Algunos irán a pie, otros en bicicleta, los más afortunados a caballo. Recorrerán distancias de entre 50 y 200 kilómetros. Llegarán desde toda la geografía chaqueña, en lo que promete ser una inédita concentración de aborígenes en reclamo de sus derechos. Son miles de niños, jóvenes y ancianos de las comunidades tobas, wichí y mocoví que ayer se largaron a la marcha para confluir frente a la Casa de Gobierno de la provincia, en Resistencia. Pedirán el diálogo con el gobernador Roy Nikisch y respuesta al histórico pedido por la tenencia de tierras, entre otras exigencias. En el gobierno provincial dicen que el diálogo ya está abierto.

El reclamo de los aborígenes en Chaco se intensificó en las últimas semanas. Después de las protestas por las inundaciones que afectaron amplias zonas que ocupan las comunidades indígenas, llegaron los cortes de rutas para exigir la regularización de la propiedad de las tierras que habitan desde hace generaciones.

Días pasados, representantes de las comunidades presentaron sus denuncias en Buenos Aires ante el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el ex presidente Raúl Alfonsín y el subdirector de Tierras y Hábitat Social, Luis D’Elía, entre otros.

Los aborígenes presentaron un petitorio donde reclaman la renuncia del intendente de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, por “racismo y mala distribución de alimentos durante las inundaciones”, según explicó Orlando Charole, presidente del Instituto Aborigen de Chaco (Idach). El pliego de pedidos incluye el aumento del presupuesto de ese organismo, la entrega de 500 viviendas anuales a familias aborígenes y de territorios con títulos de propiedad, el cumplimiento de la ley de adjudicación de tierras y la “inmediata relocalización de criollos que ocupan 140 mil hectáreas pertenecientes al pueblo toba”.

También solicitan la intervención del Instituto de Colonización “por la entrega ilegal de tierras en los últimos diez años”, señaló a Página/12 Egidio García, cacique de la comunidad toba y secretario general del Idach. “Exigimos la nulidad de la adjudicación de tierras fiscales por parte de ese instituto desde el ’95 hasta la fecha, que serían alrededor de 2 millones de hectáreas pertenecientes a reservas indígenas y ecológicas que fueron vendidas. Hace cinco meses que pedimos diálogo con el gobierno”, se quejó Charole.

En tanto, el subsecretario de Gobierno y Justicia de Chaco, Luis Peche, aseguró que “estamos en diálogo permanente con distintos dirigentes indígenas y vocales del Idach. Actualmente en Chaco hay una política que contempla a las comunidades. Hay muchas cosas que se están haciendo pero es un proceso, no se da de un día para el otro. En el Chaco fueron entregadas ya alrededor de 240 mil hectáreas escrituradas a comunidades aborígenes y 196 mil más a asociaciones”.

“Recibimos el petitorio, trabajamos en él e invitamos la semana pasada al presidente del Idach a tratar los puntos con los responsables de cada área, pero no se presentaron en las dos audiencias. En una de las oportunidades ellos pidieron audiencia justo cuando el gobernador Roy Nikisch estaba en España. Además, mucho antes de los cortes, el ministro de Gobierno concedió una audiencia al presidente del Idach, quien no pudo asistir a la reunión”, comentó Peche y subrayó: “El diálogo sigue abierto. Me duele que no se quiera dialogar”. Peche indicó que “no son ciertas las denuncias sobre el Instituto de Colonización, porque de los aborígenes no se ha tocado una hectárea”.

Las comunidades, sin embargo, tienen otra visión. “La marcha hacia la capital chaqueña está impulsada por el Movimiento Indígena de Chaco y partió desde cuatro puntos: el empalme de Ruta 11, a 50 kilómetros de Resistencia; la localidad de Castelli, a más de 200; Quitilipi, a más de 130, y Villa Angela, a más de 250 kilómetros”, explicó García. “Este Estado, a esta altura, no ha demostrado diálogo, se ha convertido en un gobierno racista.” García explicó que “como indígenas es la primera vez que se hace una protesta de esta dimensión. Para ello coordinamos con otras organizaciones indígenas y otros sectores sociales. Creemos que este fin de semana estaríamos frente a la Casa de Gobierno, pero eso depende de las asambleas, que son las que deciden. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar acampando, será hasta que nos reciba el Gobierno. Somos un pueblo pacífico, pero dijimos basta”.