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Los hermanos Pili entraron a la agencia de turismo de Moreno y Mitre en el centro de Mar del Plata el 11 de julio. Uno empuñaba una Browning 9 milímetros con seis cartuchos en la recámara, el otro una Ballester Molina 1125 sin proyectiles. Le sacaron al cajero 40 pesos. Los detuvieron en plena fuga cuadras más tarde. El juicio se hizo en tiempo record: el 14 de julio los condenaron a tres y cuatro años de prisión por “tentativa de robo calificada”, en el marco de un plan piloto de la Provincia de Buenos Aires para acelerar los procesos judiciales. El fiscal Marcelo Blanco, que condujo el caso, explicó en diálogo con Página/12 los beneficios y peligros del nuevo sistema: “Para los delitos menores no va; sirve para garantizar el derecho de celeridad en delitos más graves, permite resolver en tres días lo que de otro modo llevaría año y medio”.
El plan piloto funciona desde el 4 de julio para delitos cuyas condenas no superan los 15 años de prisión. El autor debe ser detenido in fraganti, es decir cuando está cometiendo el delito o inmediatamente después. Por el término de seis meses, la provincia evaluará el funcionamiento del programa, que está en manos de jueces de Garantía y seis fiscales de Flagrancia con turnos rotativos de 24 horas. “Es una copia de un programa desarrollado por los chilenos –dice Blanco–, que lo copiaron de nuestra reforma del Código Procesal: una copia de la copia.”
Esta modalidad funciona en Chile desde el año 2000. El Centro de Estudio de Justicia para las Américas (CEJA) y el Instituto de Estudios comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) propusieron implementarlo aquí a través de un convenio con el Ministerio de Justicia, la Suprema Corte bonaerense y la Procuración de la Provincia. Después de una capacitación acá y en Chile, Mar del Plata se convirtió en el primer territorio de pruebas. Y la Fiscalía de Blanco, en uno de los parámetros.
Su despacho recibió la causa de José Antonio y Damián Pili, de 33 y 22 años, respectivamente, el mismo día del robo. Tras el asalto, los muchachos huyeron de la agencia espantados por los gritos de una cliente. Pararon un taxista al voleo que, tras un rato de charla, se dio cuenta de que los hermanos estaban en problemas. En la esquina de Rioja y Alberti, el taxista hizo un juego de luces a un auto de policía antes de lanzarse desde el vehículo en movimiento. Los policías detuvieron a uno de los Pili en el auto y al otro a cien metros mientras escapaba a la carrera. Los dos habían pasado una temporada previa en la cárcel de Batán.
Blanco los convocó al día siguiente para la primera etapa del juicio acelerado: la declaración. Tras esa instancia, el programa prevé que el detenido regrese a los cinco días para una primera audiencia, en la que las partes (el defensor y el fiscal) comunican sus posturas verbalmente. El acusado puede pedir en la audiencia un juicio abreviado, llegar a un acuerdo con el juez y obtener una pena. Si no hay consenso, vuelve a una nueva audiencia veinte días después, instancia que puede prorrogarse otros veinte días. Si esta vez tampoco hay acuerdo, la fiscalía concluye la audiencia con el pedido de elevación a juicio oral.
El martes 12, los Pili se negaron a declarar, pero llegaron a la primera audiencia oral dos días más tarde dispuestos a un acuerdo. No hubo testigos ni testimonios; sólo ellos, el fiscal, el juez de Garantías Roberto Herrandonea y la defensora oficial Cecilia Boeri. Al cabo de la audiencia, el juez condenó a José Antonio a 4 años y 10 meses de prisión y a su hermano a 3 años y 4 meses. En un procedimiento ordinario, hubiesen demorado un año y medio para obtener una condena probablemente cercana a los siete años de prisión si la causa terminaba en un juicio oral con presencia de testigos, víctimas y policías.
“No es una solución de fondo”, dice Blanco, preocupado particularmente por los detenidos por delitos menores como hurto o resistencia a la autoridad. El nuevo sistema aumenta la presencia de detenidos en comisarías, ya que todos deben permanecer presos, al menos, hasta la primera audiencia con el fiscal. “No estoy ni 100 por ciento en contra ni 100 por ciento a favor —dice el fiscal–, hay que esperar.”