Más de cien talleres de costura clandestinos, que emplearían a más de mil personas “en condiciones de servidumbre” y en violación de las leyes de Migraciones y de trabajo a domicilio, fueron denunciados ante la Procuración General de la Nación por la Unión de Trabajadores Costureros. La extensa presentación consigna las direcciones de los 108 establecimientos denunciados, y para la mayoría de los casos incluye un informe en el que figuran los nombres de los patrones y también los de las empresas, legales, que, al comprar la producción de esos talleres, “se valen de este sistema para obtener fabulosas ganancias”. Entre los patrones denunciados se encuentra una persona que, como “representante de la comunidad boliviana”, participó en reuniones con las autoridades porteñas. Las denuncias se basan en declaraciones de testigos de identidad reservada, cuyos datos personales quedaron en poder de la Procuración. Además, los denunciantes, pertenecientes a la Cooperativa La Alameda, hacen responsables a los gobiernos nacional y porteño, y al juzgado criminal 14, por el hecho de que “desde hace 48 horas ha sido retirada toda custodia policial, justo cuando damos a conocer el funcionamiento de la red clandestina de talleres”.

La denuncia lleva la firma de Gustavo Vera, presidente de la Cooperativa La Alameda y vocero de la Unión de Trabajadores Costureros. Las leyes que se violarían serían la 12.713, de Trabajo a Domicilio por Cuenta Ajena, que contempla prisión de seis meses a dos años; la 25.871, de Migraciones, con penas de tres a diez años o mayores; también se violaría el artículo 140 del Código Penal, que tipifica la “reducción a servidumbre”.

El relevamiento, efectuado entre setiembre de 2005 y marzo de 2006, abarcó 66 talleres, de los que se registran los nombres de los dueños. Las denuncias fueron efectuadas por “costureros que trabajaron en los mismos”. De otros 42, “denunciados por costureros y vecinos del barrio”, sólo se consignan los domicilios.

Por ejemplo, el de Aranguren al 3700 “emplea a 32 personas de 7 a 1.30 de la madrugada y sábados, de 7 a 14”. Según la denuncia, “en una pieza viven 10 mujeres; pagan 50 centavos el pantalón” y el patrón “arregla con la policía 60 o 70 pesos cada 15 días”. El taller de Ramón Falcón y Portela tiene “más de 30 empleados, todos bolivianos. A ocho, el dueño los trajo por avisos en radios de Bolivia; el resto los recluta en Cobo y Curapaligüe; la policía visita dos veces por semana y cobra cien pesos”. En Bernardo Castañón y Zuviría, los trabajadores “duermen junto a las máquinas” y ganan “300 pesos”. En Rafaela 3779 habría 30 trabajadores, “la mayoría indocumentados”; el dueño “trae gente de Bolivia todos los años. Tiene parientes allá que reclutan”. Según la denuncia, “durante la producción los chicos están encerrados en piezas donde incluso deben hacer sus necesidades”. Este taller ya había sido clausurado “el 2 de diciembre de 2005”, pero “a fines de 2005 seguía trabajando”.

En Tilcara al 2100, los empleados “duermen en marineras, una al lado de la otra. Algunos en el piso. A veces el dueño salía y los dejaba encerrados, incluso fines de semana”. En Rafaela al 3800 hay “un solo baño en malas condiciones” y la comida es “arroz y fideos en poca cantidad”. En Miranda al 4800 trabajan 42 personas, “en negro; cinco argentinos y el resto bolivianos. Los casados viven en una habitación separada por una cortina de la de las mujeres solas. Hay ocho niños encerrados, se les prohíbe salir a jugar al patio”. El taller cuenta con “24 máquinas de última generación”, incluso “computarizadas”.

En Coronel Cárdenas al 2000, “la policía suele avisar cuando está por llegar alguna inspección; entonces el dueño rota las máquinas entre tres talleres de similares condiciones”. Los empleados “trabajan en las mismas piezas en que viven junto a los niños. No los dejan salir ni al hospital cuando se enferman los niños”. En Juan Bautista Alberdi al 6100, “una embarazada trabajó hasta el día del parto y a la semana tuvo que volver aunque tenía prescripción médica de no trabajar. Le prohibían atender al bebé en horas de trabajo”.

En Lacarra al 1200, “a veces no había desayuno” y la comida es “arroz y salsa con grasa”. El patrón del taller de Pasaje Lamar al 100 “toma gente por avisos en Radio Latina (FM 91.9)”. En el taller de Portela al 1200, “los obreros deben consumir compulsivamente en el mismo bar del dueño”.

El dueño del taller de Murato al 900 sería, según la denuncia, Isaac Laura, quien hace pocos días participó, como representante de los dueños de talleres, en una reunión de dirigentes de la comunidad boliviana con ministros del gobierno porteño. En su taller, según la denuncia, “la jornada de trabajo es de 7 a 22” y “las condiciones de vida son similares a las de otros talleres; los costureros cobran 550 pesos y los ayudantes 400”.

En Aquino 5526 funciona una firma que “obtuvo por medios ilícitos los softwares que se usan para bordar logos originales de las firmas Adidas y Nike, entre otras”; trabajaría con dueños de talleres y “la operación consiste en incorporarles a las máquinas el programa computarizado que permite la falsificación”. La denuncia por este caso fue efectuada ante la Secretaría de Seguridad porteña, que ayer clausuró el establecimiento.

Estos talleres clandestinos venderían a su vez su producción –según la denuncia– a “fabricantes de primer nivel, como Graciela Naum, Lacar, Montagne, Rusty, Cocorayado, Portsaid, Rash, entre otros, que se valen de este sistema para obtener fabulosas ganancias”. La denuncia menciona también a las firmas “Kosiuko, que tiene varios locales, incluso en Galerías Pacífico y Shopping Devoto; Camico, con local en la calle Avellaneda; Chorus Line, del Once; Andy, del Once; Capitu, de la calle Avellaneda; Gabucci, Vagos, Angela, García, DM3, Seis by Seis, Pamplinas, By me, By Simons, Escasso, Lidase, Belén, Batalgia, Yakko, Dani, MC Básica, MHC Camisas, Aleluya, Yessi, Zenoba, Cossas, Jomagui, Maibe, Leed’s, Mela, Fiers, Ciclo, Manía, Perdomo, Viñuela, Denitro, Zaf (de Flores), Criger, Rash (con locales en Córdoba, Caballito y Belgrano), ND y otras.

Gustavo Vera destacó que “el problema no debe centrarse en una colectividad, sino en un funcionamiento del capitalismo avanzado que se expresa también en otros lugares del mundo, como el sudeste asiático”.