“Antes de hacer esta denuncia nos tomamos un tiempo, con la expectativa de que el gobierno porteño desarrollara un plan de reinserción laboral para las más de mil de personas afectadas, pero vemos que empieza a pasar la ‘moda’ de ocuparse de esto, que las clausuras fueron por infracciones secundarias y que, como no se secuestran las máquinas, el resultado es que el dueño se muda, con sus máquinas y sus esclavos, a otro local”, afirmó Gustavo Vera, vocero de la Unión de Trabajadores Costureros.

Esta entidad “apoya el proyecto de ley presentado por Diego Kravetz (legislador kirchnerista), que propone confiscar la maquinaria de los talleres allanados, a fin de otorgarla a los costureros para trabajar en cooperativas, ya que corren el riesgo de pasar de la esclavitud a la marginalidad”.

Además, “hacemos responsables al gobierno nacional y al Juzgado Criminal 14 por la integridad física de los miembros de la Cooperativa La Alameda amenazados en las últimas semanas, dado que fue retirada la custodia policial justo en momentos en que damos a conocer la red clandestina de talleres”.