En un libro que reúne estudios de antropología jurídica realizados por investigadores brasileños y argentinos, Sofía Tiscornia y María Victoria Pita analizan el fenómeno de las organizaciones de familiares de víctimas de la violencia estatal en los dos países y concluyen que en Argentina se construyó “una tradición más igualitarista” que hace que “el familiar haya obtenido una legitimidad política” que le permite “protestar, impugnar y proponer alternativas para discutir el problema”. Las antropólogas, en diálogo con Página/12, sostienen que bajo la influencia de los movimientos formados durante la dictadura, como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, las entidades que se reunieron en democracia para luchar contra el “gatillo fácil” policial “si bien hacen una apelación a la Justicia oficial, en la medida en que esa Justicia oficial no responde, encontraron otras formas de Justicia” como “los ‘escraches’, la movilización, con mantener las banderas, los archivos o la documentación que se va armando. Es otra forma de Justicia, que acompaña o no a la Justicia oficial”.

Las investigadoras afirman que el reclamo de los familiares “es por verdad y Justicia, no es un reclamo de venganza. Es lo mismo que pedían y piden los familiares de las víctimas de la dictadura”. En el libro se presenta, como caso testigo, la detención y muerte del joven Walter Bulacio, en abril de 1991. La Justicia argentina declaró prescripta la causa en diciembre de 2002 y el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado Argentino en febrero de 2004. Desde entonces se espera la reapertura del juicio contra el ex titular de la comisaría 35ª Miguel Angel Espósito.

En este caso “se puso en cuestionamiento a las razzias, las facultades de la Policía Federal para detener personas sin orden del juez, un tema que es complicadísimo de incorporar a la agenda pública”, porque “buena parte de la población y el Poder Judicial creen que eso es una facultad propia de la Policía”. El caso Bulacio, impulsado primero por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y luego también por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), permitió –entre otras cosas– que se derogara el “memorandum 40”, que se aplicaba en la seccional 35ª y que habilitaba la detención arbitraria de jóvenes que, como Walter Bulacio, concurrían a los recitales de rock.

El libro Derechos Humanos, tribunales y policías en Argentina y Brasil, compilado por Tiscornia y Pita, cuenta con la participación de los investigadores brasileños y argentinos Claudia Fonseca, Andrea Cardarello, Carla Villalta, Roberto Kant de Lima, Michel Misse, Lucía Eilbaum, Lenin Pires, María Josefina Martínez y Fabio Reis Mota.

–A priori, todo hace pensar que la violencia institucional es más grave en Brasil que en Argentina. ¿Eso es así?

–María Victoria Pita: El punto no es la cuantificaión real, sino cómo son transitados los procesos de impugnación de la violencia institucional. Si se comparan en términos cuantitativos los datos de muertos por violencia institucional son mucho menores en Argentina. Sin embargo, las formas organizadas de impugnación de esa violencia son muy diferentes.

–Sofía Tiscornia: Aquí hay movimientos de familiares, organizaciones de DD.HH. y anti-represivas que protestan, impugnan y proponen discutir el problema. En Brasil hay muchas más universidades que analizan el fenómeno, hay ONG que proponen reformas o políticas sociales, pero la presencia pública es notoriamente menor. Hay dos estructuras sociales diferentes.

–¿Cómo se expresan esas diferencias sociales en la vida cotidiana?

–S.T.: En Brasil, las diferencias sociales son notorias. Hay un mundo de las favelas y otro no favelados. Dos mundos casi infranqueables el uno para el otro. En Argentina hay una tradición más igualitarista, lo que no significa que haya menos violencia o menos autoritarismo.

–M.V.P.: Ni que el igualitarismo sea real.

–S.T.: Claro, pero es notorio que las organizaciones sociales de los barrios más pobres de Argentina no dudan que tienen derecho a plantarse frente a la autoridad para decir basta. Esto no sucede en Brasil.

–En la dictadura se instaló la figura del “desaparecido”, mientras que en democracia lo que emerge es el “gatillo fácil”. ¿Existe una continuidad de los métodos violentos más allá de los cambios políticos?

–S.T.: No hablaría de continuidad entre dictadura y democracia. Hay diferencias notables. En democracia hay gatillo fácil y violencia, pero no es comparable ni cuantitativa ni cualitativamente con lo que ocurrió en la dictadura. En democracia, el movimiento que impugna es público, actúa en las calles, está en los diarios. En la dictadura también lo hubo, pero fue un movimiento que, muchas veces, actuó en la clandestinidad porque fue perseguido, porque tuvo desaparecidos. Eso no ocurre en democracia.

–M.V.P.: La denominación “gatillo fácil” aparece a mediados de los ’80, pero hay registros anteriores. El “gatillo fácil” se construye como cuestión social por la influencia que tuvieron los movimientos de DD.HH. forjados durante la dictadura, que daban cuenta de la necesidad de impugnar, cuestionar, enfrentar y delimitar la violencia del Estado.

–En el libro, el caso de la muerte de Walter Bulacio en una comisaría es señalado como un caso trascendente. ¿Por qué?

–S.T.: El Caso Bulacio es paradigmático. Ante la muerte de un chico en la comisaría, hubo un movimiento de DD.HH. que estaba trabajando en el tema de las detenciones policiales, que estaba impugnando las razzias, los edictos policiales. Por eso, el movimiento tuvo consistencia, sustancia y argumentos. Cuando ocurre el caso, los diarios empiezan a hablar de edictos, de detenciones por averiguación de antecedentes, del Memorandum 40. Claro que hay un movimiento de estudiantes en la calle, pero está allí tomando los argumentos construidos por los organismos de DD.HH.

–Desde fines de 1983 en adelante se registraron miles de casos de violencia institucional. ¿Por qué el Caso Bulacio se destaca cuando todavía no se ha resuelto totalmente, cuando el Estado no ha cumplido todavía con lo que ordenó la CIDH?

–S.T.: Es importantísimo cómo avanzó el caso de un chico apresado durante una razzia que muere en una comisaría. Es seguro que hubo hechos más graves, pero con este caso se cuestionaron las facultades policiales de detener personas sin orden del juez. Poner el tema en la agenda pública hoy es complicadísimo y lo fue antes. El Poder Judicial, el Estado y la población no ponen en duda que la Policía tiene la facultad de detener porque se le ocurre, por sospecha. Que un movimiento anti-represivo y de DD.HH. ponga esa cuestión en la agenda pública es un hecho extraordinario, más allá de las consecuencias inmediatas.

–Volvemos al tema de los familiares. ¿Qué pasa ahora que algunos grupos se han puesto bajo el paraguas del Estado?

–M.V.P.: Lo que interesa es dar cuenta de la figura del familiar en sí mismo. Cómo es posible que familiares de las víctimas, definidos a partir de sus relaciones de parentesco, se conviertan en actores políticos. Y que el valor de presentarse como familiar le dé un plus para su intervención política. Eso no ocurre en Brasil. Los conflictos que se generen después, son conflictos de carácter político en un sentido amplio, que ponen en cuestión el derecho de los familiares a intervenir de una u otra manera.

–Los movimientos de DD.HH. argentinos han logrado que los crímenes de la dictadura sigan siendo juzgados. Eso no ocurrió en países como Chile o Uruguay, con sociedades politizadas y partidos de izquierda fuertes.

–M.V.P.: Eso es algo muy positivo. Lo interesante es pensar qué resortes están funcionando para habilitar a estos actores a intervenir en ese horizonte igualitarista.

–Grupos de familiares, como los de Cromañón, han sido cuestionados por reclamos que se juzgan excesivos. ¿Cuál es el rol de la Justicia, en la medida en que las condenas están por debajo del nivel y de las denuncias?

–S.T.: Lo interesante es pensar que en este país, si bien hay una apelación a la Justicia oficial, en la medida en que esa Justicia oficial históricamente no responde, hay otras formas de Justicia. Eso tiene que ver con los escraches, con la movilización, con mantener las banderas, con los archivos, con la documentación. Es otra forma de Justicia, que acompaña o no a la Justicia oficial, pero que tiene visibilidad pública.

–¿Por qué no se llegó a una sentencia en el caso Bulacio?

–S.T.: No solamente porque pudo haber actores políticos interesados en que no haya Justicia. Quizás no fue por eso, sino por la forma en que está organizado el Poder Judicial en este país. Por eso hubo que apelar al fuero internacional. No llegar a una sentencia o que los casos se archiven, para el familiar de una víctima significa mantener el conflicto abierto para siempre. Ese fue uno de los reclamos históricos de los movimientos de DD.HH. frente a la dictadura: Verdad y Justicia. Eso era lo que el Terrorismo de Estado les estaba negando. Verdad y Justicia. No era ni es un reclamo de venganza.