Tal como adelantó Página/12 en diciembre, el gobierno porteño levantó parcialmente la veda que hasta ayer afectó a las construcciones en seis barrios de la ciudad. De aquí en más, en cinco de esos barrios, las empresas que inicien un trámite de obra nueva tendrán que presentar un certificado de factibilidad otorgado por Aguas y Saneamiento Argentino (AySA). Es que en algunas zonas de esos barrios se detectaron –como también informó en su momento este diario– problemas de infraestructura en materia de provisión de agua corriente y servicio de cloacas. Otra de las limitaciones consiste en exigir una evaluación de impacto ambiental para todos los proyectos de edificios de más de 5000 metros cuadrados (hasta ahora el límite era de 10.000) en esos mismos cinco barrios: Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Coghlan y Villa Pueyrredon. Núñez, el otro afectado, quedó eximido de toda restricción. El gobierno también creó un comité integrado por funcionarios y entidades vecinales, que realizará un estudio de impacto global, tal como lo requieren los fallos judiciales que frenaron las construcciones en dos barrios. Con estas medidas, pretenden que los jueces levanten aquellas restricciones.

Además de los controles, el gobierno anunció que AySA se comprometió a invertir unos 260 millones de pesos en las áreas críticas, para mejorar el abastecimiento de agua corriente y el servicio de cloacas, en obras que tienen un plazo de uno a tres años. O sea que si Aysa niega hoy permisos de obra por falta de infraestructura, podría concederlos dentro de tres años, si es que las obras se hacen en término.

El anuncio lo hizo ayer el jefe de Gobierno, Jorge Telerman, acompañado por dos de sus ministros y el procurador general de la ciudad. Lo hizo ante un auditorio integrado por empresarios de la construcción y del sector inmobiliario, y representantes de dieciséis organizaciones vecinales. Aunque no nombró a Juan Domingo Perón, el jefe de Gobierno evocó el concepto de “comunidad organizada”, al referirse a la norma como resultado del debate entre empresarios, profesionales y vecinos.

Además del decreto que firmó ayer –que reemplaza al 1929/06, del 14 de noviembre pasado– envió a la Legislatura el proyecto de Plan Urbano Ambiental, la ley marco a partir de la cual se harán las modificaciones al Código de Edificación de la ciudad, como reclaman los vecinos.

El decreto anunciado ayer pretende resolver el conflicto iniciado meses atrás a partir del reclamo de vecinos de distintos barrios que rechazan las construcciones de gran altura. Su reclamo tiene una doble fundamentación: por un lado, la supuesta deficiencia en la infraestructura, que pondría en riesgo la provisión de servicios públicos a quienes ya viven en el barrio y a los futuros habitantes; por otro lado, reivindican su derecho a mantener el perfil edilicio –por lo general, de casas bajas– del barrio que eligieron para vivir.

En el primer punto se basaron los fallos judiciales que prohíben nuevas construcciones en 16 manzanas de Caballito y en 45 de Palermo. Los informes de AySA les dan la razón a los vecinos en ese punto: “La situación en Caballito Norte y en Las Cañitas es muy crítica”, dijo ayer el ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi. Las áreas conflictivas se extienden a zonas de Villa Urquiza, Villa Pueyrredon y Coghlan. Por eso, estos barrios quedan incluidos en la nueva normativa: para construir edificios de más de 13,5 metros de altura, habrá que tener el aval de AySA. En cambio, no se registran problemas con los servicios de electricidad, gas y teléfonos.

Las medidas anunciadas ayer fueron tomadas con reservas por el sector empresario, mientras que los vecinos mostraron un frente dividido: algunos, como Gustavo Desplats (Protocomunas Caballito), confían en que se trata de “una buena medida para salir de la coyuntura”; otros creen que “no da respuesta a los vecinos”, como opina Mario Oybin, de SOS Caballito.

¿Cómo será el trámite para construir una obra en las zonas en crisis, con el nuevo decreto?

- La empresa constructora debe solicitar un “certificado de factibilidad técnica” a AySA mediante el cual se garantice que es posible el suministro de agua potable y desagües domiciliarios.

- Si AySA lo otorga, la empresa puede empezar a tramitar el permiso. Si no, deberá esperar a que se concluyan las obras que están previstas.

- Si la futura construcción tiene más de 5000 metros cuadrados, se le exigirá una evaluación de impacto ambiental.

El nuevo decreto crea una Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental, integrada por representantes de los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y Gobierno. Este organismo analizará los estudios de impacto ambiental que presenten las empresas, trámite que hasta ahora estaba a cargo de una dirección del Ministerio de Medio Ambiente.

También crea un Comité de Coordinación y Planeamiento de Infraestructura (integrado por Obras Públicas, Espacio Público y los vecinos) cuya misión será elaborar un estudio de impacto ambiental global “para saber cuáles son las consecuencias futuras, no de una obra sino del conjunto de obras que se construyen en un barrio”.

Gustavo Desplats, de Protocomunas Caballito, cree que con los nuevos requisitos “prácticamente no se podrá construir” en su barrio, ya que “la infraestructura está colapsada y AySA no otorgará permisos”. “Es una buena medida para salir de la coyuntura, pero son necesarias medidas de fondo como la modificación del Código de Planeamiento Urbano y la Ley de Impacto Ambiental.” Desplats fue uno de los vecinos que concurrieron a la presentación oficial del decreto.

Su vecino, Mario Oybin, de SOS Caballito –promotor del recurso de amparo que frenó la construcción en un sector del barrio–, cree en cambio que “las medidas no plantean el problema de la fisonomía de los barrios: debía mantenerse la veda hasta que se discutan las leyes para poner límites al negocio inmobiliario”.

Por su parte, Héctor D’Odorico, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, consideró “razonables” las nuevas medidas, pero prefirió “esperar a su instrumentación” para emitir una evaluación.

El decreto no alcanza a las zonas comprendidas por los dos fallos judiciales, donde todavía no se pueden autorizar nuevas obras. Pero el gobierno porteño aspira a revertir esa situación. El procurador general Agustín Zbar presentará hoy el decreto antes los dos juzgados: “En su contenido, la norma resuelve las situaciones planteadas por los jueces, como son el problema de la infraestructura y el estudio de impacto ambiental del conjunto del barrio, por lo cual las acciones devienen en abstractas”, explicó el procurador.

Página/12 había adelantado parte de las medidas en su edición del 23 de diciembre. Al día siguiente, desde el gobierno desmintieron los anuncios a través de un matutino. Pero esas medidas –previstas en principio para principios de enero– terminaron anunciándose ayer, por decreto.