“El reclamo de la Comunidad Homosexual Argentina me parece justo”, afirmó el titular del Programa Nacional de Sida –a la vez asesor y ex titular del Plan Nacional de Sangre–: el reclamo de la CHA consistió en la presentación de un recurso judicial de amparo, por discriminación, luego de que varios activistas se presentaron a donar sangre en un hospital público y fueran rechazados en virtud del artículo que excluye al hombre que “en los últimos 12 meses haya tenido relación con otros hombres”. La cuestión se enmarca en un importante problema de salud pública: según admiten los especialistas, la sangre trasfundida en la Argentina es de calidad relativamente baja, no por razones de orientación sexual sino porque la mayoría de los donantes, en vez de ser voluntarios habituales, son ocasionales, comprometidos por la enfermedad de un allegado: estadísticamente, esto hace más probable que padezcan alguna de las varias enfermedades que, en su “período de ventana”, pueden transmitirse sin ser advertidas. Ayer el Ministerio de Salud anunció su “disposición a cambiar la normativa” que excluye a gays, abriendo la expectativa de que una enseñanza reconocida en VIH/sida –que la no discriminación es sustento de la prevención– contribuya a encarar mejor el problema de la sangre en la Argentina.

Cinco activistas de la CHA se presentaron ayer –en el Día Internacional de Lucha contra el Sida– en un hospital público, el Argerich, para donar sangre; llevaban resultados de análisis fechados el día anterior en el Hospital Muñiz, que los certificaban como HIV negativos. Cuando, tal como preveían, fueron rechazados como consecuencia de preguntas sobre su sexualidad, se dirigieron a Tribunales, donde presentaron un recurso de amparo, que quedó radicado en el Juzgado Federal N0 9 en lo contencioso administrativo, a cargo de Cecilia de Negre.

La presentación cuestiona, por violatoria de los principios de autonomía, confidencialidad y no discriminación, la Resolución 865/2006 del Ministerio de Salud, que, en reglamentación de la Ley de Sangre Humana, incluye en su cuestionario predonación las preguntas: “Si es hombre: ¿ha tenido contacto sexual con otros hombres” y “Si es mujer, ha tenido alguna vez relación sexual con un hombre que haya tenido contacto con otro hombre?”. Como ejemplo contrapuesto, cita el interrogatorio aprobado en España, donde “nada se dice de la orientación sexual de las personas”: la norma española requiere “la exclusión de personas cuyas conductas suponen riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves transmisibles a través de la sangre”.

El amparo cita también el caso de Brasil, donde “la Justicia resolvió que las donaciones de sangre realizadas por personas homosexuales deben ser aceptadas porque lo contrario es una discriminación”, y el de Bélgica, donde “el ministro de Salud, Rudy Demotte, expresó que es inaceptable descartar a una persona como donante de sangre sólo porque pertenezca a un grupo particular”. En cambio, “hasta ahora la Cruz Roja y otras organizaciones se han negado a aceptar donaciones de sangre por hombres gays: será acusada de discriminación, a menos que su política cambie”.

Daniel Fontana –director del Programa Nacional de Sida y asesor del Plan Nacional de Sangre, del que fue titular durante años– aseguró a este diario que “se está preparando una reunión de consenso entre la Comisión Reglamentadora de la Ley de Sangre y el Comité Técnico Asesor del Programa de Sida para abordar esta problemática. Creo que se llegará a un consenso. En lo personal, estoy abierto a considerar el reclamo de la CHA, que me parece justo y sano”.

No obstante, señaló Fontana, “las normas fueron aprobadas por una comisión de 30 miembros, representativa de las instituciones y sociedades científicas del área. No hubo intención discriminadora y las normas internacionales en general son amplias en cuanto a la exclusión, a fin de preservar la salud de los receptores”. De todos modos, destacó Fontana, “la obtención de donantes más seguros no se va a garantizar por normas, sino a partir de que, mediante la información y la educación de la comunidad, se cuente con cada vez más donantes voluntarios y habituales (ver aparte)”.

Un vocero de la cartera de Salud aseguró que “el ministerio está dispuesto a modificar la normativa: si es posible, antes de fin de año”.