El debate parlamentario sobre la legalización del aborto se reanudará la semana próxima en Uruguay. El proyecto de ley, con media sanción de Diputados, habilita a “toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez, ante situaciones de penuria económica, sociales, familiares o etarias que le impidan continuar con el mismo”. En Uruguay se practican anualmente al menos 33.000 abortos, los que constituyen la mayor causa de mortalidad materna.

El proyecto de Salud Sexual y Reproductiva no prevé modificaciones después del tercer mes de embarazo, por lo que, de aprobarse la norma, el aborto quedará habilitado sólo para aquellos casos en que esté en riesgo la salud de la madre o se verifiquen malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina.

Asimismo, la iniciativa, que en la Legislatura pasada fue sancionada por la Cámara de Diputados, prevé la “objeción de conciencia” de los médicos que se opongan a esta práctica. “Es hora de un debate con tolerancia, respeto y evidencia científica que se plasme en una nueva norma”, instó la senadora de la coalición oficialista Frente Amplio (izquierda) y cardióloga, Mónica Xavier, una de las impulsoras de la propuesta. “El aborto se ha utilizado históricamente en Uruguay como un método de anticoncepción, por lo que aspiramos ante esas situaciones a ganar en seguridad sanitaria, salvaguardar la vida de la mujer y evitarle consecuencias de salud”, agregó.

El presidente Tabaré Vázquez es un firme opositor al aborto y ha amenazado con vetar la ley de Salud Sexual Reproductiva si es aprobada por el Parlamento. Por su parte, el titular de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Pablo Galimberti, se mostró confiado en que “el actual proyecto de grupos feministas radicales no prosperará”. “Han encontrado una barrera donde menos esperaban. Cuando fuimos a saludar al presidente de la República, tras su asunción (el 1° de marzo de 2005), nos dijo que él como médico no estaba dispuesto a darle aprobación”, señaló el obispo a la agencia AFP.

El diputado del opositor Partido Colorado (centroderecha) Washington Abdala estimó que “ni por casualidad existe mayoría parlamentaria” para aprobar el proyecto y advirtió sobre la necesidad de someterlo a una consulta popular. Por su parte, la Asociación Uruguaya de Planificación Familiar (AUPF) se pronunció en defensa del derecho de libre elección de la mujer y destacó la función de asesoramiento que desarrolla la policlínica instalada en el hospital materno-infantil público Pereira Rossel, donde se produce el mayor número de nacimientos del país.

“Su cometido es la reducción de riesgos, la exposición de alternativas y la orientación a los sistemas de apoyo social, como cursar los embarazos con determinado sostén o dar en adopción, pero nunca se incide en la decisión de la madre”, apuntó Sandra Misol, coordinadora de programas de salud de AUPF. “La penalización (del aborto) no ha logrado evitar el riesgo, por lo que consideramos imprescindible el acceso de toda mujer a los sistemas de salud, para que eventuales interrupciones de los embarazos se realicen bajo las mayores garantías sanitarias”, agregó.

En Uruguay se consuman anualmente 33.000 abortos, según datos que manejan el Parlamento y la AUPF. No obstante, fuentes judiciales estiman que la cifra real es más del doble, producto de la acentuada práctica clandestina, que derivó en 2005 en 47 procesamientos y unas 12 muertes. Entre las 700.000 uruguayas en edad fértil, 56.000 dieron a luz el último año, habiéndose interrumpido 33 por ciento de los embarazos, en tanto que 27 por ciento de las muertes maternas del país obedecieron a abortos en situación de riesgo.