Con la urgencia de quien intenta trepar al tren corriendo atrás del último vagón, la bancada oficialista bonaerense se disponía a votar anoche la reforma al Código Procesal Penal, que incluye la reorganización judicial y del Ministerio Público. Aunque el proyecto trata sobre el tema más álgido y más complejo del estado más populoso del país como es el procedimiento penal, las funciones de jueces y fiscales, y las de los defensores oficiales autónomos (una especie en extinción), la discusión sobre el tema fue nula y podría semejarse a la puesta a punto de un gasoducto: la orden del gobierno de Felipe Solá fue que la ley saliera como por un tubo. En síntesis, diputados y senadores del FPV y el PJ, con la oposición de la UCR y el ARI, votaban anoche la desaparición del Tribunal de Casación, la desaparición del Defensor ante Casación, el reemplazo de tribunales tripartitos por unipersonales y toda una serie de resguardos constitucionales borrados de un plumazo.

Un día antes de que la Legislatura bonaerense dedicara un par de horas nocturnas para aprobar la Ley de Reforma Procesal, el Ministerio de Seguridad de la misma provincia anunciaba la reducción de los índices de criminalidad y delictivos, incluyendo robos, robos de autos y homicidios. Las cifras mostraban, además, un descenso ininterrumpido desde la finalización del período de la mano dura ruckaufista. La reforma que el gobierno de Solá se disponía a votar ayer desconoce las cifras de su propio Ministerio y corre detrás del discurso de la inseguridad ficticia montado por Blumberg y Macri.

El Código de Procedimientos Penal que regía hasta la fecha en la provincia fue producto de una larga etapa previa de discusiones entre especialistas, ONG, juristas y sometido a la opinión pública, y tuvo como artífice al propio Arslanian. Ayer, una carta distribuida entre senadores y diputados, sin membrete y con firma de un auxiliar del ministro de Seguridad, dejaba entrever que Arslanian no tenía nada que ver con el engendro que reemplazará al CPP.

¿Por qué engendro? En un documento consensuado, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) señalaron no desconocer “los graves problemas actuales de funcionamiento del sistema penal y la necesidad de que se impulsen cambios normativos y de prácticas judiciales que reviertan estas falencias”. Pero “tal como se los propone, ciertos aspectos de la reforma planteada resultarán perjudiciales para la provincia, en la medida que no están dirigidos a resolver los problemas político-criminales existentes, no buscan impactar en una mayor efectividad en la persecución de los delitos más graves y tendrán como efecto la pérdida de institucionalidad de la defensa pública, con las graves consecuencias que ello puede aparejar para la defensa de las personas sometidas a proceso, y el resguardo de la garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Las modificaciones más perjudiciales son la anulación de la Defensoría ante Casación, que debilita el ya debilitado sistema de defensa pública, que ocupa el 90 por ciento de las causas que transcurren en la provincia. También, la separación de los tribunales orales tripartitos en unipersonales para causas cuyos delitos contemplen condenas menores a los 20 años. Los especialistas sostienen que el cambio “está inscripto en la lógica del aumento de las penas. La mirada de tres jueces garantiza el equilibrio más que la mirada de uno”, sostuvo un especialista que trabajó en el documento consensuado. También se cuestionó que el gobierno de Solá haya anunciado la reforma como un esfuerzo hacia la oralidad del proceso judicial, cuando en el proyecto no figura ni una palabra en ese sentido. “Al revés –señaló el especialista–, todo está propuesto para afianzar el procedimiento escrito.”

“Es un disparate –señaló el diputado del ARI Horacio Piemonte–. Deja los recursos ante las cámaras de apelaciones, que son departamentales, y anula la Casación, que había sido creada precisamente para unificar criterios y no para apelar. Ahora, cada Departamental podrá tomar criterios diferentes ante hechos iguales. En lugar de reforzar la Casación, la anulan.”

“Hemos hecho reuniones con el Colegio de Magistrados, Casación, la Asociación Judicial Bonaerense, con todas, y es unánime el rechazo al proyecto –señaló Jesús Porrúa, presidente del bloque de senadores de la UCR–. No estamos contra la reforma, sino que no tuvo ninguna discusión previa. Impulsamos un proyecto pidiendo la convocatoria a una audiencia pública pero fue rechazado.”

Ayer, en diputados se aprestaban a votar los impulsores del FPV con la anuencia del PJ. El trámite seguiría como un cine en continuado, en el Senado.