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Nada hay en el horizonte del triple crimen de Cipolletti. Nada, al menos teniendo en cuenta las últimas declaraciones del juez Pablo Torres: “No tenemos a David Sandoval en la causa”, dijo ayer en una ambigua desmentida. Es más: negó que el identikit divulgado en la provincia por la policía sea el que realmente usan para buscar al sospechoso de masacrar a tres mujeres. Después de la desmentida de Torres, nadie sabe muy bien qué es lo que busca tanto la policía rionegrina con unos diez allanamientos realizados siempre en barrios periféricos de la ciudad de los asesinatos y de General Roca. Ayer en un rancho encontraron un revólver calibre 22, el calibre que usó el “psicópata” que disparó hasta a la mujer mayor que sobrevivió al ataque: Ketty. “Ella contará todo, es una mujer de fierro”, graficó a Página/12 Julio Arriaga, el intendente que ayer estuvo en Buenos Aires reunido con el secretario de Seguridad, Juan José Alvarez. Arriaga, en medio del desconcierto de ayer, amenazó al gobierno provincial con una “rebelión fiscal” que ya le puso color político al caso.
La historia de un ex interno del Instituto Santa Genoveva de Neuquén que hace diez años había sido atendido por la psicóloga asesinada Carmen Marcovecchio le puso a la investigación un pronto nombre y apellido el último domingo. Como publicó este diario ayer, el joven de 26 años estaba dotado de varias de las clásicas estigmatizaciones con que se suele construir la figura de un criminal: pobre, con problemas con la ley, abandonado por la familia, homosexual, violado durante la adolescencia, drogadicto. Al menos todo eso fue ratificado por una fuente judicial el lunes. Sin embargo ayer, amén de no meterse con las preferencias y la clase social del supuesto sospechoso, el juez Torres negó que sea el hombre más buscado del país. Se entiende entonces que la policía busca a otro, porque el mismo magistrado había dicho el día anterior que “lo buscamos por todos lados porque estamos desesperados”.
Dos posibilidades quedan luego de sus dichos de ayer. Una es que realmente no haya más que simples datos que invitan, desde el prejuicio, a la sospecha de que una persona como Sandoval solo por haber sido paciente de la terapeuta podría ser el asesino. O sea: que demasiado acelerado por la presión que hay en torno al caso, esa posibilidad haya tomado cuerpo pronto, y más temprano que tarde el magistrado haya decidido enmendar lo que de continuar sería un escandaloso error. La otra, según fuentes cercanas a la investigación, es que el juez esté intentando enviar un mensaje que tranquilice al prófugo, que lo haga cometer algún exabrupto en su huida, para que la policía pueda dar con él, algo que se intenta, al punto de que ayer fueron diez los allanamientos en el Alto Valle de Río Negro. El movimiento más intenso de los sabuesos fue en la zona norte de General Roca, en el barrio Nuevo, donde entraron a por lo menos cuatro casas. En una de ellas encontraron un calibre 22 y un cuchillo que secuestraron. Claro que los peritos deben determinar todavía si se corresponde con los que fueron usadas en el crimen.
La desmentida de Torres es harto extraña, si se tiene en cuenta que el día anterior había contestado a los periodistas en ronda que “buscamos al autor por todos lados porque estamos desesperados, si se quiere, por sacar adelante la causa”. La desesperación del juez tiene lógica: no sólo que trabaja bajo el fuego cruzado entre el gobernador Pablo Verani, del radicalismo y el intendente Arriaga, del Movimiento Patagónico Popular; sino que él mismo es blanco de las críticas de los familiares de víctimas de crímenes irresueltos en la ciudad en que la muerte violenta parece corriente. Torres tiene mal currículum: trabajó en el doble crimen de Río Colorado –nunca esclarecido–, y lo peor, en la investigación de los asesinatos de la bioquímica Ana Zerdán y de la kinesióloga Ana Del Frari. Torres admite que trabaja en las similitudes que podría haber entre el asesinato de Del Frari y estos crímenes.