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“¡Sea propietario de una vez por todas! Con Banco Patricios Ud. puede ahora tener su depto terminado...” Silvia Ferraro y Héctor Alessandri todavía guardan el recorte de diario en el que vieron la solución a su necesidad de mejorar su calidad de vida. “Qué lindo regalo de cumpleaños”, había escrito ella junto al aviso, a principios de 1996. Pero el sueño de la casa propia pronto se convirtió en pesadilla. Apenas mudados, los problemas estructurales de construcción del edificio hicieron estallar cañerías, rebasar inodoros, rajar medianeras. Iniciaron un juicio penal que terminó a mediados de año, otorgándole el beneficio de la probation al arquitecto Mariano Bilik y condenándolo a un trabajo comunitario un tanto peculiar: dar clases de arquitectura en el Centro Cultural Recoleta, además de tener que compensar con 20 mil pesos a los damnificados. Los Alessandri no aceptaron dicha suma e iniciaron un juicio civil. Reclaman que les paguen el valor de un departamento como el suyo pero en buen estado. Pero, sobre todo, que se empiece a hablar de “la responsabilidad social que tiene este arquitecto y todos los profesionales cuando hacen trabajos que perjudican la vida de las personas”, un concepto que está claro en el caso de los médicos pero no en otros ámbitos.
Hace 9 años ya, el 25 de septiembre de 1996 para ser exactos, que Ferraro y Alessandri compraron un departamento de 4 ambientes, ubicado en la avenida Belgrano 2462, en el barrio de Congreso.
El edificio era un negocio inmobiliario del Banco Patricios: el banco vendía y financiaba y Construbil SA se hacía cargo de la construcción. Su presidente era el arquitecto Mariano Bilik, a su vez presidente también de la Fundación Banco Patricios.
El mismo día en que la pareja, junto a sus dos hijos, se mudaron empezaron los problemas. “Era un desastre”, dice Alessandri. Y Ferraro detalla: “Los inodoros no estaban calzados y el agua salía por los costados; el caño de conexión al lavarropas estaba obstruido; las puertas no estaban calzadas, la del baño tocaba el inodoro; cuando llovía, entraba agua por la ventana y levantaba el parquet, y también entraba por el hueco del ascensor y llegaba al palier; la medianera se empezó a rajar; la instalación de incendio no estaba conectada al tanque de agua; se rompieron los placares porque estaban por donde bajaban las cañerías de agua que explotaban; los caños eran de plástico; los pisos estaban ondulados”.
Ante semejantes desarreglos, llamaban a Mariano Bilik, un reconocido arquitecto –autor del Dock 8 de Puerto Madero, entre otras obras, y miembro del comité de “mediana generación” de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires–, que “venía y minimizaba todo”, dice Ferraro. Y no sólo eso, “arreglaba algunas cosas y las pasaba como gastos de administración, que estaba a cargo de Administración Yaría”, empresa que había dejado el propio Bilik.
Estos problemas no sólo afectaron a los Alessandri. Ocho vecinos, de los 19 departamentos, se juntaron y presentaron una denuncia, pero después de un año sin ningún movimiento, en diciembre de 1997, tres siguieron adelante como querellantes e iniciaron un juicio penal. El Juzgado de Instrucción Nº 35, del juez Eduardo Moumdjian llevó la causa. Un perito de oficio, designado por el juzgado, concluyó en 1999 que “no se entregó a los compradores lo prometido ni se cumplió mínimamente con sus expectativas dado que el precio pagado, los metros cubiertos entregados, la zona de emplazamiento de la obra –que por hallarse en una avenida importante era impensable que tuviera tan baja calidad– y el respaldo publicitario de la empresa con tantos edificios grandes y emplazados en los mejores lugares de la ciudad. (...) Al ver el respaldo del Banco Patricios en la obra, aunque ignorando la relación familiar entre los banqueros y los constructores, cualquier persona común no tendría porquedesconfiar o suponer que sería defraudada. (...) Generalmente, se realiza un gran sacrificio familiar para mejorar la calidad de vida a través de la vivienda”.
La causa fue calificada como “estafa en concurso real y falsedad ideológica de documento público” ambos reiterados, contra Mariano Bilik y contra el escribano León Isaac Pomeranz, porque además de los problemas de construcción, Bilik hizo pasar una antigua deuda de la casa que ocupaba el terreno antes de la construcción del edificio a los nuevos compradores. Fue Pomeranz quien al momento de firmar la escritura “certificó que los departamentos no registraban deudas, cuando en realidad había deudas de impuesto municipal y de agua de la vivienda anterior”, explica Ferraro.
Página/12 intentó comunicarse con Bilik, pero el arquitecto prefirió que hablaran los letrados: “Para él es una causa terminada, la Justicia ya se expidió”, se limitó a decir su actual abogada, Marcela Fernández.
En junio de este año, la Justicia falló. Encontró a los dos profesionales responsables. Pero como la sentencia que les correspondería es inferior a los tres años de prisión y Bilik no contaba con antecedentes (aunque Pomeranz sí), el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 28, a cargo de Alfredo Olivan, le concedió el beneficio de la probation, una figura judicial que evita llegar al juicio oral. Bilik ofreció reparar monetariamente “en la medida de lo posible” a los implicados, a los que ofreció 20 mil pesos, y haciendo tareas comunitarias en el Centro Cultural Recoleta “vinculadas a su especialidad y teniéndose en cuenta sus antecedentes, como brindarles orientación a los estudiantes de arquitectura, así como también a los diversos artistas, y al asesoramiento para el diseño de las estructuras necesarias para las exposiciones que allí se llevan a cabo”, se lee en el expediente. Su propuesta fue aceptada por la mayoría de los vecinos y por la Justicia, así que por espacio de dos horas semanales y durante dos años deberá llevar adelante esta tarea.
Los Alessandri, sin embargo, no aceptaron los 20 mil pesos ofrecidos por Bilik ni tampoco su propuesta de ayudar en un centro de tanta visibilidad como el Recoleta. “Le pedí al juez que tenga que ayudar a construir un comedor, ayudar a la gente que no tiene recursos desde lo que sabe, pero me dijo que no”, dice Ferraro. Como resarcimiento económico, pidieron 150 mil pesos, con los que poder comprar otra casa habitable. Por el que tienen habían pagado 70 mil dólares. “Queremos un departamento como el que compramos, no éste. Somos ciudadanos comunes, no estamos pensando en perjudicar a nadie, nos sentimos estafados”, dice Alessandri, remarcando su inferioridad de condiciones frente a alguien con el nombre de Bilik, patrocinado en este caso por Jorge Anzorregui.
A pesar de lo dicho por la Justicia, los problemas en el departamento de la avenida Belgrano siguen. En la declaración indagatoria, Bilik había destacado que el edificio fue construido “en un todo de acuerdo con las reglas del buen arte y las normas que regulan la profesión de arquitecto”. Pero lo que dicen vivir cada día los Alessandri parece corresponder a otro mundo. Hace cuatro años que el departamento está en venta pero no consiguen comprador. El día de esta entrevista señalaron que era el segundo que estaban sin agua porque la cloaca se había desmoronado –hasta ser detectado el problema inundó sótano y bauleras, dejando la incertidumbre del daño que podría haber ocasionado en los cimientos– y tuvieron que hacer una nueva. En los nueve años de suplicio, tuvieron que regalar una heladera porque las puertas no tienen las medidas reglamentarias y era imposible hacerla pasar a la cocina; la pared del comedor que da a la medianera está surcada por gruesas manchas de humedad; cambiaron caños; hicieron placares nuevos; se acostumbraron a convivir con peritos, escribanos y personal de mantenimiento de todos los rubros, entre otras molestias. Pero no se resignan.El departamento está en plena infancia pero tiene los achaques de un nonagenario. Por eso los Alessandri iniciaron un juicio civil por daños y perjuicios y están dispuestos a invertir otros nueve años más de su vida para que la Justicia les juegue a favor. “Hay un incumplimiento profesional, el arquitecto tiene una responsabilidad social”, insiste Ferraro, que ha asumido esta lucha personal como una cuestión política.