La Cámara de Diputados aprobó por 168 votos a favor y solo uno en contra el proyecto que establece la educación sexual obligatoria en las escuelas de todo el país, desde el nivel inicial hasta el terciario. La norma, que ahora pasará al Senado, crea el “Programa de educación sexual integral”. La iniciativa contó con el respaldo de todos los bloques, incluso de aquellos que tradicionalmente se opusieron a su implementación o pretendían ponerle fuertes condicionamientos.

La norma establece que la educación sexual deberá ser incorporada a todos los establecimientos públicos y privados de las jurisdicciones nacional, provinciales, de la ciudad de Buenos Aires y municipales. La autoridad de aplicación del programa será el Ministerio de Educación de la Nación. Según el texto, la educación sexual incluye los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

La norma sancionada contempla los proyectos presentados, entre otros, por la kirchnerista porteña Juliana Marino; María del Carmen Rico, del Peronismo Federal; Marta Maffei, del ARI, y Federico Pinedo, del PRO. Roberto Lix Klett, de Fuerza Republicana, había presentado también su proyecto y no estuvo conforme con el consenso logrado: fue el único diputado que votó en contra.

De acuerdo con la propuesta, todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada. A través de esta norma se propone la creación de un Programa nacional de educación sexual integral en el ámbito del Ministerio de Educación, para incorporar esta temática desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria.

Entre otras cuestiones, la iniciativa establece que el Ministerio de Educación definirá los lineamientos curriculares del programa, aunque cada comunidad educativa podrá incluir en el proceso de elaboración de su proyecto institucional “la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros”. Este punto se refiere a las escuelas religiosas, tradicionalmente opuestas a la incorporación de la educación sexual. Según los impulsores de la ley, a partir de su sanción, esos colegios deberán dar a conocer toda la información (sobre métodos anticonceptivos, por ejemplo), aunque estarán autorizados a dejar en claro su postura ideológica al respecto.

Los objetivos de la ley son incorporar la educación sexual dentro de las propuestas educativas, asegurar la transmisión de los conocimientos pertinentes, promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular y generar la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y varones.

El texto establece que habrá capacitación gratuita de los educadores y fija la creación de espacios educativos de formación para los padres o responsables de los niños.