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Diego Sánchez Cabezudo cree que sería una inmoralidad rechazar la propuesta: “¿Te imaginás? –dice– La gente se mata por 150 Lecop y a nosotros nos dan 880 euros”. Sánchez Cabezudo partirá este domingo a España con un contrato de trabajo como guardavida. Es uno de los 29 que saldrán en estos días desde Mar del Plata hacia el mismo destino. Un empresario valenciano llegó en enero, como Papá Noel: dispuesto a llevárselos con contrato y garantías para cuatro meses de trabajo. La camada de argentinos llegará en un momento clave: España espera 60 millones de turistas esta temporada y en algunas provincias como Valencia ahora les exigen socorristas matriculados a los concesionarios de playas públicas y privadas.
Antonio Luis Campos es el dueño de Acuaservis, una empresa dedicada a la seguridad y actividades acuáticas. En enero se subió a un avión para indagar el mercado de guardavidas argentinos. Hasta ese momento sabía lo que puede saber cualquiera de sus colegas: según las estadísticas que miden el porcentaje de víctimas fatales en relación con el tipo de mar y el carácter climatológico de la región, los argentinos estaban entre los mejor posicionados. A un puesto de Australia: los mejores del mundo. A partir de ese momento, Campos tenía dos opciones: o elegía a los mejores en sus playas o elegía argentinos.
–Siempre tuve bastantes buenas referencias de los que trabajaron en España, son bastante profesionales y además sabía que no estaban pasándola demasiado bien en el país.
Dice Campos a Página/12, aunque no menciona otro de los factores: costos. “Obviamente le van a salir más barato los argentinos”, dice ahora Sánchez Cabezudo, demasiado entusiasmado como para criticar al español por estos detalles. Como 27 de los treinta que empezarán a viajar desde este domingo, él forma parte de la agrupación Horcas Libres, una asociación que nuclea a los guardavidas públicos de Mar del Plata. El empresario español tomó contacto con ellos a través de Guillermo Tito, el encargado del área de Seguridad en Playas Públicas del Partido de General Pueyrredón. Eso ocurrió en enero; cuatro meses después había treinta guardavidas corriendo por los pasillos del Consulado de España en Buenos Aires para legalizar los papeles.
“Al final, terminaron anotándose 90 personas, pero respetamos el orden de la lista”, dice Tito, que ya especula con una estructura internacional para el año que viene: “Queremos hacer un tratado de cooperación internacional con Valencia, no sólo ya para brindarles el servicio de socorro sino para cubrir otras áreas”.
Mientras llega ese momento, los argentinos se preparan para pasar sus primeros tres meses lejos de la costa Atlántica. Excepto Sánchez Cabezudo, ninguno de ellos estuvo trabajando fuera del país, y últimamente ni siquiera adentro: “Si hasta yo mismo –dice Cabezudo–, que desde el verano vengo trabajando en la construcción, terminé en la ruina por el corralito”. En su caso, eso es lo que hace desde el ‘96: en el verano está en la playa y durante el año, si hay dónde, levanta casas. Por todo eso, cuando conoció la propuesta no lo pensó: “Duele y jode dejar a tu familia, pero hoy es casi inmoral no aceptar el puesto”. Más difícil se pone la decisión cuando piensa en los beneficios: “Imaginate –propone–, en España están corriendo a todo el mundo con el tema de los ilegales y las leyes de extranjería y a nosotros nos vienen a buscar, nos pagan y encima nos hacen un contrato en blanco”.
Vivirán tres meses en los alrededores de San Juan, donde están las zonas de playa de Alicante que tendrán que vigilar. Apenas dejen el avión, alguien los llevará hasta los departamentos ya reservados: 120 dólares por mes, con las garantías y el adelanto cubierto por la empresa.
Hasta ahora, los baños en esa zona de la costa española eran protegidos con gente de la Cruz Roja. Los socorristas no permanecían en la playa, sólo hacían paseos como medida preventiva. Esos puestos fueron cubiertos en general por estudiantes, y España nunca se ocupó de fomentar escuelasde instrucción para profesionales. El cúmulo de juicios de familiares de ahogados obligó a los distintos estados a reflotar una vieja legislación que no era de aplicación obligatoria. En ese escenario entran los argentinos: mano de obra fresca, calificada y necesaria.