Martes, 20 de febrero de 2007 | Hoy
SOCIEDAD › ORDEN DE DESALOJO PARA UNA EMPRESA DEL RIACHUELO
El Gobierno intimó a una química acusada de contaminar a dejar Dock Sud. Con otra hubo acuerdo para el traslado voluntario. Hoy, Picolotti dará examen ante la Corte. Protesta de vecinos.
Por Eduardo Videla
Las autoridades políticas rendirán examen hoy ante la Corte Suprema, cinco meses después de haber presentado su plan para sanear el Riachuelo. Con una audiencia que fue convocada hace dos semanas, el tribunal muestra su intención de hacer un seguimiento, palmo a palmo, de las promesas formuladas en aquella ocasión por la Nación, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad. La única oradora será la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. El traslado, en marzo, de la primera empresa química de Dock Sud –sobre un total de diez– y la orden de desalojo a otra, que se niega a abandonar el lugar, son algunas de las medidas que mostrará la funcionaria. Ayer, un día antes de la audiencia, Picolotti firmó sendos acuerdos con el Ministerio de Salud de la Nación y las áreas de Educación de las tres jurisdicciones para emprender programas vinculados con la atención de la población afectada y al desarrollo de políticas de educación ambiental.
También ayer, la empresa Dow Química firmó en Casa de Gobierno un acuerdo para dejar de funcionar el 31 de marzo en el Polo Petroquímico de Dock Sud. Será la primera de diez compañías que están emplazadas en un terreno perteneciente a la provincia de Buenos Aires, cuyo permiso de uso se encuentra vencido desde enero de 2006, en salir del lugar. Del acuerdo participaron la provincia, el municipio de Avellaneda y la secretaría de Ambiente de la Nación. Dow Química se trasladará a la localidad bonaerense de Campana.
Con el resto de las empresas, la situación no es tan fácil. La Cámara de Empresas Terminales de Almacenaje de Líquidos a Granel, que nuclea el 70 por ciento de lo almacenado en Dock Sud, mediante un comunicado, asegura que su actividad “no genera contaminación”, ya que “no arroja residuos al Riachuelo”. Sin embargo, la decisión oficial está tomada y ayer Picolotti hizo saber que se “se libró la orden de desalojo” contra la empresa Orvol, una de las que se resisten al traslado.
La audiencia convocada por la Corte se realizará a las 12, en el 4° piso del Palacio de Justicia. Afuera, integrantes de asambleas vecinales y de organizaciones ambientalistas harán una protesta frente a Tribunales: llevarán dos tambores con agua del Riachuelo, para denunciar que no se han realizado las obras anunciadas por las autoridades.
En el encuentro estarán presentes además el ministro de Medio Ambiente porteño, Marcelo Vensentini, y la subsecretaria de Política Ambiental de la provincia, Silvia Suárez Arocena. También participará el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. La audiencia se realiza en el marco de la causa judicial iniciada por un grupo de vecinos, afectados por la contaminación en la zona. La causa está caratulada “Mendoza Beatriz Silvia y otros, contra Estado Nacional y otros, sobre daños y perjuicios. Contaminación ambiental del Río Matanza-Riachuelo”.
La Corte citó el 6 de febrero a representantes de los estados nacional, bonaerense y porteño para que informen sobre las “medidas de toda naturaleza, adoptadas y cumplidas hasta la fecha en materia de prevención, recomposición y auditoría ambiental”, sugeridas en el plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que presentaron ante la Corte el 5 de septiembre último.
Picolotti suscribió un convenio con el Ministerio de Salud, sobre asistencia y cooperación recíproca en el marco de la Autoridad de Cuenca del Matanza-Riachuelo (Acumar). El acuerdo tiene como objetivo la coordinación y adopción de acciones y programas sanitarios en el ámbito de la cuenca: compromete a la Acumar a impulsar y ejecutar actividades tendientes a identificar focos de acción en materia sanitaria en la zona, mientras que Salud deberá realizar estudios y acciones orientadas a identificar daños en la salud de la población y los factores de riesgo vinculados con la problemática ambiental de la cuenca.
Los máximos representantes de las áreas de Educación y Medio Ambiente de las tres jurisdicciones conformaron además la Mesa de Coordinación de Políticas de Educación Ambiental de la cuenca. La misión de ese organismo será diseñar, desarrollar y evaluar políticas para la formación ambiental en las escuelas de cada jurisdicción.
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