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En la Avenida del Libertador y Bullrich funciona desde hace cuatro años, en forma irregular, un local gastronómico, construido sobre terrenos fiscales, que nunca fue habilitado por el gobierno porteño. Pese a que la denuncia fue formulada por un vecino poco después de la inauguración, el local nunca fue clausurado. Ahora, un decreto firmado por el jefe de Gobierno ordena la demolición del bar-restaurante. Es que ese sitio –ubicado apenas a cien metros del lugar donde, hace dos semanas, hubo un escape de gas que alarmó a todo ese sector de Palermo– formará parte del denominado Parque Lineal que se construye en forma paralela a las vías del Ferrocarril San Martín. Según las autoridades porteñas encargadas del control, hay decenas de lugares en la ciudad que funcionan, como esta parrilla, sin habilitación y en condiciones irregulares: “Son los que fueron concesionados por el Estado nacional, antes de la autonomía porteña”, dicen.
El local en cuestión es El Parrillón de Recoleta, que no está en ese barrio sino en Palermo, pero cuyo nombre es el mismo de la casa central, ubicada en Junín 1741, cerca del célebre cementerio. El Parrillón de Palermo ocupa el lugar donde estuvo la confitería The Horse, bajo uno de los arcos del ferrocarril. La diferencia, además del nombre, es que los dueños de la parrilla avanzaron más allá del terraplén, sobre terrenos públicos, y construyeron un edificio de dos plantas como ampliación del local. Como si fuera poco, instalaron mesas y sillas al aire libre y habilitaron una playa de estacionamiento, esta vez sí, con un permiso precario otorgado por el gobierno de la ciudad.
La denuncia del irregular funcionamiento del restaurante fue formulada por Marcelo Gey, vecino de Palermo y ex legislador, “a través de una carta documento dirigida al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra”, según explicó a este diario el denunciante. “No tiene planos aprobados por la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro, como deben tener los locales que funcionan en regla en la ciudad”, dijo el vecino a Página/12.
Para el subsecretario de Control Comunal, Federico Peña, éste está lejos de ser el único caso de locales sin habilitación. “Todos los que son el resultado de una concesión del Estado nacional están sin habilitación de la ciudad, porque la concesión implica el uso permitido, que equivale a una habilitación”, argumentó el funcionario. En esa situación están desde los carritos de la Costanera hasta Punta Carrasco.
–¿Y por qué este local nunca fue clausurado? –preguntó Página/12.
–Porque estaba en adecuadas condiciones de salubridad e higiene. Aunque no estén habilitados, la ciudad los inspecciona.
Lo cierto es que El Parrillón funciona sin planos aprobados por la autoridad de control. Sería un asunto menor si no fuera por detalles como que, al lado de la parrilla existe una estación de servicio: una combinación explosiva. Los vecinos, incluso, se preguntan qué hubiera pasado si la rotura del caño maestro de gas –fisurado por una máquina vial hace dos semana– hubiera ocurrido más cerca de las brasas del restaurante.
Lo cierto es que ahora, cuatro años después, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, firmó el decreto que le da 10 días de plazo a los dueños de El Parrillón para desocupar el predio y demoler las instalaciones construidas. En caso contrario, se ordenará el desalojo, “de ser necesario, con el auxilio de la fuerza pública, remitiéndose los muebles a depósitos del gobierno de la ciudad”.