando los investigadores leyeron este párrafo no pudieron evitarpreguntarse si el ex presidente “¿sabía, no sabía o supo tarde?”, y si el presunto objetivo de los “grupos” era la Casa Rosada u Olivos.
“El Gobierno no dio orden alguna sobre cómo actuar, ni hubo decisiones sobre modos de obrar, o reprimir, o prevenir, ni reuniones con ese fin”. Esta afirmación se contrapone a varias declaraciones no sólo de funcionarios políticos sino también policiales. Y culmina asegurando que la orden de ubicar a los manifestantes detrás de la valla situada a la altura de la Pirámide de Mayo, partió de la jueza Servini de Cubría, cuando se hizo presente ese mediodía en el histórico paseo. “No hubo un operativo para desalojar la Plaza y por ello tampoco un ‘motivo alegado’ para hacerlo”, concluyó el ex presidente. La magistrada había precisado en su momento a este diario que sólo pidió que cesara la represión. “Entendí que al ubicar a los manifestantes tras la valla hacia el Cabildo la situación se resolvería de la mejor manera, en ningún momento me llegó información de situaciones graves o ilegales”, recordó. Aquí se nota la mano de sus defensores porque si admite que sabía lo que estaba pasando, los fiscales pueden aplicar su teoría de la comisión de delito por omisión. Es decir, que De la Rúa no hizo nada para evitar la masacre cuando desde su cargo debía y podía hacerlo.
Cuando llegaron a esta parte del escrito, los investigadores deslizaron un comentario alusivo al grado de autismo del ex jefe del Ejecutivo. “Esa mañana nada hacía pensar en una jornada con problemas graves. Se ignoraba que podían venir manifestantes organizados”, confesó el ex presidente. En el expediente hay constancias de que la Policía Federal organizó un operativo con relación a las marchas previstas por grupos sindicales y piqueteros. Pero los investigadores consideran que De la Rúa falta a la verdad cuando sostiene que la policía acató las órdenes de la jueza porque si la represión hubiera cesado, como pidió Servini, no se hubieran producido las muertes. Tras confesar que se preocupó cuando escuchó esto en las noticias televisivas recordó: “Mathov verificó con el jefe de Policía y me dijo que “no era así. No es contradictorio (sic). No los había en la información oficial. La televisión, que llegó a hablar de ocho a treinta muertos, no era necesariamente creíble (...) Recién a la noche hubo confirmación del lamentable saldo, inesperado, doloroso y sorprendente”. Esto también puede ser rebatido desde el expediente judicial porque Santos aseguró en su declaración indagatoria que hubo una segunda comunicación con los funcionarios de la Casa Rosada para rectificar la inicial desmentida en cuanto a los asesinatos.
De la Rúa insistió en que “no hubo ninguna instrucción política de arrestar indiscriminadamente ni de practicar detenciones arbitrarias”. Sin embargo, los jefes policiales que declararon en la causa coincidieron en que habían recibido una orden del Gobierno en tal sentido. Pero más gráfico es el testimonio del comisario Norberto Gaudiero quien declaró que el ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, recibió una llamada a su teléfono celular, mientras se encontraba en la sala de situación de la Policía Federal, y apenas cortó la comunicación anunció: “Hay que hacer detenciones”. El ex presidente trató de beneficiar a Santos al afirmar que durante su mandato “jamás hubo un preso político ni se persiguió a nadie por sus ideas, por eso el señor jefe de Policía seguramente no ha ordenado detenciones ilegales, arbitrarias o indiscriminadas”.
¿Por qué no es válido legalmente tanto esfuerzo argumentativo? De la Rúa responde cuestiones por las que “oficialmente” Servini aún no lo imputó. Pero prefirió adelantarse dado que ahora son los camaristas quienes tienen la palabra. Y decidió mostrar su juego.